EUROPA PRESS. CONFILEGAL.– El jurado popular considera a Roberto Hernández y Davinia Muñoz responsables del asesinato de Sara, la niña de 4 años e hija de la segunda que el 3 de agosto de 2017 murió en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid al que llegó el día anterior agónica tras recibir una bruta paliza antes de ser violada vaginalmente.
Las cuatro mujeres y cinco varones integrantes del jurado, quienes ya el miércoles por la tarde comenzaron la deliberación, han dado a conocer esta mañana su decisión, una vez respondidas las 138 preguntas del objeto del veredicto, para responsabilizar a los dos encausados, por unanimidad, del asesinato de la pequeña, él con las agravantes de odio y ensañamiento y en el caso de Davinia en la modalidad de comisión por omisión.
Además, Roberto Hernández deberá responder por un delito de agresión sexual, también la agravante de odio.
Esto es muy relevante. Porque la pequeña Sara era hija de un ciudadano rumano y de una española.
El asesino era simpatizante del grupo neonazi Juventud Nacional Revolucionaria y sentía desprecio y odio hacia las personas de origen rumano. De ahí el termino despectivo de «rumanilla» con el que éste se dirigía a la niña.
También se le imponen cuatro delitos de maltrato con lesión y de otro de maltrato habitual, en ambos casos con idéntica agravante, todos ellos también por unanimidad del jurado, mientras que no ha sido considerado autor de otros otros dos delitos de lesiones de los que venían siendo acusado.
En el caso de ella, amén de su responsabilidad por la muerte de su propia hija, Davinia ha sido acusada de tres delitos de maltrato con lesión y de otro de maltrato habitual, en todos los casos por comisión por omisión–no haber hecho nada por evitarlo–, con la aplicación de las atenuantes de obcecación y confesión, mientras que ha quedado libre de la agresión sexual padecida por Sara (cuatro integrantes del jurado sí la veían responsable frente a cinco en contra), del delito de abandono de la niña y de un total de tres delitos de maltrato con lesión.
El jurado también se ha mostrado en contra de aplicar a los acusados los beneficios de la remisión condicional de la pena y de la concesión del indulto.
Conocido el veredicto, el magistrado Feliciano Trebolle ha hecho un receso para que las partes pudieran estudiar el mismo a los efectos de concretar las peticiones de condena que las acusaciones expusieron el último día del juicio celebrado el pasado día 17 de mayo, así como para que las defensas, que pedían la absolución, hicieran lo propio.
A la vuelta del receso, la fiscal del caso, la acusación particular, en representación del padre de la niña, y las populares Clara Campoamor y Adavasymt han mantenido su petición de prisión permanente revisable para Roberto Hernández, junto con otras condenas para él de entre 22 y 24 años de cárcel a mayores, además de las oportunas medidas de seguridad e indemnizaciones correspondientes.
Las discrepancias se han producido en cuanto a Davinia Muñoz, ya que tan sólo las acusaciones populares han decidido mantener también la prisión permanente revisable para ella, amén de otras penas de entre 21 y 22 años, mientras que la fiscal del caso ha eliminado la prisión permanente y ha situado la petición de condena en veintisiete años y once meses.
La letrada del padre biológico, por su parte, era la única que no pedía condena para la madre.
En el lado opuesto, las defensas, mucho más lacónicas y frente a la inicial petición absolutoria, se han limitado a pedir al magistrado la imposición de las penas mínimas.
El veredicto, al que en próximos días seguirá la sentencia que se encargará de dictar el magistrado que ha presidido la sala, Feliciano Trebolle, pone el punto y seguido –el fallo, con toda seguridad, será recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia– al juicio con jurado más largo de los celebrados hasta ahora en la historia judicial vallisoletana que se inició el pasado día 25 de abril y que en algunas fases, como el día de la pericial forense, se ha celebrado a puerta cerrada debido a la crudeza de las fotografías de la autopsia de la pequeña.
