El acuerdo entre el PP y la ultraderecha de Vox apuesta por eliminar la legislación memorialista andaluza que tachan de «totalitaria». El futuro Gobierno andaluz va a «modificar» la ley de Memoria regional apelando al «gran espíritu de la Transición» según el futuro presidente, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. Andalucía es la región más azotada por el terror franquista con 50.000 víctimas en más de 700 fosas comunes y tenía previsto dotar con 5 millones de euros la búsqueda de desaparecidos en el periodo 2019-2022
JUAN MIGUEL BAQUERO. ELDIARIO.ES.- Andalucía dejará de tener ley de Memoria Histórica. El futuro Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, apoyado en la ultraderecha de Vox, va a «modificar» la norma para convertirla en una «ley de concordia». Las derechas, con este acuerdo, fusilan un texto legal que asume el deber del Estado en la reparación de las víctimas del franquismo.
Que el anunciado cambio político arremetería contra una de las leyes más discutidas de la actual democracia era un secreto a voces. Como munición, los populares apelan al «espíritu de la Transición» y al «rencor» de la izquierda que fantasmea en una norma que la extrema derecha define como «totalitaria».
Aunque la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada sin votos en contra en marzo de 2017. PSOE, Podemos e IU votaron a favor, mientras PP y Ciudadanos se abstuvieron. Era la primera vez que los populares no votaban contra una ley memorialista en un parlamento español. Y Andalucía es la región más azotada por el terror golpista con 50.000 víctimas del franquismo enterradas en más de 700 fosas comunes.
«Vamos a modificar la ley para convertirla en una ley de concordia», ha anunciado el futuro presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras firmar la alianza con Vox en el Parlamento andaluz. Andalucía va a convertirse en el banco de pruebas del paso adelante de los populares, que como punta de lanza sostuvieron el «cero euros» a la Memoria Histórica aplicado por Mariano Rajoy durante todo su mandato.
«Paladas de rencor»
La propuesta no es nueva. La ley de Memoria Histórica «arroja paladas de rencor sobre la sociedad española», verbalizó al inicio del curso político el presidente del PP, Pablo Casado. Y propuso, entonces, una «ley de concordia que reivindique la Transición» sustituyendo a la «irresponsable e innecesaria» apuesta memorialista que calificó como «sectaria reescritura de la historia».
«Hoy comienza el cambio en Andalucía», ha dicho un sonriente Moreno Bonilla tras tener bajo el brazo el apoyo de Ciudadanos y Vox a su investidura. Pero, con respecto a la cuestión memorialista ha tirado de las armas del «gran espíritu del 78 y la Transición española».
La ley 52/2007 de Memoria Histórica aprobada con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero supuso un paso sin precedentes. Su aplicación, no obstante, quedaba al arbitrio del Ejecutivo de turno. Y Rajoy aprovechó para dejar en suspenso la legislación al no dotarla con partidas presupuestarias.
A finales de noviembre de 2018, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución Española, ultimaba su Ley de Concordia. «Preferimos hacer las políticas en positivo. La ley de Memoria Histórica no es buena y vamos a presentar una alternativa», decía Pablo Casado. El presidente popular estimaba «que desde que hay democracia en España a los represaliados por el franquismo se les ha otorgado 16.000 millones de euros en fondos, se han rehabilitado pensiones de oficiales del Ejército, las pensiones de viudedad se han reconocido…».
«La grandeza de la Transición española en la que comunistas y los que venían del régimen anterior se dieron la mano para mirar hacia el futuro, también incluyó esos presupuestos y las ayudas para buscar los restos de los familiares», apostillaba. «Lo de llamar ley de Concordia es para entendernos. Al final no se puede regular ni la memoria ni la concordia», dijo entonces en una entrevista enEsRadio.
Claves de la ley andaluza de Memoria
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue más allá que la normativa estatal. El texto toca la médula espinal de la recuperación memorialista al asumir como un deber del Estado la apertura de fosas comunes y la recuperación de los desaparecidos forzados.
En la aprobación parlamentaria de la ley todos los partidos políticos entonces representados (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU) subrayaron la necesidad de abrir fosas y cunetas y cumplir con el derecho al duelo de las familias de los asesinados durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco. La tramitación de la ley vivió una situación sin precedentes con la visita de parlamentarios de todos los partidos a la fosa común de Puerto Real (Cádiz).
La normativa regional amplía el propio concepto de víctima, haciendo mención especial a la mujer, a los esclavos del franquismo, los bebés robados o los colectivos LGTBI. Y establece el régimen jurídico para reconocer a los afectados y el 14 de junio como ‘Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista’.
La legislación andaluza mantiene también en vigor un régimen sancionador para el incumplimiento del articulado. E incluye la prohibición de simbología franquista y manifestaciones de carácter fascista. Y retos como incluir la memoria en el currículum educativo, entre otras claves.
La memoria, en el aire
Ahora en el aire queda el I Plan Andaluz de Memoria Democrática que prevé doblar el dinero destinado a intervenciones arqueológicas en fosas comunes. El anterior Gobierno regional previó sumar una cantidad sin precedentes para tareas de búsqueda de desaparecidos forzados: más de 5 millones de euros para el periodo 2019-2022.
Este proyecto diseña además las líneas a seguir por la Junta de Andalucía con apuestas como la investigación universitaria o la creación de un Banco de ADN para identificar a las víctimas de la represión franquista. En el aire queda también la continuidad del recientemente creado Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que prevé poner en marcha una suerte de ‘comisión de la verdad’ o la declaración de nuevos Lugares de la Memoria.
La ley andaluza asume en su literatura las directrices de Naciones Unidas: la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición tras «violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario».
Y ha servido de referencia a otras comunidades autónomas. Mientras, el articulado de la 52/2007 continúa siendo mejorable, según dijo en una entrevista con eldiario.es el actual director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez.
El cambio político en suelo andaluz va a meter el bisturí a la ley de Memoria Histórica. El nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos va a «modificar» el texto para que mute en una «ley de concordia». Eso anuncia el futuro presidente Moreno Bonilla. Aunque la formación ultra usa otro término: «derogar» la normativa.
Con la maniobra, el deber de memoria asumido por Andalucía con las víctimas del franquismo quedará enterrado. Y en manos, como en tantas ocasiones, de los propios familiares y represaliados y a la espera de los avances en la materia que pueda poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez.
