La empresa Clece ganó la licitación de Patrimonio Nacional y subcontrató a Integra, un centro especial de empleo, para cubrir los puestos de auxiliar de sala. Varios trabajadores denuncian condiciones abusivas
BERTA FERRERO. EL PAÍS.- Los trabajadores discapacitados de la empresa Integra, subcontrata de Clece, que a su vez pertenece a ACS, realizan largas jornadas laborales como asistentes de sala en el Palacio Real, por encima de lo establecido en sus contratos. En algunos casos, hay empleados que han trabajado durante un total de 243 horas en un mes, como consta en su planillo de trabajo. Otros firman su contrato cuando se les entrega el finiquito y son despedidos. La empresa sostiene que las largas jornadas son consecuencia del horario de verano y luego se compensan con el de invierno, que es dos horas más corto. EL PAÍS verificó cómo la jornada laboral de los trabajadores se extendía desde las 9.00 hasta las 20.00 horas. Integra cuenta con 61 trabajadores en el Palacio Real.
“La ilusión que tenía yo cuando supe que iba a trabajar en el Palacio Real no la sabe nadie”. Casi tres meses después de que Susana se enfundara su uniforme, ensayara su mejor sonrisa y pusiera sus pies dentro de ese imponente edificio situado en Ópera y construido por orden de Felipe V es “como mínimo, decepcionante”. A ella, 51 años, no le importa enseñar su historia médica donde aparecen bien claras sus tres discapacidades diagnosticadas: física, psíquica y sensorial, un 33% de cada una. Por eso fue contratada por Integra, un centro especial de empleo (especializado en personas con discapacidad), que le dio trabajo el 1 de julio para vigilar las salas de palacio abiertas a los visitantes. Tras un mes y medio “infernal” y acabar cada día “con la espalda como un ocho” fue despedida. Ahora forma parte de los 16 compañeros que se han unido para sacar a la luz un secreto a voces dentro de esos muros del siglo XVIII: condiciones laborales abusivas, exceso de horas, escasos descansos y contratos que se firman en el momento en el que son despedidos. La empresa justifica sus horarios, aunque admite que en verano vivieron “un proceso de ajuste” que tienen que solucionar ahora.
Susana, nombre ficticio por miedo a acabar en una “lista negra de personas que dan problemas”, sufrió un infarto cerebral a los 23 años que le provocó una hemiplejia del lado derecho. Acababa de terminar la carrera de Periodismo en la Complutense de Madrid y su vida cambió radicalmente. Camina con la espalda doblada sobre el pecho, tiene movilidad reducida y padece el síndrome antifosfolípido primario. Lo que no aparece en su historial médico es una voluntad de hierro para salir adelante y unas ganas titánicas por defender sus derechos: “Necesito trabajar, me gusta sentirme útil. Lo único que pedimos es que nos traten con dignidad y que los puestos se adapten a nuestras condiciones”.
Lo que piden Susana y sus compañeros no es ningún privilegio. Según especifica el real decreto 1/2013 de 29 de noviembre que contiene el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, un centro especial de empleo debe reunir unas características claras: el 70% de la plantilla, como mínimo, debe estar formada por trabajadores que tengan, al menos, un 33% de discapacidad. Su finalidad debe ser la de garantizar un trabajo remunerado a sus empleados, facilitando su inserción en el mercado laboral. Y debe proporcionar a sus trabajadores los llamados servicios de ajuste personal y social (Saps). Estos servicios consisten en eliminar las barreras arquitectónicas dentro de las instalaciones de la empresa o en proporcionar a sus empleados todos los medios para una adecuada inclusión social.
Cuando Susana cobró la nómina de julio se sorprendió: 545 euros por casi 200 horas de trabajo en un mes: “Flipé en colores. Me habían dicho que rondaría los 800”. Luego, fue despedida.
Lo que a Susana le dijeron en la entrevista de trabajo no tenía nada que ver con lo que vio reflejado en su nómina. Lo mismo les pasa a sus compañeros que también han sido despedidos: se han enterado de las condiciones reales una vez han firmado el finiquito, momento en el que, cuenta, la empresa les ha mostrado por primera vez su contrato para que lo firmara.
“A ellos les quedan claras las condiciones cuando se les hace la entrevista de trabajo porque yo me encargo de eso. Y luego, además, se lo he explicado varias veces por mail”, defiende Alejandra López de Segredo, la encargada en Integra del personal de palacio. Un directivo de la empresa admite sin embargo que el hecho de que los trabajadores firmen el contrato a la vez que el finiquito es “claramente irregular”. “Pero se incorporaron”, continúa, “unas 300 o 400 personas en verano y se formó un tapón, por lo que es posible que los contratos no se firmaran cuando correspondía”. “Es algo que tendremos que solucionar y que es circunstancial”.
