Una treintena de colectivos y familiares de víctimas del franquismo ha impulsado una campaña que acabará con varias querellas para juzgar al exministro Martín Villa por los crímenes cometidos durante la dictadura y la Transición
NACHO DEL RÍO. LA SEXTA.- En la tarde del 3 de marzo de 1976, Francisco Aznar (17 años), Romualdo Barroso (19), Pedro María Martínez (27), Bienvenido Pereda (30) y José Castillo (32) fueron asesinados. Los cinco se encontraban en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís celebrando una asamblea para valorar y seguir organizando el movimiento sindical que había movilizado a todo el país. Era día de huelga, y los ánimos estaban caldeados desde la madrugada; especialmente en Vitoria, que venía de parones periódicos desde enero y donde se habían registrado diversos ataques con armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Por aquel entonces, iglesias y parroquias permitían la entrada de estudiantes y trabajadores para que celebraran allí sus encuentros y consensuaran las posteriores acciones de protesta por la regulación salarial y la mejora de los derechos laborales. Ese día, el 3 de marzo, que obtuvo un seguimiento masivo, no iba a ser menos. Tampoco fue menor la represión policial inherente, también norma común frente a las continuas manifestaciones. El templo religioso de Vitoria se llenó de miles de huelguistas; tantos, que muchos se quedaron fuera.
Pasadas las 17.00 horas, tuvo lugar la tragedia. La Policía Armada, dependiente de Manuel Fraga, entonces ministro de la Gobernación que operaba en estos conflictos en conjunto con Rodolfo Martín Villa, titular del extinto Ministerio de Relaciones Sindicales, creó un cordón alrededor y exigió el cese de la asamblea. El párroco impidió su entrada en el recinto: «Aquí no está sucediendo nada excepcional, la gente está reunida tranquilamente». Los agentes, una veintena según afirmó tiempo después el propio Martín Villa, insistieron en poner fin al encuentro. «No van a salir«, espetó el cura.
Instantes después, comenzó la represión bajo la orden del gobernador civil, Rafael Landín. La Policía lanzó numerosos botes de gas lacrimógeno que inundaron de humo y pánico la sala. Hubo una pequeña estampida en el intento de salir de la iglesia. Los primeros en salir fueron golpeados con porras y pelotas de goma, y los siguientes recibieron balas de fuego. En total, hubo más de un centenar de heridos (se dice que alrededor de 150) de diversa consideración, decenas por herida de bala. En el lugar de la masacre perecieron Romualdo, Pedro y Francisco. Poco después lo harían José y Bienvenido.
Tanto Landín como los agentes presentes, capitaneados por el militar Jesús Quintana, excusaron el ataque aludiendo a la agresividad con la que los trabajadores salieron de la iglesia. Martín Villa, responsable de anticiparse y decretar soluciones pacíficas ante sucesos como la Matanza de Vitoria, fue señalado por las organizaciones sindicales y por la ciudadanía, que durante las semanas posteriores a estos asesinatos se vio envuelta en violentos enfrentamientos con la Policía Armada y otros tantos refuerzos de seguridad que envió Fraga a la capital vasca para poner fin a los altercados. No fue este el único episodio de violencia en el que se vio implicado Martín Villa, a quien acusaron de ir a «rematar los heridos» durante la breve visita a las víctimas que hizo junto a Fraga; tampoco fue el único del que salió airoso por la Ley de Amnistía de 1977.
La razón de este suceso ha provocado que, más de cuatro décadas después, una treintena de asociaciones y familiares de las víctimas de la tragedia de Vitoria y otros tantos asesinados durante la Transición se hayan reunido para exigir que Martín Villa comparezca por estas muertes, con la presentación de varias querellas para que sea juzgado. «Fue uno de los principales artífices de este proceso y de su política represiva», reza el manifiesto que con el que le piden responsabilidades.
