Salen huyendo de situaciones de pesadilla para poner a salvo la propia vida, pero se encuentran con que Melilla y Ceuta no son lugares seguros»Nos pegaban cuando salíamos. Después nos quejábamos al guardia, pero él nos decía que no podía hacer nada si nos agredían fuera”, dice Mara, una chica trans de 26 años
MARÍA F. SÁNCHEZ. EL PAÍS.- En buena parte del mundo ser LGTB significa estar en peligro. Actualmente pertenecer al colectivo está penado con cárcel en 70 países –30 de ellos en África– y en 11 de ellos con pena de muerte. España, país garante de derechos en este sentido, es uno de los lugares donde buscan refugio las personas solicitantes de asilo por orientación sexual y/o identidad de género. Salen huyendo de situaciones de pesadilla para poner a salvo la propia vida, pero se encuentran con que Melilla y Ceuta no son lugares seguros para ellos y ellas. Durante su paso por los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a menudo son víctimas de insultos y agresiones a manos de sus propios compañeros, por lo que el calvario no acaba cuando llegan a Europa.
“Sufrí mucho”, cuanta Mara (nombre ficticio para proteger su identidad) sobre su estancia en el CETI de Ceuta. Esta joven trans de 26 años explica que salió huyendo de Marruecos porque un tío suyo la “violentó” sexualmente, lo contó a su familia y sus propios primos la persiguieron para matarla. Llegó a España buscando un lugar seguro para vivir, pero en el centro para inmigrantes se encontró con que sus propios compañeros, muchos magrebíes, arremetían contra ella y otros compañeros LGBTIQ. “La gente nos insultaba, nos decían ‘maricones’ o ‘al fuego‘», relata.
Mara explica que llegó en 2017 al CETI de Ceuta, donde solicitó protección internacional. Pasó allí un año y un mes esperando la autorización de Extranjería (Ministerio del Interior) para poder marchar a la Península. Relata que sufrió entre tres y cuatro incidentes violentos, uno de ellos en la cola del comedor del centro, aunque recuerda pasar más miedo en el exterior, cuando salía por la ciudad. «Nos pegaban cuando salíamos. Después nos quejábamos al guardia, pero él nos decía que no podía hacer nada si nos agredían fuera del centro”, añade. El pasado mes de enero Mara consiguió el estatus de refugiada y ahora vive en Madrid, donde se forma como cocinera, mientras recibe un tratamiento hormonal en el Hospital Ramón y Cajal. Quiere olvidar el pasado y rehacer su vida.
Esa inseguridad y desprotección también la han experimentado Ahmed y Ali (seudónimos), una pareja de chicos gays de 25 años de Nador (Marruecos). Llegaron juntos a Melilla en búsqueda de derechos que no existen en su país, pero cuentan que se pasaron ocho meses en el CETI “en continuo estado de alerta”. No se sentían seguros ni dentro ni fuera del centro. Cuentan que sufrieron varios ataques, la mayoría al salir a la calle. Uno de ellos fue acuchillado en la mano e interpuso una denuncia ante la Policía. “En las comidas nadie nos acercaba, nos escupían. La única ayuda eran los vigilantes, que acudían y nos separaban, pero ellos también eran marroquíes que viven en Melilla”, comentan sobre la incompresión que encontraron. Hace cinco meses que salieron de allí y esperan a que se resuelva su solicitud de asilo.
No existen datos que reflejen estos delitos de odio. Para empezar, las estadísticas del Ministerio del Interior no distinguen a los refugiados por el motivo de su solicitud, así que se desconoce cuántas peticiones se realizan al año por motivos de orientación sexual y/o de género. Sin embargo, asociaciones como Kif Kif y la Asociación Melillense de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (Amlega) calculan que cada vez son más. La primera organización explica que el año pasado atendió a 2.000 migrantes LGTBIQ de todo el mundo y este año calculan que acabarán atendiendo a más de 3.000. La organización melillense cifra entre 50 o 70 las personas del colectivo que llegan a la ciudad autónoma al año, habiéndose incrementado la llegada de mujeres trans procedentes de Marruecos.
Desde Kif Kif, con sede en Madrid, atienden a las personas LGTBIQ de todo el mundo que piden asilo en España. Explican que los incidentes que han sufrido Mara, Ahmed o Ali es algo que relatan prácticamente todas personas del colectivo que han pasado por los CETI. «Al final son personas LGTB en un entorno que es LGTBIfóbico. Las personas que se encuentran allí no están sensibilizadas, muchas veces al contrario. Ellos tampoco tienen conocimiento de la legislación ni saben que pueden denunciar delitos de odio en España. El conocimiento que tiene una persona solicitante de asilo sobre la legislación del país al que llega es limitado», explica Khadija Afkir, del Área Social de Kif Kif.
Ceuta y Melilla, un espejismo en la travesía
Hace unos tres años que Amlega acompaña a personas que han sido víctimas de delitos de odio, sobre todo en las inmediaciones del CETI, para tratar de romper las trabas comunicativas y los obstáculos que encuentran a la hora de formalizar una denuncia. «Nos encontramos con que si no les acompañábamos las barreras para interponer una denuncia eran claras, a pesar de que dentro de las instalaciones policiales hay un servicio de traducción», indica Rafael Robles, de la asociación Amlega. «También nos encargamos de que quedara reflejado que eran víctimas de delitos de odio, ya que muchas veces ellos mismos, por vergüenza o miedo, no terminaban de aclararlo», añade.
A Amlega el año pasado llegaron ocho casos de delitos de odio. Quizás no sean muchas denuncias -subrayan que aun existe miedo o desconocimiento a la hora de denunciar-, pero sí tienen conocimiento de que los incidentes se siguen produciendo. Calculan que los solicitantes de asilo pasan de media unos seis meses en el CETI de Ceuta, una estancia que se ha reducido en comparación con los últimos años, pero que, consideran, sigue siendo demasiado larga en una ciudad que no garantiza la seguridad del colectivo LGTBI. «Su estancia aquí está llena de problemas y dificultades, es innecesario impedirles circular libremente por el país siendo un grupo especialmente vulnerable dentro del asilo y el refugio».
La libre circulación de los solicitantes de asilo, impedida para quienes llegar a Melilla y Ceuta, es clave en esta problemática. En 2017 el Defensor del Pueblo pidió «prioridad» para el colectivo LGTBIQ en los CETI a la hora de permitir su traslado a la Península. Para ello se basó en la condición de especial vulnerabilidad que ACNUR le confiere a las personas LGTBI en su proceso de solicitud de refugio y en las particularidades que revisten las ciudades autónomas. Más allá de esta llamada de atención, varios Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) han fallado a favor de permitir la libre circulación de los solicitantes de asilo en España, acorde a la legalidad internacional, y se espera que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia sobre esta cuestión.
El director del CETI de Ceuta, José Durán, que ha atendido a este medio, reconoce que los solicitantes de asilo deben esperar desde cuatro meses y hasta un año para recibir la autorización que les permita desplazarse a la Península. Respecto a la situación particular del colectivo LGTBI en el centro que dirige, comenta: «Llegan a España y se encuentran con que los problemas que tenían se trasladan aquí porque hay gente de su mismo país que, por otras causas, están buscando protección internacional». Sin embargo, asegura que no tiene conocimiento de que se hayan producido agresiones dentro del centro y subraya la labor del CETI y de las ONG con las que se coordinan para inculcar valores de tolerancia y respeto de manera que «la convivencia se dé con normalidad».