El origen del trágico desenlace de Sara se remonta a la relación de noviazgo que su madre Davinia Muñoz inició a mediados de mayo de 2017, cuando aún ella seguía conviviendo en el domicilio familiar con su pareja y padre biológico de la pequeña, y casualmente, como así han venido a coincidir todas las acusaciones, a partir de ahí la víctima, de forma sospechosa, comenzó a padecer todo tipo de lesiones, golpes y hasta alguna quemadura.
PROTOCOLO DE MALOS TRATOS
No fue hasta el día 11 de julio cuando la madre, una militar destinada en el Palacio Real de Valladolid, decidió llevar a la pequeña al Servicio de Pediatría del Hospital Campo Grande para ser atendida de un fuerte hematoma en los labios y allí los facultativos, alertados por la cantidad de lesiones hallados en todo el cuerpo de Sara, activaron el protocolo de malos tratos.
«Tenía el culete, literalmente, cosido a hematomas», dijo gráficamente en el juicio una médico que la atendió.
Sin embargo, los Servicios Sociales de la Junta no recibieron el encargo de Fiscalía de iniciar una investigación, por correo ordinario, hasta el día 25 del mismo mes, casi quince días después.
La entrevista que los funcionarios de la Junta mantuvieron al día siguiente con Davinia Muñoz y las niñas ya les hizo sospechar, si bien no lograron volver a mantener encuentros con ellas debido a las largas dadas por la madre y ni siquiera consiguieron que los días 28 de julio y 1 de agosto les franqueara la puerta del domicilio.
Para cuando el día 2 de agosto las técnicos de los Servicios Sociales llamaron a Davinia Muñoz por teléfono para comunicarle que se hacían cargo de la tutela de Sara, ya era tarde.
Al otro lado del teléfono la madre les advirtió entonces de que su hija yacía intubada, en muerte cerebral, en la UCI pediátrica del Clínico Universitario, donde falleció al día siguiente a causa de un traumatismo craneoencefálico sufrido fruto del posible zarandeo y golpeo de la cabeza de la niña con una superficie roma.
La autopsia practicada objetivó ya entonces una multiplicidad de lesiones, características del denominado ‘síndrome del niño apaleado’, con moratones de distinta evolución por todo el cuerpo que, según determinaron los forenses, no eran accidentales, así como evidentes muestras de haber sufrido una violación anal y vaginal, no consumada del todo debido a la constitución anatómica de la víctima.
Junto a los indicios de la autoría por parte de Roberto Hernández, las acusaciones añadieron los whatsapp intercambiados entre los acusados reveladores de la «obsesión» que él tenía por la víctima («Sara es mía» o «la voy a comer el culete»); su oposición a que fuera atendida por médicos, el «temor» que infundía el acusado a Sara o la «extrema tristeza» que ésta mostraba en las últimas fotos antes de morir, coincidiendo con la entrada de su presunto verdugo en la vida de la madre.
RESTOS DE ROBERTO EN LAS UÑAS DE LA NIÑA
Como vestigios objetivos de la culpabilidad de Roberto, las acusaciones enumeraron en el juicio el hecho de que era el único adulto que había en la casa, el mechón del pelo de Sara hallado en el pantalón corto que el acusado usaba a modo de pijama y, sobre todo, los restos biológicos encontrados bajo las uñas de la niña, prueba más que evidente de que ésta trató de defenderse sin éxito, si bien esa lucha quedó también reflejada en forma de arañazos en las manos y antebrazos del presunto autor del crimen.
En cuanto a la propia madre, los acusadores, a excepción de la letrada del padre biológico, se mostraron contundentes al afirmar, en palabras de la fiscal, que «conocía y consentía» los malos tratos sufridos por la pequeña y pese a ello «dio prioridad absoluta a su relación de pareja, antepuso su interés egoísta y jugó a la ruleta rusa con su hija». EP.
