El partido de Abascal impide declaraciones institucionales unitarias por primera vez desde 2004 en autonomías y ayuntamientos
RAFAEL J. ÁLVAREZ. EL MUNDO.- Parlamentos autonómicos de Andalucía, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Melilla… Ayuntamientos y diputaciones de Zaragoza, Granada, Guadalajara, Elche, Getafe, Madrid, Palencia… En todas esas instituciones, Vox boicoteó este lunes el histórico consenso institucional contra la violencia de género.
Espacios constitucionales de representación, donde cada 25 de noviembre -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- se analiza y denuncia unánimemente la violencia machista como hecho estructural, tuvieron que callar como institución. Y lo hicieron el mismo día en que el último crimen de género elevaba a 52 las mujeres asesinadas en lo que va de año y a 1.028 desde que se contabilizan (2003) en España.
El negacionismo de Vox al concepto de violencia de género impidió las declaraciones oficiales, que en muchos lugares precisan de unanimidad. A veces bastó una sola persona, como por ejemplo en el Ayuntamiento ibicenco de Sant Josep, para la amputación institucional. Allí, la concejal de Vox, Pino Vidal, que hace unos meses dijo que los talleres de identidad sexual «invitan a la homosexualización», tiró del manifiesto de la dirección nacional de su partido para pedir la derogación de las leyes que «criminalizan al hombre».
La estrategia de la formación de Santiago Abascal fue acaparar protagonismo mediático y político frente a un consenso que se remonta a 2004. Aquel año, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Integral Contra la Violencia de Género (LIVG), una norma que fue avalada por el Tribunal Constitucional y que inspiró posicionamientos políticos unitarios. Hasta este lunes.
25-N DE 2019, EL DÍA DE LA GRIETA POLÍTICA
Porque este 25-N pasará a la historia reciente como el de la grieta política contra la violencia machista. Vox rechazó el comunicado del Parlamento andaluz aduciendo que la LIVG es una «herramienta ideológica para confrontar a hombres con mujeres»; hay «campañas propagandísticas que criminalizan al varón».
Por primera vez en 11 años, el Parlamento balear no aprobó la declaración solemne contra la violencia machista. «Hay tribunales especiales contra hombres heterosexuales», dijo la diputada de Vox Idoia Ribas.PUBLICIDAD
La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, se negó a suscribir una moción que sostiene que la violencia de género «es una violación de los derechos humanos que, como recuerda la ONU, sufre una de cada tres mujeres en el mundo (…) Quienes pretenden diluirla en otros tipos de violencia familiar de muy distinta naturaleza y que encuentran su correspondiente sanción en el Código Penal, hacen un flaco favor a las víctimas».
En el Parlamento de Murcia -donde gobierna el tripartito PP, Ciudadanos y Vox-, la diputada de Vox Isabel Campuzano leyó un manifiesto al margen de la Cámara que dice que la LIVG «colectiviza y victimiza a la mujer».
Cristóbal Palacio y Armando Blanco, los dos únicos diputados de Vox en el Parlamento de Cantabria, impidieron una declaración que apela a «construir una sociedad más igualitaria y menos violenta». El presidente de la Cámara, Joaquín Gómez, fue claro: «Este lunes no podré leer la declaración en la sesión plenaria porque no hay unanimidad». Es la primera vez que ocurre.
«ES EL NEOMACHISMO»
La presencia de Vox hizo también imposible un texto conjunto del Ayuntamiento de Elche que pedía «tolerancia cero con el maltratador». Ni el de Guadalajara, porque, según Vox, «hay dinero público para criminalizar al hombre». Ni el de Melilla, donde Vox frenó un texto conjunto en un Pleno «lamentable», según la socialista Elena Treviño. «Es el neomachismo. O el machismo de toda la vida en versión moderna».
Aunque en la mayoría de lugares donde el PP y Ciudadanos comparten poder o votos con Vox, los dos primeros partidos se desmarcaron del tercero; en algunos ayuntamientos firmaron lo mismo. En El Espinar (Segovia), los tres suscribieron un texto que pide la derogación de la LIVG por ser una «herramienta ideológica» y «criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos». Ciudadanos anunció un expediente a su concejal y, poco después, se anunció la retirada del texto.
Y también es la primera desde 2005 en Madrid. Ni en el ayuntamiento -donde el PP ostenta la alcaldía y Ciudadanos la vicealcaldía con los votos de Vox-, ni en la Comunidad -donde ocurre lo mismo- pudieron leer un manifiesto de condena a la violencia de género. Lejos de eso, el portavoz en la ayuntamiento, Javier Ortega Smith, negó la especificidad de la violencia machista y repitió la idea de que no se ayuda a las víctimas, sino a las asociaciones «ideologizadas».
La presidenta de un colectivo de supervivientes, Nadia Otmandi, que vive en silla de ruedas por las balas que le disparó su cuñado cuando ella intentaba defender a su hermana, le reprochó el discurso y Ortega no le dirigió la mirada. A poca distancia de allí, la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, fue la única política invitada al acto institucional en rechazar una pulsera morada con el lema: «Stop Violencia de Género».
