Entre los demandantes de asilo hay cuatro embarazadas y más de 20 menores
NATALIA SANCHA. EL PAÍS.- Medio centenar de sirios, entre ellos, más de 20 menores y cuatro mujeres en avanzado estado de gestación, viven desde el pasado 10 de julio a la intemperie en un parque público de Madrid. Esta insólita escena en las calles de la capital es postal habitual en los países limítrofes con Siria que albergan a la gran mayoría de los 5,7 millones de refugiados que han huido de la guerra. Bajo un árbol, ellas pican ajo y cuecen verduras en una cacerola sujeta a un pequeño camping gas que hace las veces de cocina. A pocos metros, niñas que levantan apenas varios palmos del césped lavan a sus hermanos pequeños en una fuente pública o en improvisadas bañeras hechas con bidones de plástico cortados. Los ropajes se secan sobre los arbustos junto a mutiladas muñecas. Un poco más allá, y recostados a la sombra de un pino, se reúnen los hombres frunciendo el ceño con la mirada fija sobre un manojo de arrugados papeles.
“¿Qué dignidad me queda si no me puedo ni duchar en días?, increpa enfadado Mohamed, de 50 años y patriarca del grupo. Aprovechando su silencio, el resto de hombres se pisan las palabras para relatar un largo periplo de siete años de huida desde que en 2012 abandonaran Hama, su ciudad natal al oeste de Siria, previendo que la guerra acabaría por tocar a las puertas de su barrio. Los cinco primeros años alternaron entre países árabes, malviviendo en tiendas de campaña en Líbano y maltrechas casas de alquiler en Argelia y Marruecos, donde trabajaron temporalmente para, en agosto de 2017, cruzar ilegalmente a Melilla. “Nos quedamos sin dinero”, cuenta el patriarca que, como el resto de hombres del grupo, fabricaba implantes dentales en su tierra natal. “Pagamos 300 euros por persona a los traficantes y nada más pisar tierra española pedimos asilo”, prosigue.
De allí fueron transportados a Madrid y albergados en un centro de acogida.
A los pocos meses, motivados por familiares, decidieron abandonar voluntariamente, y sin previo aviso, el centro para poner rumbo a Francia. “Encontramos una casa abandonada a las afueras de París que adecentamos para vivir en ella”, rememora Mohamed. Las mujeres asienten nostálgicas de lo que parece ser la mejor morada en la que han pisado desde que tuvieron que dejar camastros, lavadoras y frigos en Siria. “Mis hijos iban al colegio, las mujeres dieron a luz en los hospitales y nos proporcionaron ayudas de entre 500 y 800 euros mensuales por familia”, relata Arma, mujer del patriarca y madre de 10 hijos. Ellos trabajaron también, cobrando en negro.
Sin embargo, transcurridos dos años, la policía francesa les anunció que “en pocos días” serían devueltos a España. Las 15 familias sirias no entienden que se trata de la aplicación del acuerdo de Dublín, por el que los refugiados sirios están siendo devueltos a los países europeos que pisaron por primera vez al solicitar asilo. Sin esperar a las autoridades galas, pusieron rumbo en sus coches y en autobuses al parque Salvador de Madariaga de Madrid.
La historia de estas gentes se repite con docenas de familias que están siendo “devueltas” a España en una agilización a la hora de aplicar el acuerdo de Dublín, pero sin que parezca existir un mecanismo de acompañamiento para los demandantes de asilo o coordinación entre los países europeos. Atascados en los pliegues de los entramados burocráticos español y europeo, desconocedores también del idioma, acaban siendo escupidos en las calles madrileñas. El mes pasado, la parroquia San Carlos Borromeo, situada en el madrileño barrio de Vallecas, volvió a abrir sus puertas para cobijar a 11 sirios y palestinos que habían sido devueltos de Alemania. En paralelo, la frustración y decepción de estos refugiados para con Europa se incrementan conforme pasan los años.
Durante las dos últimas semanas, hasta dos patrullas de policía han pasado por este parque, aseguran vecinos y sirios por igual, sin que por ello haya acudido ningún trabajador del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. “Tras mostrar los documentos, la policía nos dijo que querían llevarse a nuestros hijos porque son menores durmiendo en la calle. Y nada más”, asegura Abdel Razzik, de 27 y padre de dos menores. Ellos se opusieron y pidieron ser alojados en una vivienda. Precisamente en diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia por la que aquellos solicitantes de asilo que abandonen voluntariamente España no serán excluidos del sistema de protección a su retorno.
