Una treintena de familias quiere recuperar a sus antepasados, víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. Hay 13 expedientes aprobados a la espera de que se confirme la viabilidad de las exhumaciones
JAIME GUTIÉRREZ. RTVE.- La salida de Franco del Valle de los Caídos, que ha enfrentado al Gobierno y a la familia del dictador, es un hito hacia la resignificación del Valle de los Caídos, pero, para los familiares de algunas de las 33.833 víctimas de ambos bandos que yacen en las criptas de la abadía de la Santa Cruz, solo debe ser un paso más en el proceso que les permita recuperar a sus seres queridos y dignificar su recuerdo.
Una treintena de hijos, nietos y sobrinos de víctimas de la Guerra Civil ha dado pasos lentos para recuperar los cuerpos de sus antepasados, que yacen junto a los del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Aunque hay 13 expedientes de exhumación aprobados, por el momento ninguno se ha llevado a cabo a la espera de un informe global de viabilidad forense y arquitectónica.
“En 2008 descubrimos que el tío de mi madre no estaba en la fosa común en la que se suponía que estaba”, explica a RTVE.es la presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), Silvia Navarro. Ella encontró el nombre de su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, un industrial republicano y masón secuestrado por las tropas sublevadas en Calatayud (Zaragoza), en la lista de más de 143.000 víctimas que en aquel año recibió el entonces juez Baltasar Garzón.
“Se los llevaron de forma ilegal, sin el conocimiento ni el consentimiento de los familiares
Poco después, y tras comprobar que en el registro del cementerio de Calatayud “habían arrancado las hojas” donde constaba el enterramiento de su antepasado, descubrió, con ayuda de un historiador, que los restos de su familiar habían sido trasladados al Valle de los Caídos. “Se los llevaron de forma ilegal, sin el conocimiento ni el consentimiento de los familiares”, explica Navarro.
La búsqueda del abuelo de Rosa Gil, el zapador soriano reclutado por el bando rebelde Pedro Gil Calonge, comenzó unos años antes por el deseo del padre de Rosa de conocer más acerca de su progenitor. “Mi abuelo estaba casado, tenía un hijo de un año y su mujer estaba embarazada”, cuenta Gil, que lamenta que su final llegara en 1937 cuando “una bala perdida le alcanzó la cabeza”. “No sabemos qué ideas políticas tenía, a él le tocó allí”, explica, al tiempo que recuerda que para su familia siempre ha sido “una gran desgracia, porque era una persona joven y muy querida”.
¿Cómo llegaron 33.833 cuerpos al Valle de los Caídos?
El dolor nunca ha entendido de bandos. Tampoco en el caso de las 33.833 personas que hay enterradas en el Valle de los Caídos, según los registros oficiales del Ministerio de Justicia. De todas ellas, 12.410 no están identificadas y, aunque existe la idea común de que todas las desconocidas son republicanas, eso no es así, recuerda el antropólogo social del CSIC, Francisco Ferrándiz.
El traslado de las víctimas comenzó en el año 1959 y terminó siete años después de la muerte de Franco, en 1983, con el traslado de los restos de Juan Álvarez, alcalde de Vilafranca del Penedès (Barcelona), por expreso deseo de la familia. Entre estos años se realizaron un total de 491 traslados de restos en columbarios, cajas de madera, individuales o colectivas, forradas de tela negra y con la inscripción del lugar de origen del enterramiento.
Unos envíos contaron con la autorización de los familiares, pero otros no. El principal se produjo en 1959, con el traslado de 11.329 cuerpos. Sin embargo, ante la incapacidad de hacer llegar más restos, Franco, cuyo objetivo inicial para el Valle era honrar la memoria de los caídos que lucharon a su lado en la Guerra Civil, decidió en 1960 que las sepulturas donadas por el Estado a los caídos en la contienda dejaran de ser gratuitas, algo que estimuló los traslados durante ese año y el siguiente. Después, y tras redefinir el objetivo del monumento para “abrazar” a todos los caídos de ambos bandos, se procedió a la apertura de fosas comunes.
