La comisión de Presidencia y Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición del PSC para elaborar un protocolo de cesión de espacios y equipamientos municipales que sancione los discursos de odio contra cualquier colectivo, y que sancione los ataques «LGTBIfóbicos, machistas o discriminatorios»
LA VANGUARDIA.- La comisión de Presidencia y Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición del PSC para elaborar un protocolo de cesión de espacios y equipamientos municipales que sancione los discursos de odio contra cualquier colectivo, y que sancione los ataques «LGTBIfóbicos, machistas o discriminatorios».
La proposición ha prosperado con los votos a favor de BComú, PDeCAT, ERC, PSC y CUP, con la abstención de Cs y el voto en contra del PP.
La socialista Carmen Andrés ha explicado que la petición responde a la noticia de que Vox había reservado para el 30 de marzo el recinto municipal Palau Sant Jordi, aunque después el consistorio anuló la reserva «por motivos de mantenimiento», y en consecuencia Vox ha convocado un mitin en la avenida Maria Cristina.
Andrés ha defendido que la ciudad debe estar «libre de odio y de intolerancia» y que la cesión de un espacio público debe responder a los principios de la diversidad, y ha apuntado que para evitar estos discursos se debe elaborar y aplicar un protocolo de usos de equipamientos públicos donde se definan sus principios de uso y la aplicación de sanciones si corresponde.
PREVENCIÓN
El teniente de alcalde de Derechos Sociales, Jaume Asens, ha compartido la petición de la proposición, ha dicho que las vulneraciones se tienen que afrontar también «con prevención», y, aunque ha votado a favor de la propuesta, ha asegurado que ya existen ordenanzas para sancionar actuaciones de este tipo.
Francina Vila, del PDeCAT, ha llamado a actuar de manera reactiva ante estos discursos, y el concejal de ERC Jordi Coronas ha apostado por que se evite el acceso a recintos públicos a cualquier formación «que no respete derechos básicos de la convivencia», mientras que Maria Rovira (CUP) ha dicho que la ciudad debe ser abiertamente antiracista y antifascista.
Desde la CUP además han dicho que Vox ha reservado una sala en el recinto Fira de Barcelona; sin embargo, fuentes de Fira consultadas por Europa Press han asegurado que «no hay ninguna reserva de Vox en el recinto» y que solo les consta la noticia de una movilización en la avenida Maria Cristina.
Desde Cs, Marilén Barceló ha dicho que también se debería poner límites a otros colectivos, como Arran y la CUP: «Se tendrían que retirar sueldos públicos a ciertas organizaciones que utilizan amenazas», ha sostenido, mientras que el popular Javier Mulleras ha descartado apoyar el veto a una formación legalizada.
