EFE. LA VANGUARDIA.- Un grupo de abogados denunció este lunes a la UE ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los operativos de rescates de inmigrantes en el Mediterráneo, cuya implementación ha derivado en «crímenes de lesa humanidad», según el informe presentado por los letrados.
«No solo demostramos que se cometieron crímenes, sino también que hubo unas políticas sistemáticas que tenían como objetivo a una población civil específica», explicó a Efe Omer Shaltz, uno de los abogados que entregó la denuncia.
El escrito, de más de 240 páginas, se basa en dos políticas de rescates de inmigrantes en el Mediterráneo: «Mare Nostrum», impulsada por Italia hasta noviembre de 2014, y Tritón, puesta en marcha posteriormente por la Unión Europea a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costa (Frontex).
Tanto Frontex como la Comisión Europea sabían que la transición de «Mare Nostrum» a Tritón «convertiría el Mediterráneo en un punto mortal» para los inmigrantes, dijo Shaltz, pues supuso la muerte de unos 14.500 inmigrantes entre enero de 2014 y finales de 2017, según la denuncia.
«Tenían conocimiento de esto, tenemos documentos que muestran que estimaron el número de víctimas que causarían y lo aceptaron», dijo el abogado, «con el objetivo de disuadir a otros de que cruzaran el Mediterráneo».
Dichos documentos internos han sido recolectados a través de Wikileaks, aunque la denuncia también adjunta declaraciones públicas de la Comisión Europea y testimonios de testigos presenciales de los rescates, indicó el letrado.
Según los denunciantes, Frontex dejó de patrullar las aguas cercanas a Libia tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) de 2012, que obligaba a los países europeos a trasladar a su territorio a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y a respetar sus derechos fundamentales.
Al alejarse de la costa libia, los barcos de Frontex evitaron tener que cumplir con la sentencia del TEDH y delegaron los rescates en los guardacostas libios, que han sido formados y financiados por la UE, para redirigirlos hacia el país africano y retenerlos en campos de detención.
Dicha operación supondría la comisión de al menos dos crímenes de lesa humanidad: traslado forzoso de población y detención arbitraria, ambos estipulados en el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI.
«Sin el apoyo material y estratégico de la UE, la guardia costera libia ni siquiera existiría. Su contribución es esencial para la comisión de los crímenes», indicó Shaltz, que ha elaborado la denuncia junto a otros abogados internacionales como Juan Branco.
El Consejo de Seguridad de la ONU remitió el conflicto armado de Libia a la CPI en febrero de 2011 y desde entonces la Fiscalía ha emitido varias órdenes de arresto contra militares y jefes de milicias.
«Lo que le pedimos a la Fiscalía es que no solo se fije en los traficantes de personas vinculados a las milicias, sino en los actores con la mayor responsabilidad», concluyó el letrado.
