La imposición de controles fronterizos más rígidos tras el asesinato de una mujer en plena calle a manos de un inmigrante venezolano provoca las críticas al Gobierno de Lenín Moreno
SARA ESPAÑA. EL PAÍS.- Dos ataques machistas, de especial crudeza, han sacudido a la sociedad de Ecuador en la última semana. Y una parte de la sociedad del país latinoamericano ha despachado su ira contra inmigrantes venezolanos después de que el Gobierno de Lenín Moreno reaccionara al asesinato de una joven en plena calle a manos de un ciudadano de ese país, ante la impavidez policial, imponiendo controles fronterizos más rígidos. La otra parte ha puesto en jaque al Ejecutivo y al presidente por esas declaraciones que han desembocado en una ola de agresiones racistas y por la inacción de la policía a la hora de impedir el crimen.
Ecuador masticaba la semana pasada la amargura de una violación y empalamiento de una joven por tres hombres de su entorno en un bar de Quito. La lucha contra la violencia machista, tan invisibilizada por una parte de la sociedad, tomó fuerza y consiguió movilizar a centenares de ecuatorianos, en su mayoría mujeres, a las calles. Pero el fin de semana, la tensión pasó de nivel cuando se viralizó un vídeo en el que se veía a un hombre joven apuñalar a una mujer embarazada en plena calle, en Ibarra, al norte del país, rodeado de policías que fueron incapaces de detener el crimen tras una hora y media de amenazas.
La ministra de Interior, María Paula Romo, reaccionó al día siguiente y anunció en su perfil en Twitter que la gobernadora de la provincia y el mando policial provincial habían sido destituidos y que se enviarían fuerzas especiales a Ibarra. Recordó, además, que los agentes no solo tienen el derecho, sino el deber de usar la fuerza cuando se trata de proteger una vida. A continuación, el presidente Lenín Moreno envió un comunicado en el que reprochaba la muerte de la joven de 26 años y apostillaba: “He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”.
El vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonneholzner, ratificó la postura este lunes en un mensaje grabado y emitido a primera hora de la mañana en cadena nacional, pero matizando que no hay que caer en “generalizaciones”. Eso no apagó las críticas para el Gobierno y los mensajes de rechazo desde la ciudadanía, las asociaciones de venezolanos y desde la Cancillería del país vecino por la nueva exigencia de presentar el certificado de antecedentes penales apostillado. “El presidente Lenín y su Gobierno han incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador. Los hacemos responsables de la seguridad e integridad de nuestros compatriotas. En Venezuela viven centenares de miles de ecuatorianos y jamás han sido discriminados”, escribió Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.
Las asociaciones de venezolanos en Ecuador aseguraron este lunes, además, que ya había denuncias por intentos de linchamiento y actitudes de odio en algunos puntos del país. La policía desmintió, en cambio, que ya se registren cuatro venezolanos muertos y más de medio centenar de heridos como aseguraban los representantes de la comunidad vecina. “La ciudad está en calma. Es momento de serenidad y mesura”, corregía la ministra de Interior, desplazada a Ibarra, donde ocurrió el asesinato de la joven.
Los dos episodios de agresiones machistas han conseguido sensibilizar a un mayor número de ciudadanos ecuatorianos y se han convocado movilizaciones para este lunes por la tarde en varias ciudades principales de Ecuador, un país donde los últimos estudios oficiales revelan que seis de cada 10 mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida.
