Han presentado una interpelación en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que culpan a la población inmigrante “de una parte significativa de la delincuencia”. También preguntan si establece la Policía Local algún operativo de vigilancia especial de los pisos de acogida distribuidos por la ciudad y sus ocupantes, y, en su caso, si tienen algún coste adicional para las arcas municipales
ÓSCAR F. CIVETA. ELDIARIO.ES.- Los menores extranjeros no acompañados (Menas) y, en general, la población inmigrante es una de las dianas habituales de Vox. Como ya hicieran cuando preguntaron en las Cortes de Aragón por las ayudas que se daban a las asociaciones que tutelan a estos menores, han vuelto a culpar a los inmigrantes “de una parte significativa de la delincuencia” y, esta vez en el seno del Ayuntamiento de Zaragoza, han presentado una interpelación con diversas cuestiones para que sean contestadas en la comisión plenaria del próximo 16 de septiembre.
Aseguran que, “a la vista de los numerosos delitos de los que han dado cuenta los medios de comunicación este verano, especialmente concentrados en el Casco Histórico de Zaragoza (además del incremento de hurtos y agresiones en el barrio Oliver y otros incidentes ocurridos en otros barrios de la ciudad), parece oportuno conocer qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Ayuntamiento de Zaragoza para el incremento de la seguridad en nuestra ciudad (dotación de personal del cuerpo de la Policía Local, recuperación de la vigilancia nocturna, mejora del material de autodefensa de los agentes de policía y coordinación con otras policías y/o servicios sociales dependientes del propio Ayuntamiento o de otras instituciones)”.
Dado, dicen, “que una parte significativa de la delincuencia producida este verano parece haber sido protagonizada por población inmigrante y en algunos casos por menores no acompañados de origen extranjero acogidos en Zaragoza, vinculados con los pisos de acogida distribuidos en nuestra ciudad o pisos «okupados», especialmente en las zonas más degradadas y conflictivas de la ciudad, parece conveniente que la Policía Local y los distintos servicios municipales relacionados con acción social o vivienda dispongan de información permanente sobre la cuestión, suministrada en su caso por otras administraciones con competencias en la materia”.
Especialmente grave, apuntan, “nos parece esta denuncia de los vecinos del entorno que refleja la prensa: ‘Incluso pisos de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda están okupados o acogen gente que no es la que legalmente los arrendó’. Es importante, por ello, saber qué grado de control ejerce Zaragoza Vivienda y cuál es su grado de conocimiento sobre esta problemática”.
En concreto, cuestionan acerca de si existe algún protocolo de comunicación entre la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el número y ubicación de los pisos de acogida y el número de menas acogidos, su edad y posible conflictividad. También preguntan si establece la Policía Local algún operativo de vigilancia especial de los pisos de acogida distribuidos por la ciudad y sus ocupantes, y, en su caso, si tienen algún coste adicional para las arcas municipales.
Piden, por añadidura, un censo de pisos “okupados” y cuestionan a Zaragoza Vivienda sobre si tienen conocimiento de la existencia de pisos de su propiedad “okupados” o subarrendados.
