MANUEL TORI. EL MUNDO.- De Norte a Sur, varios alcaldes Italia se opusieron este jueves a la visión de las migraciones según Matteo Salvini. «Todos los regímenes [dictatoriales] empezaron con unas leyes raciales», asegura el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, quien, junto a sus homólogos de Nápoles, Parma, Florencia y Milán, está dispuesto a hacerle la guerra política al ministro de Interior y líder de la Liga para no aplicar el nuevo decreto ley de seguridad que, según los mencionados alcaldes, prevé una serie de medidas antimigratorias basadas más en el racismo que en un determinado tipo de seguridad. «Es un texto inhumano porque viola los derechos humanos e induce al crimen al calificar como ilegales a personas que se encuentran legítimamente en nuestro territorio», explicó Orlando.
«El lenguaje de Matteo Salvini es indigno para un ministro del Interior«, afirma el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris. «Salvini nos tiene que escuchar primero, y revisar el decreto ley, después», propone Giuseppe Sala, alcalde de Milán. Orlando, quien parece liderar esta oposición colectiva de la política italiana, considera que «estamos frente a un problema que no sólo es ideológico, sino también jurídico». De hecho, el alcalde de Palermo ya está en contacto con la Justicia para intentar analizar los posibles aspectos constitucionales de la medida. Por otro lado, bien es cierto que la gran mayoría de los alcaldes ‘disidentes’ contra Salvini pertenecen a la esfera política progresista.
El origen del debate tiene relación con los empadronamientos de los inmigrantes. Hasta la llegada del nuevo decreto ley, cuando a un inmigrante le caducaba el permiso de residencia por razones humanitarias, podía seguir empadronándose a la espera de conocer su nueva situación. Según el alcalde de Palermo, esto ha dejado de ser así por la visión «racial» de un «decreto ley que poco tiene que ver con la seguridad». Con la nueva norma no tendrán derecho a ese empadronamiento ni siquiera los menores no acompañados, un colectivo que hasta ahora Italia siempre había protegido con especial miramiento, siguiendo el derecho internacional.
Según un dossier publicado hace unas semanas para explicar los objetivos del decreto ley, la nueva norma «amplía la lista de delitos que, por su gravedad, conllevan la retirada de la protección internacional». Y se añade: «No puede recibir asilo político quien constituya un peligro para la seguridad del Estado, o para el orden y la seguridad públicas; si ya ha sido condenado con una sentencia definitiva por delitos de especial gravedad».
Más allá de las cuestiones técnicas y jurídicas del decreto ley, la auténtica batalla es la meramente dialéctica. Salvini, a través de una medida que no hace más que actualizar con más rectitud unas normas ya existentes, se quiere mostrar ante los italianos y los europeos que le crean, como el político de «mano dura» dispuesto a mandarlos a «todos a casa». Pero, ¿quiénes? «Los inmigrantes sí, los refugiados, no», asegura el ministro.
La reacción de Matteo Salvini fue inmediata y a través de un vídeo publicado en Facebook. «¿Desobedecen las leyes? No les envío el ejército pero tendrán que responder legalmente por ello». «Si hay una ley, se respeta. Y si hay algún alcalde que no esté de acuerdo, que dimita. Dimitid, chicos, estamos en una democracia y gobiernan los italianos».
