Este próximo aniversario presenta una oportunidad inédita para que los países latinoamericanos declaren sin tapujos a Hezbolá como lo que es, una organización terrorista de principio a fin
DINA SIEGEL VANN. EL PAÍS.- Estamos en vísperas de conmemorar un cuarto de siglo de impunidad desde el horrífico ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. El 18 de julio de 1994, después de múltiples advertencias ante la posibilidad de un nuevo atentado por parte de Irán y sus secuaces de Hezbolá tras el bombazo en 1992 contra la Embajada de Israel en la misma ciudad, una camioneta cargada de explosivos detonó frente al edificio del corazón institucional del judaísmo argentino, trayendo consigo la muerte de 85 civiles y más de 300 heridos de sendas nacionalidades. Considerado el más violento ataque antisemita hasta ese momento en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, cimbró a la sociedad argentina hasta sus cimientos y produjo un profundo sentimiento de vulnerabilidad en el mundo judío en su conjunto.
Mas allá de las sorpresivas volteretas de este caso que no termina por esclarecerse a pesar de las continuas declaraciones de compromiso de todos los gobiernos en turno por llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones, el Estado argentino sigue estando en deuda con todos los afectados. Si bien ha habido momentos particularmente álgidos como lo fue la firma del Memorándum con Irán por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que concitó la condena generalizada de las comunidades judía argentina y global y más importante aún de los familiares de las víctimas, desde un primer momento la contaminación de las pruebas, la lentitud en el procesamiento de la evidencia, la extrema politización han sido obstáculos para consignar a los culpables.
Ciertamente, ha habido algunas luces en un camino marcado mayormente por las tinieblas. Uno de los únicos avances concretos que explica los móviles y los actores internacionales de lo que se ha definido como un crimen de lesa humanidad, fueron las investigaciones que llevara a cabo el fiscal especial Alberto Nisman cuya prematura y lamentable muerte aún sigue siendo un misterio. Nisman concluyó, por primera vez de forma inequívoca, que efectivamente autoridades iraníes del más alto nivel eran autores intelectuales de dicho atentado. En 2007, en la reunión de Interpol en Marruecos, Nisman presentó su reporte y después de meses de debate, así como intentos iraníes de sabotear el proceso, se emitieron finalmente alertas rojas contra cinco funcionarios iraníes.
El Gobierno del presidente Mauricio Macri ha invertido ingentes esfuerzos en tratar de volver a encarrilar los esfuerzos conducentes a asegurar que Irán acepte su culpabilidad y colabore para que los acusados puedan responder ante la justicia argentina, aunque esta sea una meta que raye en lo imposible dada la negativa permanente del Gobierno persa. Así mismo ha intentado avanzar en lo que se conoce como la conexión local llamando a declarar e incluso dictando sentencia a aquellos que prestaron ayuda logística para el atentado o que se dedicaron, de plano, a entorpecer su esclarecimiento.
Mas allá de la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas y contrarrestar el profundo sentido de impunidad, permanece una asignatura urgente: asegurarse de que Hezbolá e Irán —cuyo rol central alentando actividades terroristas a nivel global no ha mermado— rindan cuentas. Esto cobra una dimensión mayor, cuando asistimos hoy por hoy a un Medio Oriente inmerso en una escalada de tensión, con Irán rebasando su producción de material nuclear entre dimes y diretes con Estados Unidos y Gobiernos árabes sunitas y cuando Hezbolá continúa alimentando su arsenal de más de 100.000 cohetes dirigidos a Israel desde Líbano y Siria y participando en el tráfico de narcóticos y armas, lavado de dinero y otras actividades criminales en la región y alrededor del mundo, incluyendo el hemisferio occidental.
En efecto, en reconocimiento al peligro inminente de Hezbolá en nuestro continente, hace unos meses los Gobiernos de Argentina y Estados Unidos, conjuntamente convocaron un seminario de entrenamiento en Buenos Aires para expertos en el financiamiento de terrorismo de Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y Perú. Todos estos países han tenido roces con células y actividades de Hezbolá dentro de sus fronteras.
Y el 18 de julio —cuando se conmemore el 25 aniversario de atentado contra la AMIA— se llevará a cabo, también en Buenos Aires, una reunión ministerial sobre terrorismo a lo largo y ancho del hemisferio occidental.
A pesar de estas iniciativas más que bienvenidas, así como de sanciones, detención o deportación de figuras ligadas a Hezbolá en Venezuela y Paraguay, ningún país latinoamericano, ni siquiera los presentes en el seminario de Argentina, han declarado a Hezbolá una organización terrorista con las sanciones que esto conlleva.
La única voz valiente ha sido la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien al recibir el premio Campeón de la Democracia del Comité Judío Americano en Washington a principios de junio, denunció con toda contundencia a Hezbolá como una organización terrorista, con una base sólida de operaciones en Sudamérica y que promueve el antisemitismo, mismo que como bien sabemos ha experimentado un rápido crecimiento en todo el mundo. En este contexto, Almagro también afirmó que su secretariado adoptaba la definición de antisemitismo del Holocaust Remembrance International Alliance (HRIA), la única que en forma clara y comprensiva incluye como parte de la animadversión y discriminación contra judíos, al antisionismo y la deslegitimación de Israel avalados en su carta fundacional por organizaciones como Hezbolá. Dicha definición ha sido adoptada por más de una docena de países incluyendo la Unión Europea, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Austria.
Almagro reiteró que la OEA trabajará día a día para asegurar un hemisferio libre de antisemitismo, de terrorismo y de autoritarismo y urgió a los países miembros de su organizaron multilateral a adoptar dicha definición.
Este próximo aniversario presenta una oportunidad inédita para que los países de Latinoamérica finalmente declaren sin tapujos a Hezbolá como lo que es, una organización terrorista de principio a fin, y reconozcan en su accionar uno de los móviles centrales en la promoción del antisemitismo al adoptar la definición acogida por el secretario general Almagro.
Dina Siegel Vann, oriunda de México, es directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos de AJC (Comité Judío Americano) basado en Washington.
