El Gobierno admite la dificultad del procedimiento, pero confía en sacar los restos del general en mayo, antes de las elecciones locales y europeas. La aprobación de los trabajos como «obra menor» por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial recibe 15 recursos en contra
JUAN RUIZ SIERRA / JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ / LUIS RENDUELES. EL PERIÓDICO.- Los restos de Francisco Franco no se van a mover en los próximos meses. La familia del dictador coordina una ofensiva de recursos judiciales contra la exhumación que está provocando nuevos retrasos en un proceso que ya está en su sexto mes de tramitación. Esta podría alargarse hasta mayo próximo.
El Gobierno lleva tiempo sin comprometerse en público con un plazo para exhumar los restos de Franco. Todas las fechas que han anunciado dirigentes de la Moncloa se han incumplido. Poco después de la moción de censura, Pedro Sánchez aseguró que los restos del dictador estarían fuera del Valle de los Caídos antes de verano. Cuando el Ejecutivo aprobó la modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitirá el traslado, la vicepresidenta, Carmen Calvo, puso como fecha límite diciembre del 2018. Pero Franco sigue en su tumba de Estado.
En la Moncloa reconocen que están atados de pies y manos. Están convencidos de que ganarán todas las acciones judiciales de los nietos de Franco porque la ley está de su parte y «se ha extremado el celo en el procedimiento para evitar sorpresas de última hora», pero al mismo tiempo admiten su escaso margen de maniobra para acelerar la exhumación. «Si una de las partes quiere dilatar un procedimiento como este, aunque no tenga razón, lo puede hacer. El sistema judicial es muy garantista», explican en el equipo de Calvo, que pilota la exhumación.
Aun así, en el Ejecutivo anticipan que el cuerpo del dictador podría salir del Valle de los Caídos en mayo, antes de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de ese mes, permitiendo a los socialistas encarar los comicios con una de sus iniciativas más simbólicas ya ejecutada.
Suspensión cautelar
Los cálculos del Gobierno coinciden con los plazos de los recusos que prepara el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina. Cuando el Ejecutivo publique el decreto de exhumación, se abrirá un periodo de dos meses para que las partes recurran. Utrera-Molina planea presentar el correspondiente recurso y, también, pedir la suspensión cautelar de la exhumación ante el Tribunal Supremo, lo cual abrirá otro plazo de repuesta de entre 20 días y un mes.
Los nietos del dictador están convencidos, además, de que también recurrirán otras partes personadas en el procedimiento: la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco y la comunidad benedictina de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Todas ellas orbitan en torno a la familia Franco.
Los benedictinos alegarán que en el primer decreto, el que dio inicio al proceso el pasado verano, se les reconoce potestad sobre la basílica, donde están enterrados 33.833 muertos de la guerra civil.
Encabezados por el prior Santiago Cantera, ex candidato municipal de Falange, los monjes alegarán daños a terceros, porque entienden que el decreto del 24 de agosto, al señalar que solo pueden yacer en el Valle de los Caídos muertos en combate o por la represión en retaguardia, implica tener que exhumar a 172 seglares y 19 monjes enterrados en el valle que, como Franco, no murieron en la guerra.
Todos los nietos de Franco permanecen unidos en esta ofensiva, según su abogado. Y están convencidos de que, si se ultima la exhumación, el Gobierno no podrá impedir que Franco sea reinhumado en la catedral de La Almudena, pues el propio decreto de agosto reconoce a la familia la decisión.
La defensa no cree válido el argumento de la Ley de Seguridad Ciudadana con el que amaga el Gobierno para impedir ese emplazamiento (sosteniendo que podría dar lugar a desórdenes públicos), ya que esa ley prevé restringir el paso a lugares determinados en actos puntuales (manifestaciones, partidos de fútbol…) pero no proscribir el acceso permanentemente a un sitio.
Quince recursos
En la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término está el Valle de los Caídos, se han presentado ya 15 recursos contra la decisión del Ayuntamiento de autorizar técnicamente la exhumación de Franco. Once de esos recursos han sido presentados ante diversos juzgados de lo contencioso y otros cuatro directamente al Ayuntamiento.
Uno de los recursos es de la familia Franco, otro de la Fundación Francisco Franco, y el resto de particulares, todos ellos simpatizantes más o menos cercanos a la Fundación. En algunos casos, según fuentes municipales, «se repiten párrafos casi calcados».
