Los populares impidieron hace un año que la UPNA recopilase información sobre las muertes de Germán Rodríguez y Gladys del Estal
A. IRISARRI. NOTICIAS DE NAVARRA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado una convocatoria de ayudas del Gobierno de Navarra por valor de 30.000 euros pensada para que centros universitarios documentasen hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra, como las muertes de Germán Rodríguez, Mikel Zabalza, Gladys del Estal o José Luis Cano, entre otros.
La sentencia, que va a ser recurrida por el Ejecutivo foral, afecta a la orden 35E/2017, dictada el 12 de septiembre de 2017, contra la que el PP ha formulado diferentes denuncias al considerar que de alguna manera cumplía con algunos de los preceptos de la Ley foral 16/2015 de víctimas de la extrema derecha y funcionarios públicos aprobada en 2015 por el Parlamento de Navarra. Norma apoyada por casi todos los grupos y a la que el PP se opuso desde el comienzo (como también hizo UPN), que nunca reconoció y que trató de desmontar por la vía jurídica hasta que en julio de 2018 el Tribunal Constitucional terminó por declararla definitivamente nula, cuestionando una vez más el autogobierno de Navarra ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE).
EL PP USA TODA LA MAQUINARIA
Para entender el episodio merece la pena remontarse hasta abril de 2015, cuando el Parlamento foral, a iniciativa de I-E, aprobó la ley, un paso histórico por el reconocimiento de todas las víctimas. Desde el principio, los populares vieron en la norma una humillación a la policía, y con la ayuda del Gobierno de Rajoy la recurrieron ante el Constitucional alegando que la norma puenteaba al poder judicial por otorgar a una “comisión de reconocimiento” la potestad de dictaminar quiénes fueron víctimas (aspecto que motivó la inconstitucionalidad).
