El Ejecutivo de Moreno cumple uno de los acuerdos suscritos entre PP y Vox
LOURDES LUCIO. EL PAÍS.- El inicio del cambio de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada sin votos en contra en la legislatura pasada, ha comenzado por su denominación. La norma, cuyo objetivo es preservar la memoria y garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y de la resistencia popular contra la dictadura, empieza a perder sus perfiles. Las competencias en esta materia recaerán en un nuevo Comisionado para la Concordia, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la última en el orden de prelación del Gobierno. El objetivo final es reformar la actual ley, aunque los socios del Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, ponen como condición el consenso entre todos los grupos.
Con esta iniciativa empieza a rodar uno de los acuerdos firmados por el PP y Vox que hizo posible la elección del popular Juan Manuel Moreno como sexto presidente de la Junta de Andalucía: la reforma de la ley de Memoria Democrática por otra de la Concordia. En el acuerdo de gobierno firmado por PP y Ciudadanos esta propuesta no figura. El partido de Albert Rivera dice que solo le obliga y concierne lo firmado por él.
La decisión del Gobierno tiene tintes ambidiestros. Por un lado, contenta a Vox, que garantiza con sus 12 diputados la mayoría absoluta en el Parlamento. Pero por otro, lanza la idea de que si no hay consenso de todos los grupos (PP, Ciudadanos, Vox, PSOE y Adelante Andalucía), la reforma no se hará. Los partidos de izquierdas no van a facilitar el cambio. De ahí que el Ejecutivo regional opte por una solución política muy habitual cuando no se sabe bien qué hacer: crear un comité de expertos o un grupo de trabajo para dar la sensación de que se avanza. En este caso, cambiar el nombre a la Dirección General de Memoria Democrática por la del Comisionado para la Concordia, cuyo trabajo consistirá en posibilitar ese gran acuerdo.
La actual ley fue aprobada en marzo de 2017 y salió adelante con el apoyo del PSOE, Podemos e Izquierda Unida, mientras que PP y Ciudadanos, que presentaron sin éxito 70 enmiendas, se abstuvieron. “Si no hay consenso, no va a haber reforma de la ley”, dijo el vicepresidente, Juan Marín, de Ciudadanos. Momentos antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, lo había dicho con palabras menos contundentes: “No queremos aprobar la ley por mayoría, sino por consenso, para eso no la tocamos, queremos ampliarla”. Por el momento, el Gobierno no especifica en qué consistirá esa ampliación. “Queremos ir más lejos, mejorar la ley para que todo el mundo se sienta cómodo, contento y representado», subrayó Bendodo. Hasta entonces, el Ejecutivo andaluz asumirá al 100% la actual ley de Memoria Democrática y seguirán adelante con las intervenciones en fosas comunes.
El presupuesto previsto por el anterior Gobierno socialista para la recuperación de los restos de víctimas 2 es de unos cinco millones de euros. “Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares”, señaló Bendodo a la pregunta de si se pararán las exhumaciones.
LA COALICIÓN EMPIEZA A MOSTRAR SU BIPOLARIDAD
Aunque desde el Gobierno andaluz de coalición se remarca que funcionan como uno solo, los decretos de estructura de las consejerías aprobados ayer y algunos nombramientos reflejan la bipolaridad del Ejecutivo y la influencia de Vox. Por ejemplo, en el reparto de las competencias sobre conciliación. Estas figuran en la Consejería de Salud y Familias, que dirige el PP, y en la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en manos de Ciudadanos, lo que plantea dudas sobre los criterios de eficiencia que esgrimen desde el Gobierno. El área de Comunicación Social, dedicada al reparto de la publicidad institucional, y que en principio iba a ser compartida por los dos socios de gobierno, ha recaído en el PP. Y de la creación del nuevo ente para gestionar, también a cuatro manos, la Radio Televisión de Andalucía (Canal Sur) nada se sabe, pero sí se intuyen las dificultades jurídicas para su creación. En cuanto a los nombramientos, ningún socio opina de los nombres propuestos por el otro. Pueden gustar o no, pero no se discuten.