Estos recursos siguen tres vías de argumentación: unas supuestas irregularidades en el nombramiento del director de Patrimonio Nacional, Víctor Cageao, que firma el proyecto; que la obra atenta contra la protección especial urbanística que rige sobre el Valle de los Caídos como bien «de excepcional valor arquitectónico o significación cultural» o, en la mayoría de los recursos, considerando incorrecta la licencia de «obra menor» con la que, como adelantó EL PERIÓDICO, tramita los trabajos el Ayuntamiento.
Sin embargo, el consistorio lo sigue considerando obra menor, según fuentes municipales, «porque no se podría considerar de otra forma con la información de los trabajos que nos remitió el Ministerio de Justicia». Discrepa el concejal Carlos Zarco, de Alternativa Municipal Española, veterano funcionario de Patrimonio Nacional: «Siguen cayendo recursos, y seguirán llegando. El Ayuntamiento se ha metido en un charco».
Es uno de los pasos previstos en el decreto: el municipio contestó al Ministerio de Justicia el pasado 30 de noviembre dando el visto bueno a un informe técnico de Patrimonio Nacional que valora la obra en 3.738 euros (con IVA). Según la respuesta municipal, a la que ha tenido acceso este diario, los trabajos prevén el «levantado de losas de mármol para posibilitar la retirada de la losa de granito» que tapa la tumba. Después, la «retirada y depósito de la losa al lugar asignado para ello».
Más tarde, la extracción de los restos del dictador, a la que seguirá una «formalización de muretes para el apoyo del forjado del hueco excavado, resolviéndose este mediante la colocación de rasillones y capa de compresión». Y por último, la «colocación de las seis losas de mármol negro de Marquina» (Vizcaya) y la «reposición de las losas que pudieran verse afectadas en la fase de retirada de la losa de granito».
No firma el arquitecto
El informe municipal de visto bueno -que fue entregado al gabinete de la ministra Dolores Delgado y a la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, recusada sin éxito por la familia Franco- fue firmado en tiempo récord para este tipo de trámites -siete días- por el aparejador municipal, Antonio Rosado. El documento no lleva la rúbrica del arquitecto municipal, pese a que, estando prevista la construcción de un forjado donde hoy está la losa –»Y eso afecta a la seguridad de las personas», recuerda el abogado Utrera-Molina- es preceptivo que sea él y no un subordinado quien lo firme.
El informe técnico no prevé otros detalles, como que en el interior de la tumba no solo están el féretro y los restos de Franco. No prevé, por ejemplo, qué se hará con con las cuatro placas de metal que adornan el interior de la tumba, una con el escudo de España, otra con el de la casa civil del dictador, otra con el de capitán general y otra con símbolos falangistas.
Las seis losas de mármol negro a las que se refiere el informe son las que estaban en el suelo de la parte trasera del altar de la basílica antes de noviembre de 1978, cuando fueron retiradas para abrir sitio a Franco. Y ese detalle no es baladí: el Ayuntamiento escurialense considera esos trabajos «urbanísticamente admisibles» solo porque «son obras de recuperación encaminadas a la restitución de las condiciones originales» del templo. La normativa urbanística de San Lorenzo de El Escorial solo permite ese tipo de obra en los numerosos bienes protegidos de su término municipal. El Valle de los Caídos es uno de ellos: tiene esa calificación en las normas subsidiarias municipales de 1999.
Pero el cálculo del precio de la obra en menos de 4.000 euros es muy optimista, en opinión del concejal Zarco: «Le cuesta más a cualquier vecino de San Lorenzo alicatar una cocina que al Estado abrir la tumba de Franco». El cálculo de Patrimonio no tiene en cuenta detalles que encarecen el presupuesto como, por ejemplo, la maquinaria: habría que meter una grúa sobre ruedas hasta el altar de la basílica para elevar la losa de 2.000 kilos que cierra la fosa de Franco.
La secretaria municipal de San Lorenzo de El Escorial, Carmen Toscano, ha reconocido a los grupos políticos del Ayuntamiento que los recursos «colapsan» el trabajo de los funcionarios municipales. «Tenemos que enviar el expediente repetidamente a cada uno de los juzgados» ante los que recurren la «obra menor» los particulares, ha contado a los grupos políticos.
Los recursos se están presentando ante cuatro juzgados distintos de la localidad. El consistorio está esperando que esos recursos ya en trámite judicial se acumulen en una sola causa, y que en esa causa se persone también el Ministerio de Justicia. Y todo eso también llevará su tiempo.