Ya en 2014, la jueza argentina María Servini, encargada de abrir varias causas judiciales desde el país latinoamericano para investigar los crímenes del franquismo, envió una orden de detención internacional contra el exministro de Gobernación para que diera explicaciones sobre estos hechos. Si bien Martín Villa se ha mostrado gran parte del tiempo interesado en declarar. «Voy a solicitar poder declarar ante la juez. Procuraré hacerlo de la forma más cómoda y más segura para mí, pero lo voy a hacer. Así lo he pensado desde el principio». No obstante, nunca ha podido ser extraditado para declarar porque el Gobierno no lo ha permitido. Además, según apunta la abogada Ángeles López, que forma parte de la campaña para que Martín Villa sea juzgado, la Fiscalía española ha impedido que sea interrogado en España al estimar que los delitos ya han prescrito.
Martín Villa, la ‘Porra de la Transición’
Entre julio de 1976 y abril de 1979, tiempo en el que Martín Villa pasó a ocupar la cartera de Gobernación —renombrada como Ministerio del Interior un año después— con Adolfo Suárez al frente del Gobierno, la represión no cedió. Conocido popularmente como la ‘Porra de la Transición’ por las brutales y violentas cargas policiales registradas, durante su mandato murieron asesinados centenares de personas por «violencia política de origen institucional».
‘Normi’ Menchaca, Francisco Javier Verdejo, Jesús María Zabala, Bartolomé García, Carlos González, Ángel Almazán, Juan Manuel Iglesias, Arturo Ruiz, María Luz Nájera, Pancho Egea, José Luis Aristizabal, Ángel Valentín, Isidoro Susperregui, Rafael Gómez, José Luis Cano, Carlos Gustavo Frecher, Miquel Grau, Manuel García Caparrós, Javier Fernández Quesada, Rodríguez Ledesma, Gustavo Adolfo Muñoz o Ursino Gallego fueron algunos de los manifestantes que murieron durante las cargas policiales —entre palizas, torturas y disparos con pelotas de goma y fuego real— dirigidas por Martín Villa. El diario Público se encargó en 2017 de dar rostro y memoria a muchas de las víctimas de una Transición.
No solo hubo manifestantes asesinados. En tiempos de una España que caminaba de forma ‘pacífica’ hacia la democracia, numerosos comandos ultraderechistas y defensores de la estructura franquista actuaron con libertad y total impunidad. A recordar quedan Luis Javier Benavides (26 años), Enrique Valdevira (34), Ángel Rodríguez (26), Francisco Javier Sauquillo (29) y Serafín Holgado (27), víctimas de la Matanza de Atocha en enero del 77. Sus autores, Carlos García Juliá, huido de la justicia desde 1994 tras conseguir la libertad condicional y detenido el pasado mes de diciembre; Fernando Lerdo de Tejada, en paradero desconocido desde su fuga previa a la celebración del juicio; y José Fernández Cerrá, que permanece en el anonimato tras estar 15 de los 193 años de prisión a los que fue condenado. Ninguno de ellos tuvo la intención de dejar Madrid tras los asesinatos: confiaban en sus contactos, políticos del franquismo aún vinculados a las instituciones, para no ser encausados.
La polémica gestión de Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación también llevó a vincularle de forma directa con Antonio González Pacheco, más conocido como el torturador franquista ‘Billy el Niño’. En 1977, González Pacheco había dejado la Brigada Político-Social, la Policía del franquismo, cuando esta fue eliminada en el proceso de reforma policial durante la Transición, para integrarse en la Brigada Central de Información. Ya pesaban contra él multas y denuncias por sus brutales métodos de represión contra manifestantes y otros detenidos sin pruebas expuestas. Pero su gestión como inspector del Cuerpo Superior de Policía le bastó a Martín Villa para concederle la medalla de plata al Mérito Policial.
Precisamente, al ser preguntado en una entrevista en laSexta Columna por este hecho, dio por terminada la entrevista con el periodista sin dar explicaciones: «A mí lo que me está pasando con usted no me ha pasado en la vida».
