Cree que la falta de medios adecuados en los centros de menores repercute en el aumento de las agresiones
EUROPA PRESS. DEIA.– Adán ha comparecido este lunes en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco para presentar la Memoria de Actividades de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al año 2018.
La máxima representante del ministerio público en Euskadi ha considerado «muy preocupante» el elevado número de expedientes de protección que hay que seguir incoando por situaciones «desvalimiento de menores y, en especial, expedientes de riesgo».
En este sentido, ha apuntado que las denuncias por acoso en el colegio no suelen llegar de los propios centros, y considera que es algo que «debe corregirse». «Somos conscientes de la dificultad de los profesores para percibirlo, pero nos preocupa cuando se han dado datos dentro del colegio, hay un inicio de comprobación, ésta se cierra y no llega o no aparece, incluso cuando la Fiscalía recibe la denuncia», ha manifestado.
AGRESIÓN SEXUAL O ABUSOS
También ha aludido a los delitos de agresión o abusos a menores, y ha considerado que, cuando hay noticia de estos delitos, se compruebe mediante los medios tecnológicos de visionado. «Estos delitos los consideramos muy graves y tienen que ser investigados con todas las medidas necesarias para ellos», ha manifestado.
Aunque entiende que haya una discusión procesal sobre ello, cree que ésta debe ser resuelta «rápidamente». «En todo caso, nuestra postura es que deben adoptarse las medidas que la Ley permite para investigar, como las tecnológicas», ha indicado.
LOS CENTROS DE MENORES
Además, ha recordado que las tres fiscales de menores de la Comunidad Autónoma coinciden en plantearse «si es conveniente o no la existencia de centros o no, donde se coloca a menores que provienen de otros centros en los que no se pueden adaptar».
«La mezcla de problemáticas y las consecuencias de ello, hace necesario plantearse si no pueden ser mejor centros más pequeños y más adecuados a la cada problemática, aunque es evidente que ésta es una cuestión valorativa que no nos corresponde tomar», ha añadido.
A su juicio, es el ámbito administrativo, «que tiene la función de proteger a estos menores y de darles centros adecuados, el que tendrá que hacer una reflexión sobre esta materia».
MENAS
Asimismo, ha aludido al tema concreto de los menores extranjeros no acompañados, Menas, para reiterar que, «cuando la cobertura de medios no es adecuada, cuando los centros no dan el tratamiento suficiente, se producen delitos en esos centros de protección, delitos de daños materiales y de agresiones personales, entre los propios menores y a los educadores».
Tras reconocer «el esfuerzo» de las entidades públicas, de las diputaciones para solucionar las situaciones con unos centros, ha señalado que la Memoria de la Fiscalía no puede dejar de llamar la atención que ha aumentado el número de agresiones a los educadores, que dan lugar a la incoación de procedimientos».
«Todos los fiscales rechazamos cualquier intento de criminalización de menores extranjeros, pero ni podemos ocultar la realidad de lo que las tres fiscalías perciben, ni podemos dejar de dar respuesta a los delitos de cometidos por menores, sean extranjeros o no», ha añadido.
Según ha apuntado, los fiscales no saben qué «respuesta ha de darse a esa realidad», como la creación de nuevos centros en Euskadi, coordinarse con otros territorios o avanzar en programas de integración diferentes o, en el caso de las agresiones (como a maestros o sanitarios) agravando la acción de este tipo de agresiones».
Carmen Adán ha insistido en que no tiene la respuesta, pero «el problema es lo suficientemente complejo para que no pueda ser abordado desde una única perspectiva».
LA EDAD DE LOS MENAS
Durante su intervención en comisión, ha lamentado que la Fiscalía «siga cubriendo la falta de una regulación y de un órgano administrativo que asuma la determinación de edad» de los Menas. «En otros países, lo lleva un organismo administrativo. En España lo ha asumido la Fiscalía porque no hay quien lo determine», ha añadido.
Asimismo, ha asegurado que el tratamiento del ministerio público es dar prioridad a la consideración de que son menores frente a la de que son extranjeros. «Nuestra preocupación es lograr un equilibrio adecuado entre una determinación de edad fiable y que no aparezcan en los centros de menores personas que en realidad son mayores, con el consiguiente riesgo para menores», ha insistido.
