Una ley provincial precisa que los centros se usarán para «transformar» a los «influidos por el extremismo» religioso
MACARENA VIDAL LYI. EL PAÍS.- China ha oficializado sus campos de reeducación política para los sospechosos de extremismo en su provincia occidental de Xinjiang, donde habita la minoría uigur, de religión musulmana. Las enmiendas introducidas a una ley provincial contra el extremismo religioso, hechas públicas este miércoles, contemplan que las autoridades locales utilicen “centros de instrucción vocacional” para “educar y cambiar a aquellas personas influidas por el extremismo”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaban a Pekín desde hace meses de retener en estos centros a centenares de miles de uigures para adoctrinarlos y “desradicalizarlos”. Según algunos cálculos, los reclusos podrían llegar a un millón, en una región de 24 millones de personas (la mitad de ellas, uigures).
Numerosos informes de esas ONG, de académicos y de periodistas, denuncian que los reclusos son detenidos arbitrariamente, sin ser acusados formalmente de ningún delito, y permanecen allí por periodos que pueden oscilar desde varios días a más de un año. Aislados de sus familias y sin acceso al exterior, son obligados, según estos informes, a declarar lealtad al presidente Xi Jinping y a repetir canciones y lemas patrióticos o a renunciar a su fe. Algunos relatos denuncian torturas y suicidios.
En un discurso de duro tono contra la segunda potencia económica mundial, el vicepresidente de EE UU, Mike Pence, declaraba la semana pasada que “los supervivientes de esos campos han descrito sus experiencias como un intento deliberado de Pekín de estrangular la cultura uigur y eliminar la fe musulmana”. Legisladores estadounidenses como Marco Rubio o Chris Smith habían llegado a calificar la situación en Xinjiang de “crisis de derechos humanos”
China siempre había rechazado rotundamente esas acusaciones. En agosto, en una vista en Ginebra de la Comisión de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, un representante del Gobierno de Pekín, Hu Lianhe, insistió en que “los ciudadanos de Xinjiang, incluidos los uigures, disfrutan de plena igualdad de derechos y libertades”. La provincia lleva a cabo “una campaña especial para eliminar las actividades terroristas de acuerdo con la ley”, insistió Hu, que no obstante reconoció que delincuentes “de poca monta” podían acabar en “centros de adiestramiento”.
La reforma de la ley hecha pública este miércoles precisa, en el artículo 33, que los “centros de formación y adiestramiento ocupacional y otros organismos de educación y transformación” educarán en la lengua nacional, el mandarín, “organizarán y desarrollarán educación ideológica contra la radicalización, acometerán rehabilitación psicológica y corrección del comportamiento para promover la conversión ideológica” de sus pupilos.
Aunque quedan formalizados dentro de la ley, seguirán sin estar integrados dentro del sistema judicial. “El Gobierno regional de Xinjiang no tiene poder, bajo la Constitución china, de legalizar detenciones en los centros de educación política”, algo para lo que solo tiene competencias el poder judicial, puntualiza Maya Wang, de Human Rights Watch. “Sin garantías procesales, los centros de educación política de Xinjiang siguen siendo arbitrarios y abusivos, y ningún ajuste en las normas nacionales o regionales pueden alterar eso”, declara.
La ley enumera una serie de comportamientos sospechosos que pueden acarrear la detención. Dejar de ver la televisión o de oír la radio se considera ahora una “influencia extremista”. Se suma así a otras actitudes vetadas que ya recogía la norma, como “difundir el fanatismo religioso mediante barbas demasiado largas o la selección de nombres” para niños.
La norma también prohíbe los productos halal —confeccionados de acuerdo al precepto islámico— que no sean alimentos. “Generalizar el concepto de halal, expandirlo a áreas más allá de la comida y decir que algo no es halal para rechazarlo u obligar a otros a alterar su modo de vida laico” también se considerará una “influencia extremista”.
De esta prohibición contra los productos halal no alimenticios se hacía eco este miércoles también la cuenta de WeChat, el WhatsApp chino, del Gobierno municipal de Urumchi, la capital de Xinjiang. Según esta cuenta, en una reunión el lunes, los mandos del Partido Comunista locales juraron “combatir una batalla decisiva contra la halalización”. La ciudad exigirá a sus funcionarios a partir de ahora que se expresen en mandarín —no en uigur, una lengua emparentada con el turco— en público y que crean en el marxismo-leninismo, no en ninguna religión.
China asegura que Xinjiang, que ha sido escenario de violentas tensiones étnicasen el pasado, es el objetivo de grupos separatistas radicales islámicos que buscan, mediante atentados, enfrentar a los uigur con la etnia han, la mayoritaria en China. Pekín asegura que combate el terrorismo de acuerdo con el Estado de derecho y acusa a fuerzas “antichinas” de estar detrás de una campaña de desprestigio contra su política en esa región.