En total, según los datos de la web de memoria histórica del Ministerio de Justicia, fueron 500 las fosas que se abrieron para ser trasladadas al Valle, donde hay restos procedentes de toda la geografía española salvo A Coruña, Ourense y Santa Cruz de Tenerife.
Un total de 10.327 cuerpos proceden de Aragón, 8.931 de Madrid, 6.281 de Cataluña, 2.456 de Asturias, las comunidades autónomas de donde más restos se trasladaron. Les sigue la Comunidad Valenciana, con 1.971 cuerpos trasladados, Castilla-La Mancha (1.213), y País Vasco (1.068), cuyo Parlamento ha solicitado una investigación “exhaustiva” y el traslado de los restos si las familias lo quieren y se dan “las condiciones técnicas que lo hagan posible”. En el Valle de los Caídos hay enterradas 203 mujeres.
A excecepción de los restos de Primo de Rivera, que ocupan un lugar destacado frente al altar –criticado por las asociaciones de memoria histórica que abogan por resignificar el monumento-, los restos de las víctimas se colocaron en las criptas construidas detrás de las seis capillas que hay a lo largo de la nave central de la basílica del Valle de los Caídos, aunque dos de ellas están vacías por traslados internos realizados en los años 90 a causa de la humedad y por la exhumación de 133 cuerpos gracias a los esfuerzos de una mancomunidad y de la iglesia navarra una década antes. Los restos están distribuidos en tres niveles por cada cripta. Además, en otras dos cavidades construidas a ambos lados del final del crucero donde la altura es mayor, los restos se reparten en cinco niveles a cada lado.
Dificultades legales y choque con los benedictinos
Localizados los restos de sus familiares en el Valle, tanto Gil como Navarro acudieron al lugar para reclamarlos. Sin embargo, mientras la primera solo contactó con Patrimonio Nacional, la segunda también lo hizo con la abadía de monjes benedictinos que habita en el Valle gracias de una concesión estatal.
“Nosotros teníamos un trato educado con el abad anterior, fray Anselmo Álvarez”, asegura Navarro, que explica que, cuando él decide retirarse y ocupa su lugar, como prior administrador,Santiago Cantera, este “se opuso a las exhumaciones de nuestros familiares”. “Entre 2012 y 2013 intentamos contactar con él con la mediación de Patrimonio Nacional y del arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, pero en ningún momento se nos quiso recibir”, recuerda.
Como ha ocurrido con la exhumación de Franco, las reticencias de la abadía, que es responsable de la custodia de la basílica, no ha facilitado las exhumaciones. Sin embargo, existe una diferencia. Al contrario de los restos del dictador, “que fueron entregados a los monjes por el Estado representado en la figura del rey Juan Carlos I, la ley de memoria histórica estableció que todo lo que son las criptas están sometidos a la legislación de cementerio público”, recuerda el politólogo y teólogo Carlos García de Andoin, que formó parte de la comisión de expertos que en 2011 propuso la resignificación del Valle de los Caídos.
“La ley de memoria histórica se queda corta y privatiza el derecho a reclamar
“La ley de memoria histórica se queda corta y privatiza el derecho a reclamar”, protesta Navarro, que explica que, de acuerdo con el texto aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, los restos solo pueden ser reclamados por las familias a título individual. No cabe una acción colectiva y, recuerda la presidenta de AFPERV, “hay familias que ya no pueden hacerlo”.
“En nuestra asociación representamos a 11 familias y recibimos consultas todos los meses, pero es un proceso muy difícil y hasta ahora el Estado no ha ayudado nada”, asegura Navarro. Aún así, los casos siguen apareciendo y en junio de 2019 una familia valenciana decidió iniciar el proceso para exhumar a uno de sus familiares del Valle.