Marco, 35 años, no piensa lo mismo. Él forma parte del 30% de los trabajadores de la empresa que no tiene ninguna discapacidad y trabaja en el Palacio Real desde el 15 de julio. “Hace tres días” le llamaron para que firmara su contrato. “Y cuál fue mi sorpresa que encima me dan a firmar que me han dado un curso de riesgos laborales que obviamente no me han dado y lo que es peor, me obligaban a poner que había firmado mi contrato en julio. Me rebelé, dije que quería que constara que lo estaba firmando ahora y se negaron, me dijeron que les daba igual si no firmaba. Así que puse ‘no conforme’. Porque, además, pone que estoy haciendo un horario que no se corresponde con la realidad”.
Compensar jornadas
La jornada de verano más larga para los trabajadores de Integra empieza a las 9 de la mañana y termina a las 20.00, es decir, 11 horas diarias, y dura seis meses al año. Durante el día, tienen un descanso de 15 minutos por la mañana y otro por la tarde, además de otros 45 para comer. El horario de invierno —empieza en octubre y se extiende los seis meses restantes del año— cambia y se reduce dos horas diarias, hasta las 18.00. “De esa manera se compensan las horas trabajadas de más en verano, porque en invierno hacen menos. Está todo calculado en una hoja Excel. Además, hay dos días al mes que el palacio cierra y esos días no se trabaja”, explica López de Segredo. “Si una persona al final hace horas de más, se le pagan. Y si hace menos, pierde la empresa”, justifica.
Estos empleados muestran un perfil de enfermedades diverso. Esclerosis, fibromialgias, artrosis degenerativa, ictus —y sus secuelas—, hernias discales, desplazamientos de cadera o huesos cubiertos por titanio tras haber sido operados en varias ocasiones. Otros tienen una discapacidad psíquica, intelectual o sensorial, cada uno en un grado diferente. Todos, por lo general, son personas dispuestas. Complacientes. Amables y sonrientes con el visitante.
El Palacio Real cuenta con 61 trabajadores de Integra. Es fácil reconocerles, están bien uniformados: un pantalón azul, una camisa blanca y un lazo o corbata en el cuello. En el pecho, bien visible, el escudo de su empresa. Cada uno está situado entre una o dos dependencias del edificio. Se distribuyen entre la escalera principal, el salón de Alabarderos, la saleta de Carlos III o la antecámara de los Stradivarius. Así hasta llegar a las 23 salas, la cocina, la Real Armería o la exposición temporal. Un complejo bien pensado para que el turista compruebe de primera mano cómo vivían los reyes de antes y conozca los objetos que los acompañaban: cuadros, tapices, coronas o mesas reales.
Patrimonio Nacional sacó a concurso una licitación que ganó el pasado julio la empresa Clece, encargada de la seguridad. “Y como les pedimos que hubiera auxiliares de sala, esa empresa subcontrató a Integra”, cuentan fuentes de Patrimonio. Integra trabaja también en el Ministerio de Defensa, en la Universidad Rey Juan Carlos, en Ikea o en museos como el Naval o el del Ejército, en el Alcázar de Toledo. Ambas, Clece e Integra, pertenecen a ACS.
El trabajo de auxiliar de sala consiste en vigilar que los visitantes no se extralimiten: no se pueden tocar los objetos expuestos, pisar algunas zonas o hacer fotografías. Algunos, no todos, tienen una silla alta de madera en un rincón aunque, por lo general, permanecen de pie casi toda su jornada laboral. “Si te sientas no puedes estar pendiente de lo que te piden. A las cuatro horas, tenemos los riñones al jerez”, explica Matilde, 45 años, con un problema crónico en la vejiga por una enfermedad rara llamada cistitis intersticial, razón por la que le dieron la discapacidad. “Simplemente tengo que ir al baño las veces que haga falta, por prescripción médica, por lo demás puedo trabajar normal”. Sin embargo, asegura, esa condición no la tuvieron en cuenta y nadie la relevó cuando lo necesitó, pese a pedirlo insistentemente. “Al final me oriné encima. Me sentí humillada. ¿Cómo te crees que te sientes yéndote a casa oliendo mal?”. Matilde trabajó del 2 al 10 de julio. Después pidió una baja, de un día, “para descansar”. Cuando se iba a reincorporar, le mandaron un whatsapp: “Fui despedida sin explicación. ¿Pueden decir de verdad que no hacía bien mi trabajo?”.
DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Los 16 trabajadores de Integra se han unido por una causa común: que su queja llegue a lo más alto. Por eso decidieron no denunciar “de uno en uno y hacer piña”. “Muchos no quieren hablar por miedo a perder el trabajo. Y luego están las personas con discapacidad intelectual, que hacen con ellos lo que quieren. Les meten horas sin parar porque nunca se quejan”, cuenta Mariano, 46 años, con varias operaciones en un brazo y una pierna. “Esto me está provocando un estrés impresionante, he adelgazado seis kilos y estoy empastillado porque no duermo. Nos tratan como si estuviéramos en el ejército de élite”, se queja.
CC OO pondrá este viernes una denuncia a la inspección de trabajo por “todas las graves irregularidades detectadas y las pruebas recopiladas”, informó ayer la representante sindical Isabel Galvín.
