Los menores no pueden viajar, acceder a ayudas o federarse en equipos deportivos. Las familias de acogida exigen una solución
MARÍA SOSA TROYA. EL PAÍS.- La niña sufre una discapacidad severa, pero no puede cobrar la ayuda a la que tiene derecho. “Para el sistema no existe”, escuchó Justi Carretero, su madre de acogida, al pedir la prestación. Nació en España, pero sus padres biológicos, rumanos, no la registraron en el consulado. Al poco, la Administración española asumió su tutela y pasó a vivir con esta familia. Lleva ya cuatro años en su nuevo hogar. Oficialmente, no es ni rumana ni española. Solo dispone de su partida de nacimiento. No hay un documento que acredite su nacionalidad. Más de 200 menores de origen rumano que están a cargo del Estado —en centros o con familias de acogida— carecen de documentación, según fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. No pueden viajar, ni federarse en equipos deportivos, ni recibir algunas prestaciones.
En España, más de 17.000 menores bajo tutela de la Administración vivían en centros residenciales en 2017. Otros 19.000 —1.800 de ellos extranjeros—, en familias de acogida. También hay menores sin documentación de otros países, pero con Rumanía son comunes los problemas al resolver los casos, explican fuentes del ministerio. Representantes de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia se reunieron este martes con autoridades rumanas en Bucarest para tratar de encontrar una solución. Estas fuentes precisan que, si Rumanía no la otorga, la buscarán en España: “El objetivo es que estos niños puedan acceder a recursos de bienestar social”.
Entre los más de 200 menores hay casos de todo tipo. Desde quienes nacieron en España y no fueron registrados en el consulado al nacer, por lo que no ha quedado acreditada su nacionalidad, hasta aquellos que llegaron con documentación, pero no la renovaron.
Igualdad de condiciones
“Rumanía debe asumir su responsabilidad y permitir que los menores puedan registrarse o adquirir pasaportes. En el consulado no dicen que no directamente, pero piden papeles una y otra vez. Van dando largas”, se queja Carretero, que vive en un pueblo de Guadalajara.
Su hija de acogida sufre carencias motoras, sensoriales e intelectuales. “En casa gastamos entre 400 y 600 euros al mes en terapias, pero no podemos percibir la ayuda por discapacidad. Estos menores deben crecer en igualdad de condiciones”, reclama esta mujer de 57 años, que hace cuatro dejó de trabajar para cuidar a la niña. Carretero preside la Asociación de Familias de Acogida de España (Fades), que agrupa a un centenar de familias. “Rumanía debe reconocer a los niños o declinar hacerlo. Pero si no ocurre lo uno ni lo otro, estamos en tierra de nadie”, lamenta. “También criticamos a España por su dejación de funciones, es el país que protege a estos críos al ejercer su tutela. Debería dar una solución”, señala.
“Las autoridades españolas no pueden ordenar nada a las rumanas, pero sí solicitar la documentación, en tanto tutores legales de los niños. Un reglamento europeo de 2003 regula cómo debe certificar un Estado que está ejerciendo la tutela de un menor ante el país de origen. Y también la manera en que debe cursar la solicitud de los documentos. Ese certificado es válido y ejecutivo. Pueden dar largas, pero no negarse, o España podría elevar una queja”, asegura Beatriz Román, abogada experta en la materia. Ella ha logrado regularizar dos casos por este procedimiento.
En este reglamento está la clave del problema, según fuentes del ministerio. El artículo 21 establece que cuando la autoridad de un Estado miembro dicta una resolución, por ejemplo de tutela, debe ser reconocida y aplicable en el resto de países. Estas fuentes apuntan que Rumanía interpreta el reglamento de otra forma, aludiendo al artículo 28, por lo que cuando la Administración española se dirige al consulado exigen que la resolución de tutela se homologue en Rumanía, un trámite complejo que requeriría contar con abogados allí.
Fuentes de la sección consular de la Embajada de Rumanía aseguran, sin embargo, que esto no es problema. Explican que su disposición es solucionar estas situaciones y que “se busca la repatriación de los menores”, con independencia del tiempo transcurrido en España y su posible arraigo. Intentan localizar a familiares allí y, si reúnen las condiciones y quieren hacerse cargo de los niños, enviarlos de vuelta. Si no es factible, “como ocurre en muchas ocasiones”, pueden documentar de forma provisional a los menores. Estas fuentes afirman que los casos se suelen resolver en unos meses.
