El club abre expediente a 747 socios más por la venta ilícita de entradas
EFE. LA VANGUARDIA.- El Barça anunció este lunes que se han identificado a 26 personas implicadas en los incidentes que tuvieron lugar en Lyon con motivo del partido de octavos de final de la Champions League. Cinco son socios, nueve son peñistas y doce son seguidores azulgrana. A la espera de la decisión de la Comisión de Disciplina, el club ha bloqueado el acceso a entradas y a viajes a estas 26 personas.
Además, el Barcelona desveló la apertura de un expediente a 747 socios por la cesión de sus datos personales para la compra masiva y fraudulenta de entradas, una actividad que, según los cálculos del club ha supuesto la pérdida de unos 1,5 millones de euros. Después de la reunión ordinaria de la junta directiva, el portavoz de la entidad, Josep Vives, explicó que el club rescindió, además, el contrato que tenía con tres tour operadores implicados en la compra y posterior reventa de estas entradas.
Esta acción se produce un año después de la sanción realizada a 2.821 socios, que en el clásico del pasado curso celebrado en el Camp Nou cedieron sus abonos a una red que se dedicaba a falsificar las entradas de dicho encuentro. En la actividad fraudulenta descubierta esta temporada por el club, la metodología es distinta: los socios cedían sus datos personales (clave de acceso y código pin) a terceros para la compra masiva de entradas que, después, vendían a otros aficionados. De esta manera, los operadores tenían acceso a miles de entradas en condiciones de precio y cantidades muy ventajosas, lo que les permitía lucrarse con la reventa de las mismas.
“La gente busca otros caminos para evitar la lucha contra el fraude. Por lo que hemos podido cuantificar, la acción de los 747 socios de manera continuada habrá supuesto un perjuicio de 1,5 millones de euros para el club”, denunció Vives. Por ello, la propuesta de sanción, que se comunicará inmediatamente a los implicados, está considerada de “muy grave” en los estatutos del club, por lo que puede comportar una suspensión de cuatro meses a dos años e, incluso, la pérdida de la condición de socio.
