El Confidencial.- LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUARDIAS CIVILES PIDE A LA FISCALÍA QUE ACTÚE DE OFICIO “PARA BUSCAR A LOS RESPONSABLES DE ESTE ACTO DE ODIO”
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) vuelve a denunciar la “intimidación” que sufren los hijos de los guardias civiles destinados en Cataluña, tras el último incidente registrado en una universidad catalana.
Según ha informado en un comunicado, en el árbol de Navidad de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Gerona fue colgada una tarjeta en el árbol de Navidad con el deseo “matar a guardias civiles”.
Indica que fue retirada después por los responsables del centro, pero reclama a la Fiscalía que actúe de oficio para buscar a los responsables de este “acto de odio”.
Este sindicato señala que los agentes saben bien “el valor que tiene el derecho a la libertad de expresión”, porque, según manifiesta, les“expedientan por ejercerlo”, y hace hincapié en que “este tipo de mensajes no entran dentro de ese derecho a la libertad de expresión,porque están incitando al odio y la violencia, provocando a atentar contra la vida de personas”.
“Basta ya a que este acoso que sufren nuestras familias les salga gratis a los acosadores”, ha manifestado indignado a Confilegal el secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles, José Cobo.
Recuerda que un delito de odio está castigado en el Código Penal con pena de prisión de uno a cuatro años y con la pena de multa de seis a doce meses.
Subraya que “los hijos de los agentes destinados en Cataluña tienen derecho a poder asistir a los centros educativos sin sentirse vejados, acosados o que amenacen a sus familias por parte de los que se creen supremacistas”.
“Empezaron acosando a nuestros hijos a las puertas de nuestras viviendas; siguieron en los colegios sin importarles que las víctimas de sus humillaciones fueran menores; y ahora han llegado a la universidad, un lugar que debería servir para formar en libertad, para debatir y abrir las mentes, los intransigentes quieren convertirlo en un territorio de represión”, relata Cobo.
La AEGC recuerda que en septiembre también apareció un muñeco de la Guardia Civil ahorcado junto al lema “Pim, pam, pum, que no quede ni uno” en la Universidad Autónoma de Barcelona.
También indica que “tras el referéndum del 1-O, profesores intimidaron y acosaron a menores hijos de guardias, y que “los hijos de guardias civiles han sufrido acoso en colegios, como el de San Andrés de la Barca, en Barcelona, y en Seu d’Urgel, en Lérida”.
A esta situación se suman las movilizaciones de independentistas frente a casas cuartel, como, por ejemplo, la que tuvo lugar el pasado 4 de octubre en Calella (en Barcelona), donde unos 400 separatistas se plantaron al grito de “fuera las fuerzas de ocupación” y llamándolos “torturadores”, entre otras cosas.
La AEGC condena que “los hijos de los guardias civiles tengan que ocultar la profesión de sus padres como si fuera un estigma para sentirse seguros y no perseguidos”.
Además, teme que los menores que “sufren y son testigos de este acoso” acaben con secuelas psicológicas.
“¿Qué será lo siguiente? ¿Que, como en los años duros del plomo de ETA, tengamos que ocultarnos hasta de nuestros vecinos?, se pregunta este sindicato.
José Cobo advierte que “la tensión en Cataluña contra la Guardia Civil no sólo no se ha calmado en este año, sino que ha ido en aumento, al amparo de la impunidad con la que pueden actuar los acosadores”.
Por ello, vuelve a reclamar por enésima vez que los agentes, además de reconocérseles el delito de atentado a la autoridad “cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas (artículo 550 del CP)”, también estén amparados ellos y sus familiascuando ocurra fuera del acto de servicio, como delito de odio.
Es una histórica reivindicación de los agentes y del Movimiento contra la Intolerancia, que preside Esteban Ibarra, que recuerda en este diario que los agentes y sus familias, que están sufriendo actos de intolerancia, como los acaecidos en Alsasua o en algunas zonas de Cataluña, “no reciben mayor amparo que los previstos para los delitos comunes en cualquier otro tipo delictivo del Código Penal”.
Lo que piden es universalizar la protección frente a los delitos de odio que incluiría a todas estas situaciones.
La AEGC destaca que los guardias civiles son funcionarios que prestan un servicio a la ciudadanía y al Estado de Derecho y exige que ese mismo Estado de Derecho persiga a quienes vuelven a señalarlos.
