El líder de la Liga afronta una acusación de «secuestro» por retrasar un desembarco en el país
LORENA PACHO. EL PAÍS.- Era el día más esperado por el vicepresidente italiano y ministro del Interior, Matteo Salvini. El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el decreto sobre seguridad e inmigración que lleva el nombre y la marca personal del líder de la ultraderechista Liga. La nueva medida endurece las condiciones para los solicitantes de asilo, limita la protección de los inmigrantes vulnerables y facilita las expulsiones.
Salvini llevaba tiempo preparándolo. Era su gran caballo de batalla y el verdadero paquete político con el que se presentó a las elecciones del pasado mes de marzo. Y finalmente ha llegado la luz verde. Aunque para que entre en vigor aún deberá ser firmado por el presidente de la República, Sergio Mattarella, y validado por el Parlamento en 60 días, algo previsible dada la mayoría que ostenta el Gobierno de coalición del Movimiento 5 Estrellas y la Liga.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la supresión de la protección humanitaria, que hasta ahora se concedía a un tercio de los solicitantes de asilo. Esta es una de las tres formas de protección vigentes junto al asilo y la protección subsidiaria. En la práctica, se sustituirá por un permiso de residencia de un año solo para casos extremos como urgencias sanitarias, desastres naturales en el país de origen o haber realizado algún mérito en suelo italiano.
Hasta ahora, la protección humanitaria implicaba permiso de residencia de dos años y derecho a un visado de trabajo si se encontraba empleo. También acceso al sistema de acogida en pequeños centros de protección en los que se imparten clases de italiano o de formación profesional y se trabaja en la integración. Cuando entre en vigor, un gran número de inmigrantes terminarán relegados a maxicentros de primera acogida o al desamparo, explica Christopher Hein, profesor de Derecho y Políticas de Inmigración y Asilo del centro universitario Luiss, en Roma. Médicos Sin Fronteras Italia aclara que ha documentado cómo la permanencia prolongada en estas estructuras masivas “contribuye a deteriorar la salud mental de personas ya traumatizadas y reduce drásticamente sus posibilidades de integración social”.
El ministro del Interior celebraba este lunes la aprobación de la norma alegando que es un paso “para combatir con más fuerza a mafiosos y traficantes de personas, para reducir los costes de una inmigración exagerada, para expulsar más rápido a delincuentes y falsos refugiados, para retirar la ciudadanía a los terroristas, para dar más poderes a las fuerzas del orden”.
“El verdadero negocio hoy se hace en estos megacentros. No se va a combatir el negocio de la acogida, se va a fomentar”, señala Hein. Por otro lado, los expertos también creen que la medida acabará haciendo que aumente el número de inmigrantes en situación irregular. “En realidad es un autogol, un bumerán del Gobierno porque inevitablemente favorecerá que haya más extranjeros en situación irregular y no menos como Salvini había prometido. Porque todos aquellos que ahora tienen un permiso de residencia o pueden aspirar a ello por motivos humanitarios ya no lo tendrán. Y por quitárselo no van a desaparecer, sino que su situación será irregular”, explica el docente.
El nuevo decreto también allana el camino para las expulsiones de inmigrantes que sean considerados “un peligro social” o tengan una condena en primer grado. Este punto es controvertido y corre el riesgo de ser declarado inconstitucional puesto que hasta la condena en tercer grado se garantiza el derecho a la presunción de inocencia. “Se llama decreto de inmigración pero la mayor parte habla restricciones a los refugiados y al derecho de asilo. En todo el decreto no hay una sola palabra sobre modalidades de entrada regulares, como pasillos humanitarios o algo por el estilo para refugiados y solicitantes de asilo. Solo propone medidas restrictivas y represivas”, apunta Hein.
La doctora Claudia Lodesani, presidenta de Médicos Sin Fronteras Italia, también cree que el Gobierno concentra todos sus esfuerzos en desmantelar el sistema de asistencia y rescate de inmigrante. Según Lodesani, «lo demuestra el último intento de detener al Aquarius, la única nave de rescate y no gubernamental que queda para salvar vidas en el Mediterráneo central”.
En principio se plantearon dos decretos originales, uno de seguridad y otro de inmigración que el Gobierno italiano unificó la semana pasada. En los últimos días, se habían hecho cambios en la norma original para adaptarla a las posiciones menos agresivas del Movimiento 5 Estrellas y ante las dudas de la presidencia de la República sobre los requisitos de urgencia que deben darse para aprobar un decreto ley.
La norma ha sido muy contestada desde diferentes sectores y también desde la Iglesia italiana, que el pasado agosto se comprometió a acoger en sus estructuras a cien inmigrantes que estuvieron bloqueados en el puerto de Catania a bordo del barco italiano Diciotti por orden expresa de Salvini. El secretario general de la Conferencia Episcopal italiana, Nunzio Galantino, ha sido muy crítico con el hecho de que la inmigración y la seguridad se traten dentro de un mismo decreto. “Esto significa que el inmigrante ya ha sido juzgado por su condición y ya se le considera un peligro público independientemente de su comportamiento, lo cual ya es una mala señal”, ha declarado.