El hito judicial de los hermanos Lapeña
Tras casi una década de búsqueda y esfuerzos por recuperar los cuerpos, el éxito judicial en 2016 de las nietas de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, fusilados republicanos aragoneses trasladados al Valle sin el consentimiento de sus seres queridos en abril de 1959, marca un antes y un después para las familias embarcadas en el proceso.
En marzo de aquel año, con la ayuda del abogado Eduardo Ranz, los Lapeña consiguieron que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial autorizase la exhumación de los restos de sus familiares, que aún no se ha producido, amparándose en el procedimiento de jurisdicción voluntaria y su adecuación al procedimiento de «perpetua memoria» recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 1881.
“Para mí fue fundamental el hecho de la sentencia de los Lapeña, porque ese era el abogado con el que teníamos que contactar”, asegura Gil al explicar su decisión de judicializar el caso de su abuelo. Sin embargo, el caso de los Lapeña tuvo una particularidad que ha impedido que el resto sigan esta vía: el proceso se inició en 2014 y se resolvió en 2016, pero en medio, en julio de 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió derogar el articulado de la LEC.
“Esa vía se cerró por completo y la única opción era que Patrimonio Nacional [el organismo estatal responsable del Valle de los Caídos] reconociera el derecho a realizar las exhumaciones por la vía civil”, explica Navarro, que recuerda que, aunque tampoco se ha hecho efectivo, este camino ya ha sido válido para autorizar las exhumaciones, entre otros, del asturiano prisionero de guerra republicano Aquilino Baragaño, del soldado malagueño reclutado por el bando sublevado, Juan González Moreno, y del abuelo de Rosa, Pedro Gil Calonge.
“Patrimonio nos dio un certificado que dice que tenemos derecho a exhumar los restos del abuelo
“El 25 de abril de 2017, Patrimonio Nacional nos dio un certificado que dice que tenemos derecho a exhumar los restos del abuelo si es factible tanto a nivel forense como a nivel arquitectónico”, explica Gil. Además, por primera vez se les tomaron muestras de ADN para certificar la identidad de las víctimas.
Pendientes de la viabilidad de las exhumaciones
«Recuperar los restos de mi abuelo es fácil”, asegura Gil. A nivel arquitectónico, el CSIC -a través del Instituto Eduardo Torroja- ha evaluado las criptas que los familiares visitaron en marzo, acompañados del médico forense Francisco Etxeberría. «Dijo que era posible y factible; es laborioso, pero se puede hacer”, insiste. A las obras de acceso les siguió un estudio del Consejo Médico Forense sobre el procedimiento para localizar, identificar y exhumar los restos que puso de manifiesto las dificultades de un procedimiento que obliga a mover más de 700 cajas con cuerpos.
“La cuestión no es sí o no a las exhumaciones, sino cómo se exhuman”, explica el abogado de las familias, Eduardo Ranz. Como no todos los restos reclamados están en la misma cripta, esperan un informe global sobre la estructura del Valle de los Caídos para conocer la viabilidad de las mismas, que implicaría, según el letrado, contar con la autorización de la abadía para cerrar la capilla y garantizar un espacio de trabajo amplio mientras dure el proceso.
“Queremos cerrar un ciclo y una herida
“Estamos a la espera”, asegura Gil, cuyo padre, que inició la búsqueda hace 12 años, ha cumplido ya 83. “En la familia queremos cerrar un ciclo y una herida, porque seguimos con ese duelo y ese dolor”, afirma Gil, que asegura que le gustaría que su padre lo viera.
«Es una cuestión de máxima urgencia y no debería depender de un gobierno u otro”, asegura la presidenta de AFPERV, Siliva Navarro, que todavía espera a que Patrimonio Nacional le reconozca el derecho de recuperar los restos de su abuelo. “Es urgentísimo”, insiste, entre otras cosas, “porque se nos mueren los familiares”.
