Limitar la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad genera que aumente la impunidad de estos criminales que antes temían la acción de nuestros jueces, como por ejemplo en el caso del periodista José Couso
JAVIER ÁLVAREZ. CADENA SER.– El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad mantener las restricciones impulsadas por el Partido Popular que limitan la capacidad de los jueces españoles para perseguir delitos de genocidio y lesa humanidad a casos muy concretos.
Los diputados socialistas recurrieron en 2014 la ley del PP porque solo permitía realizar este tipo de investigaciones penales en aquellos casos en los que el acusado sea español o residente en España.
La posibilidad de actuar contra los autores mediante una denuncia o a través de una acusación popular contra estos delitos quedó entonces anulada, con lo que decenas de casos en la Audiencia Nacional se tuvieron que archivar.
El texto, avalado ahora por el Tribunal Constitucional, limita el impulso de estas investigaciones a las querellas presentadas solo por el agraviado o la Fiscalía, con lo que las acusaciones populares o la denuncia de alguien que no viva en España no se investiga. Limitar la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad genera que aumente la impunidad de estos criminales que antes temían la acción de nuestros jueces, con ejemplos muy conocidos la dictadura Argentina o Chile, o los casos de El Salvador o el ‘caso Couso‘.
