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La visita al Congreso de una delegación de Iran, ha desatado una gran polémica a partir de conocerse el grave planteamiento machista del saludo protocolario a realizar. Más allá de la polémica banalizadora en cuanto a lo que supone el reconocimiento a un régimen retrógrado y teocrático, el Congreso de los Diputados debe adoptar una posición común ante países que violan gravemente de los Derechos Humanos.
Las vejaciones, humillaciones, misoginia y machismo del régimen se torna brutal cuando a una mujer que protestaba contra la obligatoriedad de la ley del ‘hijab’, que obliga a cubrirse la mayor parte del cuerpo, se le condenó a 24 años por salir a la calle sin velo y acusó de prostitución. Este fue el caso hace solo una semana de la activista iraní Saba Kord Afshari ha sido condenada por el Tribunal Revolucionario de Teherán. Su delito fue protestar contra la obligatoriedad del ‘hijab’ y no admitir en confesión sus supuestos delitos.
Respecto a los homosexuales la respuesta en una rueda de prensa del pasado mes de junio en Alemania, a preguntas del Bild-Zeitung, Mohammad Yavad Zarif, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, fue contundente:“Nuestra sociedad tiene principios morales y vivimos de acuerdo con estos principios.” Es decir el Régimen Iraní, de acuerdo con su ley, comete Crímenes de Odio homofóbicos, en un contexto de represión general de los LGTB del país.
Respecto a las libertades civiles y políticas, numerosas ONG han denunciado la vulneración del derecho a un juicio justo y el trato de prisioneros, así como de la libertad de expresión, asociación y manifestación, el encarcelamiento de personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y prisioneros políticos que son represaliadas y por el trato hacia minorías, los migrantes y los derechos de personas con discapacidad.
La Intolerancia religiosa se torna penal con los Baha’is a los que el gobierno niega libertad de religión y discrimina, como a otras minorías religiosas, incluidos los musulmanes sunitas, y restringe las actividades culturales y políticas entre las minorías étnicas azeríes, kurdas, árabes y baluchis del país.
Las mujeres iraníes son discriminadas en cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Una mujer virgen necesita la aprobación de su tutor masculino para contraer matrimonio, independientemente de su edad, y no puede transmitir su nacionalidad iraní a un cónyuge extranjero ni a sus hijos. Las mujeres casadas no pueden obtener un pasaporte o viajar fuera del país sin el consentimiento escrito de sus esposos. Según el código civil, el marido tiene el derecho de elegir el lugar de residencia y puede evitar que su esposa tenga ciertas ocupaciones si las considera contrarias a los “valores familiares”.
En consecuencia, Movimiento contra la Intolerancia reclama una condena explícita por el Congreso de los Diputados de la violación grave y sistemática de derechos humanos por el régimen de Irán, y pide la libertad de todos los detenidos por la represión de esta dictadura teocrática.