Javi y Lucas, de seis años, sólo podrán ir 15 días al mes debido a un cambio de reglamento. «La discriminación de estos niños está institucionalizada y normalizada», denuncian las madres
M. ANTONIA CANTALLOPS. EL MUNDO.- Tras dos años yendo con toda normalidad a la escoleta de verano -desde que empezaron educación infantil-, este mes de julio Javi y Lucas han visto cómo una vez más su discapacidad les impedía ser como el resto de sus compañeros de clase y acceder en las mismas condiciones que ellos a este servicio que ofrecen muchos centros educativos durante los meses de estío.
Una nueva normativa (decreto 23/2018 de 6 de julio de 2018), que regula las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, especifica que en caso de participar en ellas personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales, al equipo dirigente habitual se le tiene que añadir personal cualificado y cumplir unas determinadas ratios, dependiendo del grado de discapacidad.
Paradójicamente, un decreto que se supone que iba a mejorar la atención y los cuidados de estos menores, no ha hecho otra cosa que discriminar a Lucas y Javi. Ni el centro educativo ni la empresa que presta el servicio de escoleta de verano pueden asumir el coste derivado de la aplicación de una normativaque difícilmente cumplirá el objetivo por el que fue creada, si no va acompañada de la correspondiente dotación económica.
«A principios de mayo llegó a nuestras manos el folleto de la escoleta de verano y en él se indicaba que las plazas para niños con necesidades especiales y/o específicas eran limitadas y, como familias afectadas, mostramos nuestra disconformidad. Nuestros hijos no son números ni pueden depender de ratios. Son simplemente niños y como tales deberían tener los mismos derechos que cualquier otro compañero de clase, independientemente de su discapacidad», explican Hilda y Nelia, madres de Javi y Lucas, respectivamente.
Javier tiene autismo y un grado de discapacidad del 35%, mientras que Lucas tiene parálisis cerebral y su grado de discapacidad es del 90%. Según el señalado nuevo reglamento, los asistentes a la escoleta de verano con una discapacidad superior en al 75% deben tener a su disposición un mínimo de una persona con la preparación y titulación adecuada; en el caso de participantes con un grado de discapacidad de entre el 65% y el 74%, la ratio es de una persona para cada tres menores; y si la discapacidadreconocida está entre el 33% y el 64%, se requiere un profesional para cada cinco niños.
«Con estas nuevas ratios, para que los dos niños pudieran ir a la escoleta eran necesarios un mínimo de dos monitores. Pero la escoleta sólo dispone de uno. Así que enseguida nos movimos y hablamos con los responsables para intentar encontrar una solución», relatan las dos madres.
Ante la falta de recursos económicos tanto del CEIP de Prácticas como de la empresa que gestiona la escoleta de verano -Annexa Magister-, Nelia e Hilda no dudaron en moverse y dar todos los pasos necesarios en busca de una ayuda o una subvención para que sus hijos no quedaran excluidos de este servicio.
«Nos informamos y nos dijeron que era competencia de Juventud del Consell de Mallorca. Así que preparamos un escrito y lo entregamos personalmente en ese departamento. Nuestra intención era también reunirnos con un responsable y explicarle el caso. Pese a nuestra insistencia, no lo conseguimos».
Y es que, en plena campaña electoral, no hubo forma de que el director de área las recibiera. Los funcionarios de la conselleria les iban derivando a otras administraciones -como el IMAS o el Ayuntamiento de Palma-, alegando que no era responsabilidad de Juventud. Casi dos meses después de haber registrado su escrito (24 de mayo) y haber solicitado contestación por carta, todavía no han recibido respuesta.
Sin embargo, Hilda y Nelia no se dieron por vencidas. Faltaba más de un mes para el inicio de la escoleta y optaron por llamar a otras muchas puertas en busca de una solución para que, una vez más, no se volvieran a vulnerar los derechos de sus hijos: CERMI, Servicios Sociales municipales, Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), defensora de la ciudadanía, defensor del menor…
«En el entorno de los niños, sólo hemos encontrado apoyo por parte del Consejo Escolar. Fuera de él, nos hemos sentido arropadas por la FAPA, el CERMI, el defensor del menor, así como la responsable de Servicios Sociales de nuestra zona que, pese a no podernos ayudar porque no era de su competencia, nos orientó e hizo todo tipo de llamadas para ayudarnos», destacan.
SUBVENCIONES
Al cabo de unos días de haber hablado con el director de laOficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, recibieron la llamada del director de Juventud, quien se comprometió a que habría subvenciones para las empresas de cara al próximo verano. Pero, ¿y la solución para este año? Las plazas de la escoleta se asignan por orden de llegada, así que el primer día de la inscripción Nelia e Hilda se presentaron a primera hora en el centro. Conscientes de que tan sólo uno de sus hijos tendría plaza, decidieron entregar los papeles juntas y el azar hizo que sellaran primero el de Lucas.
«Me planteé buscar otra escuela de verano, aunque hablando con Nelia vimos que teníamos razones de peso para no hacerlo. Javi ha ido a la escuela de verano los dos años anteriores y, por su autismo, es muy importante que siga teniendo los mismos referentes. Para él las adaptaciones y los lugares conocidos son muy importantes y no quería exponer al niño a tanto cambio que, lejos de beneficiarle, le estresa más. De ahí que me quedara en la lucha», argumenta Hilda.
En el caso de Lucas, una vez más Nelia tenía claro que no le iba a separar de su hermano mellizo y que ya había llegado el momento de plantarse, pues a pesar de tener la ley de su lado siempre son las familias las que tienen que buscar alternativas, cuando a quien le corresponde hacerlo es a la Administración, al sistema.
«La discriminación de los niños con discapacidad está institucionalizada y normalizada. La gente no es consciente de que al no dejar participar a estos niños, está discriminado. Es una discriminación muy sutil, pero discriminación. El colegio está expulsando a los niños por falta de recursos. En la escuelas de verano, lo mismo. Hay que cambiar esta realidad», denuncia Nelia.
Al final, las dos madres acordaron repartirse los días de este mes de julio para que así los dos niños pudieran ir a la escoleta: la primera quincena para Lucas y la segunda para Javier. No obstante y según apuntan Hilda y Nelia, otros cuatro menores con diversidad funcional se han quedado fuera.
Según el artículo 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad -ratificada por España en 2008 y, por tanto, jurídicamente vinculante-, cualquier persona con discapacidad tiene derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida cultural. Además, el texto recoge que se debe asegurar que los niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso que los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar. «Es muy triste que personas que trabajan habitualmente con menores o en Administraciones con competencias que atañen a niños no sepan los derechos que tienen y los vulneren de manera constante. Y esta falta de conocimiento hace que tanto padres como hijos nos sintamos rechazados», declaran.
Asimismo, cabe recordar que la ONU ha emitido sendos informes en 2017 y 2018 denunciando la vulneración sistemática por parte de España de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
«Cuando alguien no se hace responsable de un problema tan serio, que excluye a las personas, quizás todos tengamos un poco de culpa. Y mirar hacia otro lado no es una opción. Estamos en un momento en el que o eres parte del problema o parte de la solución. Lo que no pueden hacer los profesionales ni la Administración es estar en medio y decir esto no va con nosotros», concluyen.
