El presidente del Tribunal Militar Central ha abierto un expediente disciplinario por falta grave al teniente coronel y juez castrense Miguel Ayuso, quien ha realizado numerosas declaraciones públicas contrarias a la Constitución y al Rey. En conferencias o en debates en la cadena de televisión Intereconomía, Ayuso ha atribuido a la Constitución un “origen bastardo y espurio”, ha calificado la Guerra Civil de “verdadera cruzada” y la represión franquista de “severa”, pero “legal”.
El presidente del Tribunal Militar Central, al que corresponde la potestad disciplinaria sobre los jueces castrenses, ha estimado que, con este tipo de manifestaciones, Ayuso puede haber vulnerado el artículo 8.32 de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que considera falta grave el “emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones o poderes o las personas y autoridades que las encarnan”.
Las sanciones que se pueden imponer por falta grave son el arresto de un mes y un día a dos meses en centro disciplinario militar o la pérdida de destino,
A pesar de que Ayuso hizo sus declaraciones en foros públicos y muchas de ellas pueden comprobarse en Internet, el Ministerio de Defensa no abrió una investigación hasta que EL PAÍS publicó el pasado 23 de septiembre un compendio de las mismas. De hecho, el teniente coronel no solo no había sido sancionado hasta entonces, sino que incluso había sido promovido para el ascenso a coronel. Los ocho generales que forman la junta de evaluación del Cuerpo Jurídico Militar clasificaron en julio pasado a Ayuso con el número 8 en una lista de 33 oficiales evaluados para el ascenso a coronel, lo que le garantizaría la promoción, ya que están previstas 10 vacantes. Ayuso mejoró incluso puestos en la lista cuando esta fue modificada, pues en la clasificación inicial se había quedado en el número 13, lo que le impedía ascender. La elaboración de esta lista provocó una crisis en Defensa que saldó con la destitución y pase anticipado a la reserva del asesor jurídico general, el general José Luis Poyato.
La apertura de un expediente disciplinario por falta grave no frustra, al menos por ahora, el ascenso de Ayuso, que no ha sido suspendido en sus funciones y sigue ejerciendo como juez togado en los tribunales de Madrid.
Se da la circunstancia de que los jueces militares imparten justicia “en nombre del Rey, con arreglo a los principios de la Constitución y las leyes” que Ayuso denosta. Alineado con la Comunión Tradicionalista, la rama más ultra del carlismo, Ayuso ha sido jefe de la secretaría de Sixto de Borbón, que niega a don Juan Carlos legitimidad para ocupar el trono.
De las críticas de Ayuso ni siquiera se han librado las leyes que regulan su ascenso. “Las Fuerzas Armadas”, afirmó el pasado 20 de enero, “sufren hoy una serie de leyes verdaderamente demoledoras que han acabado con el compañerismo, en las que se hacen una serie de evaluaciones en las que el mérito y la capacidad son exclusivamente criterios de cobertura de la arbitrariedad y el amiguismo”.
La impunidad con la que Ayuso ha realizó hasta ahora declaraciones públicas de carácter ultracatólico e ideológicamente alineadas con la extrema derecha contrastan con la preocupación del Estado Mayor del Ejército por la aparición en la tropa de brotes de “radicalismo ideológico, religioso o delictivo” y la adopción de una serie de medidas para evitar que lleguen a suponer una “amenaza a la seguridad”, según una nota reservada publicada el pasado día 19 por EL PAÍS. El documento no explicaba qué se entiende por “radicalismo ideológico”.
