El pleno del Parlament ha aceptado a trámite este miércoles un proyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación que prevé la creación de un órgano con potestad sancionadora contra actitudes o decisiones discriminatorias
EUROPA PRESS. LA VANGUARDIA.– El pleno del Parlament ha aceptado a trámite este miércoles un proyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación que prevé la creación de un órgano con potestad sancionadora contra actitudes o decisiones discriminatorias.
El conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, que ha presentado la iniciativa, ha defendido la necesidad de legislar en la materia por el auge de partido «que promueven el machismo, el racismo y la LGTBIfobia», y su repercusión mediática y electoral.
Ha asegurado que la ley será una herramienta tanto en la prevención de discriminaciones como en la actuación en situaciones no tipificadas penalmente: «Actuar en ámbitos de discriminación en los que la ley ahora no lo permite».
El articulado presentado por el Govern –los proyectos de ley los impulsa el Ejecutivo– establece la igualdad de trato y no discriminación por razones de nacimiento, nacionalidad, origen étnico o social, sexo, religión, opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual y enfermedad, y obliga a los poderes públicos a garantizarla.
Para lograrlo, prevé la creación de un órgano que medie y concilie en situaciones de violación de la igualdad que no tengan contenido penal o laboral y que pueda sancionar.
Se trata de una ley que la entonces consellera de Trabajo Dolors Bassa ya llevó al pleno en la pasada legislatura, pero que decayó al disolverse el Parlament por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y que tanto entonces como ahora se ha tramitado sin ninguna enmienda a la totalidad.
La diputada de Cs Noemí de la Calle ha afeado al conseller que el Govern haya vuelto a registrar este proyecto «sin haber cambiado una sola coma por poder decir que han aprobado algo en esta legislatura en la que no han dado palo al agua», y ha asegurado que la Constitución y el Estatut ya garantizan la igualdad de las personas.
Ha coincidido en esa valoración la diputada del PP Esperanza García, quien ha considerado necesaria pero no imprescindible una ley así, y ha pedido a los grupos independentistas que, en el trámite parlamentario, no conviertan el articulado «en una nueva afrenta a España».
La socialista Marta Moreta ha acusado al Govern «de falta de ganas para sacar adelante esta ley» y ha considerado indispensable abordar los actos que, sin suponer un delito, están asociados a la discriminación y a la incitación al odio.
Susanna Segovia (CatECP) ha lamentado que hayan aumentado los delitos de odio y discriminación en Cataluña y ha considerado necesaria una normativa que les ponga freno, «pero no esta ley y no así», sino mediante una regulación que conlleve cambios estructurales y que sancione.
La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha cuestionado el contexto en el que el Govern ha presentado el proyecto y su determinación para acabar con las discriminaciones: «¿Saben cuántas sanciones se han aplicado desde la entrada en vigor de la ley contra la homofobia? Nueve».
La republicana Najat Driouech ha llamado a «blindarse» ante las desigualdades, ha celebrado que el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, anunciara una ley contra el antigitanismo y ha puesto la expulsión de gitanos de Francia cuando Manuel Valls era ministro de Interior como ejemplo de discriminación.
Por parte de JxCat, Saloua Laouaji ha reclamado «poner los mecanismos, instrumentos y planes para afrontar la situación de agravios y discriminaciones» que augura que se producirán en el futuro.
