SERVIMEDIA.- Aleix tiene 22 años y padece un trastorno del espectro del Autismo (TEA) con un grado de discapacidad del 75%. El año pasado empezó el ciclo de FP de Hostelería en el Centro Público Integrado Costa de Azahar de Castellón, pero desde enero está en casa. Un juzgado de lo contencioso administrativo de Castellón ha fallado a favor de la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana que rechazó su matriculación en el grado por considerar que Aleix no estaba capacitado para seguir los estudios.
Sus padres recurrieron dicha resolución, por lo que el juzgado dictó medidas cautelares y Aleix realizó el curso.
Sin embargo, en diciembre de 2018 la familia recibió la noticia de que las medidas cautelares se terminaban y desde enero, Aleix está en casa sin poder volver a clase.
A él y a sus padres solo les queda esperar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resuelva el recurso que han presentado contra dicha sentencia, pero mientras tanto denuncian la situación: «mi hijo está en casa, con ansiedad, y nadie sabe el daño que le están haciendo».
Así lo afirma Ana Solsona, madre de Aleix, para quien «su hijo es víctima de un claro ejemplo de discriminación» por discapacidad.
«Educación dice que no está preparado para seguir estos estudios», pero lo cierto es que «con los apoyos y con los ajustes razonables a los que tiene derecho por ley, mi hijo puede seguir perfectamente las clases», afirma.
No opinan lo mismo desde la Consellería de Educación, donde aseguran a Servimedia que «la familia no acepta la situación del alumno, ni los informes de expertos del centro de FP Costa de Azahar, ni los de la inspección educativa».
Todos ellos son contrarios a la matriculación del joven en dichos estudios, refiere.
FALTA DE APOYOS
Según Ana, Aleix ha demostrado que «sí es capaz durante todo el primer año en que fue a clase» y ello a pesar de que «nadie de Educación se presentó en la escuela a ayudarlo». «En todo un año no vimos ni a un solo profesor de apoyo para Aleix», denuncia.
Según Ana, «ha sido su padre quien le ha adaptado temarios, quien le ha ayudado con los deberes y quien por las tardes le explicaba todo.
«Tampoco fue nadie de la conselleria a asesorar a sus profesores sobre la situación» del joven, añade.
Aún así, Ana tiene motivos para estarles agradecida. «Pese a que en un principio el director se oponía a que matriculásemos a Aleix y a que sabemos que muchos no tienen ninguna formación específica en discapacidad, «se han interesado por su caso. Uno de ellos vino incluso a casa para ver cómo le adaptábamos los temas a Aleix para aprender».
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Según la Generalitat Valenciana, el Gobierno trabaja en profundidad en la inclusión educativa y es muy sensible a facilitar todas las posibilidades y adaptarse a las necesidades de cada alumno. Ejemplo de ello es la orden sobre educación inclusiva publicada hoy mismo, que regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros valencianos, armoniza la distinta normativa existente, simplifica los procedimientos, facilita más coherencia en el desarrollo normativo y flexibiliza el acceso al segundo ciclo de Infantil al alumnado con discapacidad intelectual o retraso madurativo.
Asimismo, desde Educación sostienen que «la Dirección Territorial ha hablado en todo momento con la familia de Aleix y realizó un seguimiento personalizado del caso».
«Siempre se ha velado por los derechos del alumno y se han adecuado las soluciones a su caso concreto», refieren.
En este sentido, se expusieron a la familia todas las posiblidades, que, a juicio de los especialistas, existían para Aleix.
Desde el Centro Ocupacional en que se hallaba se propusieron varias medidas, pero la familia rechazó matricularle allí.
SENTENCIA PIONERA
Según explican los padres y el abogado de la familia, Juan Rodríguez Zapatero, Educación aduce que «Aleix no tiene capacidad intelectual suficiente para seguir las clases».
Por este motivo se opuso a la matrícula, y esta es la misma razón por la que el juzgado de lo contencioso-administrativo dio la razón a la Generalitat, pues «se basa en los informes de la Inspección educativa».
«Lo que ocurre es que en ningún momento se le han prestado los apoyos que necesitaba, y eso contradice la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad» firmada por España, explica Rodríguez Zapatero.
En su opinión, esta sentencia «puede ser pionera en este sentido», pues supondría reconocer que las personas con discapacidad pueden permanecer en la FP ordinaria más allá de los 21 años.
«Ya hubo un fallo que reconocía este derecho en la educación Especial, pero hasta hoy no hay precedentes en la ordinaria, que es la mejor modalidad para Aleix.
Según su madre, «elegimos la FP de segunda oportunidad (a través del programa de Garantía Juvenil) porque todos los requisitos que exigía, Aleix los cumplía de sobra: ser mayor de edad, haber dejado la ESO, pertenecer a un colectivo en riesgo de exclusión, etc.
El problema, a su juicio, es que en «la misma situación hay muchos chicos y chicas con discapacidad intelectual, y si se lo conceden a él son cientos los que vendrían detrás».
Y, pese a todo, Ana está convencida de que esta opción es lo mejor para su hijo: «Le va a preparar para tener un empleo el día de mañana y (con los apoyos necesarios) ser independiente».
«Por eso es tan importante, por eso duele tanto que lleve cinco meses en casa», relata.
«¿Cuál es la alternativa que nos ofrecen? Del centro especial al centro de día, y siempre aparcados. No queremos eso para Aleix y, sobre todo, no lo quiere él», resume.
