La red social instaura un «equipo multifuncional» que decidirá si los comentarios de los políticos deben permanecer en la plataforma aunque violen sus reglas de uso. El equipo evaluará su «interés público» y los requisitos serán que el político ocupe un cargo público y tenga una cuenta verificada con más de 100.000 seguidores. «Es una aberración jurídica», expone una jurista: «No pueden ser los trabajadores de Twitter los que valoren el interés público basándose en una norma que se han inventado ellos»
CARLOS DEL CASTILLO. ELDIARIO.ES.- Si un político te insulta, será Twitter quien decida si esa ofensa tiene «interés público» y debe seguir visible para el resto de usuarios, pese a que viole sus propios términos de uso. Lo mismo para el discurso del odio o cualquier otro tipo de «comportamiento abusivo» que tenga un representante público en la plataforma.
Twitter informó este jueves de que ha instaurado reglas especiales para los políticos que ostenten un cargo público y tengan una cuenta verificada con más de 100.000 seguidores. A partir de ahora, podrán saltarse las normas de conducta vigentes para el resto de usuarios, ya que la red social considerará sus comentarios «de interés público» y no los borrará, aunque los ocultará bajo un aviso especial.
«Por la naturaleza de sus posiciones, estos líderes tienen una enorme influencia y, a veces, dicen cosas que podrían considerarse polémicas o invitan a debatir y discutir. Una función crítica de nuestro servicio es proporcionar un lugar donde las personas puedan responder abiertamente y públicamente a sus líderes», argumenta Twitter: «Teniendo esto en cuenta, hay ciertos casos en los que puede ser de interés público tener acceso a ciertos tuits, incluso si de lo contrario infringirían nuestras reglas».
«Con eso dicho, hay casos, como amenazas directas de violencia o llamadas a la violencia contra un individuo, que es poco probable que sean consideradas de interés público», afirma Twitter, a la que el 40% de los usuarios de redes sociales españoles accede al menos una vez al mes, según la última encuesta de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación.
En su comunicado, la empresa ha confirmado lo que muchos usuarios sospechaban, y es que estos privilegios ya se aplicaban hasta ahora, pero sin una regulación pública. «En el pasado, hemos permitido que ciertos tuits que violan nuestras reglas permanezcan en Twitter porque eran de interés del público, pero no estaba claro cuándo y cómo hicimos esas determinaciones», reconoce la plataforma.
Twitter ha especificado que evitará que la visibilidad de este tipo de comentarios sea potenciada por su algoritmo, así como que aparezcan en la «búsqueda segura», en el modo exploración, o como tuits destacados.
«Una aberración jurídica»
La red social ha explicado que será un «equipo multifuncional» con personal de varias áreas de la compañía, incluidos los «equipos regionales» quien «determinará si los tuits son una cuestión de interés público». Evaluarán el nivel en el que los comentarios de los políticos infringen las normas de uso, si «permitirán a otros responsabilizar al gobierno, al candidato para un cargo público o a una persona designada por sus declaraciones» o si la eliminación impediría a los usuarios entender el contexto de un debate público.
Cuando este equipo entienda que el comentario no cumple con estos requisitos, solicitarán al político que lo elimine.
«Creo que la intención es buena, pero a la hora de curar los comentarios y decidir qué se queda y qué se borra, no pueden ser los trabajadores de Twitter los que valoren el interés público basándose en una norma que se ha inventado el propio Twitter. Es algo totalmente arbitrario y no está basado en derecho», avisa Natalia Martos, jurista especialista en derechos digitales y fundadora del despacho Legal Army.
«Es una aberración jurídica», censura. «Mi preocupación es que sea una empresa privada de Silicon Valley, controlada por personas físicas que no tienen ningún tipo de vinculación con tribunales, quien ponga las reglas sobre los límites de la libertad de expresión», refleja Martos en conversación con eldiario.es.
Para Ignacio Martín Granados, politólogo y asesor en el Gabinete de la ministra de Justicia, también resulta problemática la cuestión de que sea Twitter la encargada de valorar si un contenido es de «interés público» o no. «Me da la impresión de que lo que buscan es blanquear el uso abusivo que hacen algunos políticos de las redes sociales, es una norma que parece diseñada para perfiles como Trump», señala.
Reglas especiales para los políticos en redes sociales
La constatación de que la cuenta personal de un representante político en Twitter no es como la del resto de usuarios llegó por vía jurídica. Una jueza de EEUU prohibió a Donald Trump bloquear que determinados usuarios pudieran ver sus comentarios e interactuar con él, condenándole a levantar el veto. Según el análisis de juristas españoles consultados por eldiario.es, la sentencia es «exportable a España».
«Es un debate muy interesante», opina Martín Granados. «Establecer diferencias entre usuarios normales y figuras públicas con privilegios profundiza en la tendencia asimétrica de la red».
«¿Que hubiera pasado por ejemplo en el caso de Guillermo Zapata, con los tuits que escribió hace años? En el momento en el que los publicó era un ciudadano de a pie, pero cuando le juzgamos fue como político y cargo público», se pregunta.
