EFE. LA VANGUARDIA.- McCann, elegida en noviembre de 2016 y la primera mujer en la historia de Denver en ocupar ese puesto, busca así cumplir con una promesa hecha durante su campaña electoral: «Reformar un sistema judicial que trata injustamente a las personas afroamericanas e hispanas».
De hecho, en su primer discurso como fiscal de Denver en enero de 2017, McCann dijo que su oficina revisaría los cargos que los fiscales presentan, las sentencias que se recomiendan y los acuerdos a los que se llega con los acusados, porque «esos son los puntos en donde los prejuicios ocurren».
«Tenemos que pensar y hablar sobre este tema. Toda la discusión sobre racismo en este país es importante y penosa, particularmente para las personas de color. Es penoso para nosotros como fiscales hablar de esto. Pero hay esperanza», declaró McCann al anunciar el proyecto.
La Fiscalía de Denver presenta cada año unos 12.000 cargos formales por delitos menores y otros 7.000 cargos por delitos mayores.
Estos últimos serán revisados para determinar si existió «disparidad racial» al imponer sentencias o al ofrecer alternativas para evitar un proceso judicial.
Aunque el caso no será analizado, el pasado 29 de julio Darcel Harris presentó una demanda judicial contra la Fiscalía de Denver tras haber sido encarcelado por «estar extremadamente alcoholizado o drogado» al entrar a una barbería local, cuando en realidad renqueaba debido a una herida en su pierna derecha.
La iniciativa de McCann es parte de un proceso de reforma judicial que incluye obligar a los fiscales a estar presentes en la corte en la primera audiencia de los acusados, permitir que las personas queden libres sin pagar fianza (en ciertas condiciones), ofrecer alternativas a menores de 26 años para evitar la cárcel y contar con una corte sólo para militares veteranos.
La semana pasada, al hablar en una conferencia nacional de policías, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, declaró que los fiscales progresistas (como McCann) son «antipolicía» y «se niegan a realizar su trabajo».
Barr les acusó de imponer sentencias «patéticamente poco severas» y, como consecuencia, favorecer la criminalidad.