Petición de la nacionalidad
La abogada Beatriz Román apunta que si un país extranjero se niega a documentar a un menor, las autoridades españolas pueden regularizar su situación. “Habría que justificar que se niegan. Sería preciso enviar un requerimiento notarial al consulado. Si accede, dejará inscribir o renovar la documentación. Si no lo hace o no contesta, la Administración puede documentar al niño con una cédula de inscripción y regularizar su residencia en España”, continúa. “Un menor que haya pasado dos años tutelado tiene derecho a pedir la nacionalidad, si lleva al menos un año de residencia legal y continuada. También tienen derecho a pedir la nacionalidad los que hayan nacido en España de padres extranjeros y que hayan residido durante un año aquí”, cuenta. Entre 2014 y 2018, 580 menores tutelados por la Administración —no solo de origen rumano— solicitaron la nacionalidad, según el Ministerio de Justicia. De ellas, se concedieron 144.
Hace dos años, la situación de estos niños saltó a los medios. Un grupo de madres madrileñas comenzó a moverse. Recogida de firmas, reuniones, muchas reuniones. En la Comunidad se regularizaron una decena de casos, explica Carmen Parra, una de las impulsoras de la protesta y madre de acogida de dos niños cuyo de origen rumano. Fuentes del Gobierno regional lo confirman, aunque precisan que es necesario estudiar caso por caso. “Ahora mis hijos tienen DNI español. El niño tenía 10 años y acabábamos de salir de que jurara la Constitución. Me dijo: ‘¿Mamá, entonces ya soy español?’ La abogada que nos acompañaba le respondió que siempre lo había sido”, cuenta.
Casos como este son una esperanza para las familias. “Los niños van al colegio y tienen sanidad porque las comunidades, que ejercen la tutela, gestionan los papeles”, explica una madre que pide no identificarse. Reside en una pequeña localidad junto a varios hermanos de origen rumano que tiene en acogida. “Las mayores me dicen que, siendo europeas, se sienten ciudadanas de segunda. Una es muy buena en idiomas. No puede participar en el intercambio de su instituto, no puede viajar”, lamenta. “Otro de los niños, discapacitado, no puede conseguir una beca de logopedia porque no hay forma de rellenar de manera normal el formulario”, añade esta mujer, que tiene 45 años.
Dionisia Segovia, de 59 años, se convirtió en madre de acogida hace 12. Tiene una hija adolescente, de origen rumano, que vive con su familia desde entonces, en Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha). “Es un grupo pequeño de menores y nadie asume la responsabilidad. Son niños invisibles. Mi hija tuvo que dejar de jugar al baloncesto con sus amigas porque no podía federarse. Cuando sale del pueblo, me pregunta siempre. ‘Y si me piden la documentación, ¿qué hago?’ Yo le digo que me llame”, cuenta. “Ellos lo ven como una culpa, como una losa que tienen. Solo quieren ser normales, como los demás”.
“A LOS 18 TUVE QUE SALIR DEL CENTRO Y NO TENÍA PAPELES”
“Al cumplir los 18 años no sentí que empezara de cero, sino desde menos cinco. Tuve que salir del centro y no tenía papeles”, explica este joven, que prefiere no dar su nombre. Es la situación que se encuentran quienes, alcanzada la mayoría de edad, dejan de estar bajo la tutela del Estado sin haber conseguido regularizar su documentación. Él está a punto de cumplir 21 años y vive en Ciudad Real.
Llegó a España desde Rumanía con su familia cuando era pequeño. Entonces tenía el pasaporte en regla, pero no lo renovó nunca. Cuando la Administración asumió su tutela, su documentación estaba caducada desde hacía años. Las instituciones intentaron regularizar su situación, pero no lo lograron.
“Con 18 años tuve que salir del centro donde vivía y fui a un piso en el que nos dejan vivir a los chicos extutelados. Quería trabajar pero no tenía papeles, no podía”, explica. “Sobreviví gracias a lo que había ahorrado durante los meses en que había trabajado como monitor. No podía cobrar la ayuda a la que tenía derecho porque no podía abrirme una cuenta corriente. No tenía documentación”, se queja.
Recuerda lo ocurrido con horror. Tardó cuatro meses en regularizar sus papeles en el consulado. “Fue un palizón. Tuve que faltar a clase, ir de un lado a otro… y mientras sobrevivir como pude”, dice. Ahora, ya con su documentación en regla, sueña con conseguir la nacionalidad. “Llevo en trámites dos años. Me siento español. Llevo aquí toda la vida”.
