El máximo órgano judicial de la ONU ordena al Gobierno de Aung San Suu Kyi que ampare a esta minoría musulmana
ISABEL FERRER. EL PAÍS.- El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha dictado este jueves por unanimidad medidas cautelares para proteger a la comunidad rohinyá de Myanmar de un posible genocidio, y conservar las pruebas que puedan demostrarlo. Más de 730.000 miembros de esta minoría musulmana, asentados en suelo birmano, han escapado hacia Bangladés desde 2017 huyendo de la violencia, y los jueces de la ONU han ordenado al Gobierno liderado por Aung San Suu Kyi que les ampare. Solo así podrán investigarse los supuestos crímenes cometidos contra ellos. El TIJ resuelve litigios entre Estados, pero este caso ha sido presentado por Gambia alegando que Myanmar ha cometido un genocidio contra los rohinyás. Ha invocado para ello la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), firmada por ambos.
A ojos de los jueces, “los rohinyá cumplen los requisitos de las minorías consideradas protegidas por la Convención”, y concluyen que “están desprotegidos en Myanmar y corren un peligro real e inminente de ser víctimas de un genocidio”. Como Myanmar está obligada a prevenirlo, “debe adoptar las siguientes medidas: evitar la muerte de los miembros de esta comunidad en su territorio, y que se atente contra su salud mental y física, o se destruyan sus bienes; asegurarse de que el Ejército birmano, fuerzas paramilitares u otras, no conspiran, intentan o cometen genocidio; conservar todas las pruebas que puedan corroborarlo, y presentar dentro de cuatro meses un informe que muestre la aplicación de las medidas en defensa de los rohinyás, que será elevado al TIJ y a Gambia”, ha dicho Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente de la corte.
El TIJ no ha abordado aún el fondo de caso, que puede tardar años en resolverse, de ahí la importancia de estas medidas provisionales, que obligan a Myanmar a detener de inmediato la violencia contra los rohinyás. En particular, en el Estado de Rajine, que limita con Bangladés, y donde se origina el éxodo de la minoría, perseguida por la policía birmana. Según las alegaciones de Gambia, “han sido víctimas de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como la quema de sus poblados, a menudo con la gente dentro de la casa en llamas, en una profunda campaña de deshumanización”. Myanmar niega “cualquier intención genocida”, pero el juez Ahmed Yusuf ha afirmado que “todas las partes firmantes de la Convención están obligadas a prevenir el genocidio, y el TIJ tiene jurisdicción para evitar daños irreparables en el seno de la minoría amenazada”. Por otra parte, el informe presentado por una comisión investigadora de la ONU en 2019, y citado luego por la Asamblea General de la organización, “concluye que hubo persecución sistemática y violencia contra los rohinyá, entre 2016 y 2017 e intento genocida”, y por eso, el tribunal opina que los rohinyá “son muy vulnerables” en territorio birmano.
Poco antes de conocerse la decisión judicial, más de un centenar de organizaciones humanitarias y civiles internacionales publicaron un comunicado donde abogaban por “esclarecer la verdad de lo hechos y que se ponga fin a la impunidad de los abusos en ese país (…) en un caso que señala a los responsables de usar el poder político y la fuerza militar, y no contra el pueblo de Myanmar”, según aclaran.
Las medidas dictadas por el Tribunal, que es el principal órgano judicial de la ONU, suponen un duro revés contra el liderazgo de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991, y consejera de Estado de Myanmar. Ella acudió a La Haya, sede de la corte, el pasado diciembre y rechazó la acusación de genocidio contra los rohinyá diciendo que se trataba “de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo” en su país. La política, de 73 años, llegó al poder en 2016 tras un largo periodo de disidencia marcado por su arresto domiciliario. Hoy es la líder de hecho del Gobierno que representa, pese a que el Ejército birmano mantiene un cuarto de los escaños parlamentarios. De ahí que hiciera hincapié “en nuestro derecho a resolver los problemas sin injerencias externas como en cualquier otro lugar”. Si bien admitió que pudieron cometerse crímenes de guerra contra los rohinyás, en unas declaraciones recién publicadas por el rotativo Financial Times, asegura que “los refugiados en Bangladés han exagerado los hechos, y Myanmar sufre las acusaciones sin pruebas de organizaciones humanitarias y de los investigadores de la ONU”.
Myanmar es un país de mayoría budista que considera a los rohinyás como un grupo bengalí originario de la vecina Bangladés, aunque lleven generaciones asentados en suelo birmano. Sus miembros carecen de derecho a la ciudadanía desde 1982, de forma que no tienen Estado, y tampoco derecho a la educación, salud o de movimiento.