Nueva sentencia
El documento estipula que “se dará prioridad para el reingreso en el sistema de acogida a los perfiles vulnerables, que podrán acceder a una plaza de primera acogida“. Entre los perfiles vulnerables se cuentan “las mujeres embarazadas” y “las familias con menores”, siendo el caso de estas 15 familias sirias acampadas en el parque Salvador de Madariaga.
De las cuatro mujeres sirias embarazadas, tan solo Barguta al Ahmed, de 20 años y madre de un pequeño, ha sido atendida por un médico. “¿Qué pone aquí?”, aprovecha la mujer para preguntar, en plena entrevista, alargando un folio con la fecha de una cita médica expedida por el hospital Infanta Leonor. Barguta dice que está en su séptimo mes de embarazo. El informe de la ecografía grapado junto con la cita, y cuyo contenido ignora Al Ahmed, asegura que ha superado los nueve. Durante las escasas noches de lluvia, duerme en una pequeña tienda de plástico. Por el día se resguarda como puede del calor bajo los árboles.
La elección de este parque como destino resulta casi instintiva entre los refugiados musulmanes, que se sienten más protegidos al estar situado a pocos metros de la mezquita de la M-30. Allí pueden acceder a los aseos, aunque, dicen, no pueden pernoctar en sus instalaciones. “Nos han dicho que está prohibido”, farfulla uno de ellos. Consultado por EL PAÍS, el director del Centro Cultural Islámico, Sami al Mishtawi, responde que “han preferido no inmiscuirse» pero que «verán qué se puede hacer”. Mientras tanto, la solidaridad llega de mano de los vecinos españoles y árabes musulmanes que el viernes acuden a la mezquita a la hora del rezo. Uno de ellos deposita sobre la hierba una caja de melocotones; otros, traen juguetes para los más pequeños. Ajena al correteo de los niños, una pequeña llora desconsoladamente por lo que explica es un “tremendo dolor de dientes”.
“¿Dónde están los derechos humanos en Europa?”, increpa un hombre de muy mal humor. La impotencia de ver a su mujer embarazada e hijos en el parque día tras día alimenta su rabia. La imposibilidad de hablar el idioma para poder llevarla a un hospital añade frustración. También es consciente de que su presencia molesta a unos vecinos que no hablan su lengua y que evitan cruzar por el jardín, a pesar de que su familia se esmera en mantener limpio el parche de césped que habitan.
Los hombres se apresuran a extraer de entre bolsas de plástico numerosos papeles para confeccionar un mosaico de documentos sobre el césped. Tarjetas rojas, permisos de residencia y documentos de protección subsidiaria en vigor se superponen a procesos de demanda archivados por no presentarse a la cita. De todas formas, ninguno de ellos entiende el contenido de los marchitos folios tecleados en castellano. Algunos no saben escribir en árabe. “Fuimos a la comisaria y nos piden un domicilio. No tenemos. He pagado casi 300 euros de gestión para solicitar el permiso de residencia de mi familia y nos dan la próxima cita para dentro de tres meses”, explica Mohamed ya más calmado. En la embajada siria en Madrid, aseguran, para solicitar el pasaporte de los recién nacidos les exigen que vayan a Siria a solicitar un libro de familia y otros documentos actualizados. “¡Esto es de locos!”, zanja el patriarca.
ALBERGUES DE ACOGIDA DESBORDADOS
El Ayuntamiento de Madrid asegura disponer de 973 plazas de acogida de emergencia en los albergues del Samur Social. En el mes de julio se cuentan 2.800 personas sin hogar y 780 solicitantes de asilo en la capital. Las cuentas no cuadran. “Cada día, el Samur Social se ve obligado a dejar en la calle a varias familias por falta de espacio y recursos”, explica en conversación telefónica la abogada Patricia Fernández. Desde principios de mes, la letrada asiste a 75 solicitantes de asilo que intentan retornar al sistema de protección subsidiaria en España.
“No están al corriente de cómo funciona la ley y acaban perdidos”, agrega. Fernández presentó en diciembre de 2018 una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en nombre de dos jóvenes refugiados que fueron devueltos de Alemania y Holanda en el marco del acuerdo de Dublín. Ganó el caso y el Tribunal dictó una instrucción modificando el actual procedimiento: aquellos que pidieron asilo en España y han sido devueltos por terceros países europeos deben ser reinsertados en el programa de acogida.
Sin embargo, es en el tejido social compuesto por ONG y organizaciones religiosas, como la parroquia San Carlos Borromeo, en Vallecas, o la Red Solidaria de Acogida, donde encuentran el tan ansiado refugio.
