La Lista Conjunta exige la derogación de la legislación discriminatoria para apoyar un Gobierno alternativo
JUAN CARLOS SANZ. EL PAÍS.- La oposición israelí volvió a derrotar el miércoles a Benjamín Netanyahu en la Kneset (Parlamento) en vísperas de unos comicios. El proyecto de ley presentado por el primer ministro para autorizar la grabación con cámaras en los colegios electorales quedó definitivamente anulado por el pleno tras ausentarse todos los diputados opositores y privar al Gobierno de mayoría absoluta. En un gesto desafiante, Ayman Odeh, el líder de la Lista Conjunta de partidos árabes, se había acercado a Netanyahu antes de la fallida votación para grabarle de cerca con su móvil. “De repente, tiene un problema con las cámaras”, ironizó Odeh en Twitter después de ser expulsado del hemiciclo.
La llamada ley de las cámaras tenía como objetivo rebajar la participación en los colegios de las poblaciones con mayoría de población árabe, según denuncian los dirigentes políticos de esta comunidad. El gesto de desafío puso de relieve la advertencia que los líderes políticos árabes han lanzado al primer ministro. Al igual que hicieron en 1992 para permitir la investidura de Isaac Rabin como primer ministro, están dispuestos a bloquear a Netanyahu para impedir su reelección si suman suficientes escaños.
Lo explicaba Odeh poco después del incidente en la Kneset durante un encuentro con la prensa extranjera en el hotel King David de Jerusalén. “Para apoyar a un Gobierno alternativo exigiremos la derogación de la ley del Estado nación, que nos confirmó como ciudadanos de segunda clase”. La polémica normativa, de calado constitucional, estableció el verano pasado el carácter judío del Estado de Israel, al tiempo que declara el hebreo como única lengua oficial y relegaba el árabe.
La mayor parte de la oposición la considera una consagración de la discriminación a los árabes de origen palestino (un 20% de los cerca de nueve millones de israelíes), así como para los drusos (2%) y cristianos (2%). El reconocimiento de la igualdad entre todos los ciudadanos proclamada en la declaración de independencia de Israel no figura en la nueva ley fundamental del Estado.
Los ciudadanos árabes se consideran privados de su identidad, como palestinos que permanecieron dentro de Israel tras su creación en 1948, así como sus descendientes. La mitad de los hogares árabes israelíes se encuentran por debajo del umbral de pobreza, frente al 20% de los de familias judías. La tasa de desempleo masculina duplica a la nacional, por debajo de 5%, en tanto que el paro femenino árabe es tres veces superior.
Odeh, que representa al sector laico y progresista de las cuatro fuerzas que se integran en la Lista Conjunta, ha llegado a mostrarse partidario de formar parte de una coalición de Gobierno alternativa a Netanyahu. Ahmed Tibi, líder del ala nacionalista de la candidatura árabe, lo excluye. “Nuestro propósito es mejorar la situación de la comunidad árabe, pero como minoría nacional no podemos formar parte de un Gobierno que tome decisiones, como atacar la franja de Gaza, cuya responsabilidad no compartimos”, advirtió en una reciente comparecencia ante la prensa. “Aunque podremos ofrecer apoyo externo sin entrar en el Gabinete”.
La ley de las cámaras contemplaba una autorización genérica a los interventores para poder grabar imágenes y conversaciones de los miembros de las mesas electorales, de los representantes de los partidos y de los votantes en los colegios electorales y sus alrededores. Tras su paralización, apareció este anuncio en los mensaje de campaña difundidos en la página en Facebook del Likud, el partido liderado de Netanyahu: “Los árabes quieren destruirnos a todos [a los judíos israelíes], a nuestras mujeres, hombres y niños”.
Facebook ha suspendido este jueves los mensajes de la campaña electoral del Likud por violación de la política de la compañía sobre incitación al odio. Odeh dijo a través de Twitter que la Lista Conjunta había denunciado esta campaña del partido de Netanyahu. Una portavoz de la formación derechista citado por Efe alegó que “la publicación se debió al error de un empleado” que no contaba con autorización de la dirección.
