El proceso legal ha durado más de cinco años, ahora el reto es la lucha contra la homofobia
JOSÉ NARANJO. EL PAÍS.- Angola se acaba de sumar al club de países africanos, una veintena, donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son delito. Tras un proceso que ha durado más de cinco años en el que han participado asociaciones LGTBI, organismos internacionales, jueces, abogados, técnicos del Gobierno y los propios diputados del Parlamento, la ley ya no castiga la homosexualidad y, además, establece sanciones para quien discrimine a una persona por su orientación sexual.
“Todo comenzó por la salud”, asegura Carlos Fernandes, presidente de la asociación Iris Angola, “para constituirnos legalmente como colectivo lo hicimos bajo el pretexto de la lucha contra el SIDA y en colaboración con otras asociaciones ciudadanas. No estábamos solos”. La citada red empezó entonces a trabajar junto a los ministerios de Educación, Sanidad, Familia y Juventud en temas como prevención y acceso a la salud. El puente hacia el reconocimiento de derechos a la población LGTBI empezaba a construirse.
Como en muchos países africanos, la homofobia y la transfobia están muy extendidas en Angola. Imanni Da Silva, reconocida como la primera modelo transexual africana, ha sufrido numerosos ataques a través de las redes sociales, tanto antes como después de su operación de cambio de sexo en Londres en 2011. “Hay gente que se esconde detrás de un ordenador para atacar a los demás”, asegura, “pero no me puedo olvidar de que hay muchas personas en Angola que sufren violencia física, incluso dentro de sus casas”.
Tras la creación de Iris Angola, el siguiente paso fue abrirse al apoyo y la experiencia internacional. “Uno de nuestros grandes socios fue la asociación Lambda, de Mozambique, que logró la despenalización en 2015, así como ONUSIDA o el PNUD. Hicimos un trabajo de campo para investigar cómo las leyes ponían barreras al acceso de la comunidad LGTBI a la salud. Entonces se crearon comisiones de trabajo en el Parlamento donde planteábamos nuestras recomendaciones”, explica Fernandes.
Había llegado el momento de la política. Angola estaba inmerso desde finales de la década pasada en la redacción de un nuevo Código Penal que sustituyera al entonces vigente, que databa nada menos que de 1886 y fue importado de Portugal. En este texto legal se castigaba con seis meses a tres años de cárcel a quienes practicaran “actos contra natura”. Aunque estas penas nunca se aplicaron –ningún homosexual ha sido encarcelado por serlo- lo cierto es que no habían sido abolidas en ningún momento.
En aquellas comisiones parlamentarias, las propuestas de la comunidad LGTBI fueron escuchadas y evaluadas por primera vez por diputados, jueces, fiscales, técnicos de distintos ministerios. “No queríamos una ley específica, sólo que se reconocieran nuestros derechos”, añade Fernandes. «Lo más importante era retirar ese artículo del Código Penal y que se protegieran las diferentes orientaciones sexuales y de género. Según esta legislación se podía insultar o agredir a un homosexual sin que la persona sufriera castigo por ello”, añade.
Tras años de discusión, nuevos vientos políticos propiciaron el cambio. El 23 de agosto de 2017 se celebraron elecciones presidenciales en Angola y por primera vez desde hacía casi 40 años José Eduardo Dos Santos no se presentaba. El ganador de dichos comicios fue Joao Lourenço, quien venía avalado por el expresidente pero que desde su llegada al poder decidió desmarcarse de su antecesor emprendiendo un feroz combate contra la corrupción y abriendo nuevas vías de participación política y social. El terreno estaba abonado para aprobar, por fin, un nuevo Código Penal.
“No fue un político en concreto, fue la mayoría parlamentaria la que aprobó la despenalización con 155 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones”, añade Fernandes. El artículo quedó excluido, pero además se fija pena de hasta dos años de cárcel para quien discrimine a una persona por su orientación sexual. Sin embargo, el reto ahora es la lucha contra la homofobia. “Hay que seguir trabajando la sensibilización con familias, policías, en la escuelas. No pedimos que nos acepten, si no les gustamos que se guarden su opinión para ellos y al menos que no nos ataquen”, pide.
Imanni Da Silva coincide en que “este ha sido un paso significativo pero queda mucho camino por recorrer, especialmente en el reconocimiento de los derechos de la comunidad trans. En Angola, por ejemplo, está prohibido el cambio de sexo, incluso en las clínicas privadas”.
