EFE. ELDIARIO.ES.- La violencia, el estigma y la discriminación hacia la comunidad LGBTI aún persiste en todos los ámbitos de Honduras, donde más de 300 miembros del movimiento han muerto en la última década, informó este miércoles el Comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera.
En un comunicado, Herrera indicó que todo lo que rodea los casos contra la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) son «graves violaciones a los derechos humanos» de ese colectivo.
Enfatizó que esas violaciones a los derechos humanos requieren «el reconocimiento expreso y (la) atención inmediata de autoridades y particulares».
El defensor del pueblo hondureño dijo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos «protege la igualdad» de las personas, mientras que la Constitución de la República declara «punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana».
Señaló que los miembros de la comunidad LGBTI merecen «la consideración y el respeto inherente a su dignidad humana» del Estado y la sociedad «sin discriminación alguna».
«Hemos expresado nuestra solidaridad con las víctimas de crímenes de odio y condenado otras acciones de discriminación o estigmatización dirigidas contra miembros de la comunidad LGTBI», subrayó.
Herrera solicitó a las autoridades de Honduras «la pronta investigación» de esos delitos contra el colectivo LGBTI para «evitar su impunidad».
Denunció que en la última década más de 300 miembros de ese colectivo han sido asesinados y más del 90 % de los casos siguen impunes.
El ombudsman hondureño instó a las autoridades a dar «celeridad procesal» a un recurso presentado por el movimiento LGBTI ante la Sala de lo Constitucional para que el Estado reconozca el matrimonio igualitario, el derecho a la familia y la adopción.
El artículo 112 de la Constitución hondureña dice textualmente: «Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges».
Destacó además la importancia de que se «siga el debido proceso» frente al recurso y de que se atienda la opinión consultiva emitida en enero de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de la unión de parejas del mismo sexo.
Los jueces de la CorteIDH determinaron que los Estados deben «reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo».
La opinión consultiva de la CorteIDH también garantizó otros derechos, como el de cambiar el nombre en los documentos de identidad de acuerdo con la identidad de género de cada persona mediante un procedimiento que debe ser expedito y sin discriminación.
El defensor del pueblo de Honduras dijo que esos parámetros internacionales son «una guía hacia donde debe ir evolucionando la legislación de los Estados» y pidió su aplicación en base a la progresividad y transformación de la sociedad.
