La Comisión Europea ha lanzado este martes un debate para agilizar el procedimiento a nivel comunitario de normativas que aumenten la protección contra la discriminación por orientación sexual, religión y personas con discapacidad, entre otras cuestiones, y plantea también facilitarlo en el caso de reglas para modernizar e impulsar la convergencia entre sistemas de protección social.
EUROPA PRESS. LA VANGUARDIA.- La Comisión Europea ha lanzado este martes un debate para agilizar el procedimiento a nivel comunitario de normativas que aumenten la protección contra la discriminación por orientación sexual, religión y personas con discapacidad, entre otras cuestiones, y plantea también facilitarlo en el caso de reglas para modernizar e impulsar la convergencia entre sistemas de protección social.
No obstante, el documento del Ejecutivo comunitario no tiene la forma de propuesta legislativa y se limita a abrir el debate en este asunto entre las instituciones europeas y todas las partes interesadas. La idea es pasar del voto por unanimidad entre los Estados miembros que rige en la actualidad las decisiones sobre estos temas a un voto por mayoría cualificada.
Es decir, pasar a un sistema en el que las normativas sean aprobadas si votan a favor de las mismas un 55% de los Estados miembros de la UE y éstos representan al menos al 65% de toda la población comunitaria.
En concreto, Bruselas considera que la UE cuenta con un «amplio» marco legal para garantizar la igualdad de género y combatir la discriminación racial. Pero argumenta que las «limitaciones» relacionadas con la norma de la unanimidad están impidiendo que este sea también el caso en la discriminación por creencias y religión, orientación sexual, edad o personas con discapacidad.
Según sus datos, el 12% de la población del bloque comunitario considera que forma parte de un grupo social que está en riesgo de sufrir algún tipo de discriminación. Además, uno de cada cinco personas encuestadas afirma haber sufrido discriminación o acoso en los doce meses anteriores.
En un segundo paso, la Comisión Europea ha sugerido la posibilidad de extender estos cambios también a las recomendaciones en materia de seguridad social y protección de trabajadores, con el objetivo de facilitar el proceso de modernización y convergencia entre socios comunitarios.
No obstante, Bruselas ha precisado que el paso a mayoría cualificada en esta materia no supondrá un cambio de responsabilidades, puesto que la UE mantendrá el alcance y condiciones de sus competencias y los Estados miembros seguirán estableciendo las características de sus sistemas de seguridad social.
«Dentro de su diversidad, los Estados miembros se esfuerzan en lograr una sociedad más justa, basada en la igualdad de oportunidades y en una economía social de mercado con perspectivas de futuro. Con los cambios en el mercado laboral, debemos ser capaces de utilizar al completo nuestras herramientas para hacer frente a los desafíos comunes», ha destacado la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen.
