Particulares e inmobiliarias se aprovechan de las ayudas públicas para inflar el precio de viviendas en zonas deprimidas. «Han encontrado un filón de negocio en los solicitantes de asilo», denuncian las oenegés
JULIA CAMACHO. EL PERIÓDICO.- El boom de los pisos turísticos en las grandes ciudades no llega a los barrios desfavorecidos, a donde se ven empujados muchos arrendatarios ante los elevados precios de las zonas céntricas más deseadas. Pero incluso en estas áreas periféricas se vive otra burbuja inmobiliaria causada por particulares, y en menor medida también inmobiliarias, que inflan artificialmente los alquileres para lucrarse con las ayudas públicas que reciben los refugiados.
La denuncia la realizan ocho organizaciones sociales que forman parte del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica: Fundación Secretariado Gitano, Accem, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge. Hay casos en todo el país de arrendadores que se han aprendido al dedillo las cuantías de las ayudas públicas para la vivienda que recibe un solicitante de asilo cuando, tras una primera fase de acogida en centros gestionados por estas entidades, tiene que encontrar un domicilio dentro que completa su integración en la ciudad asignada. «Han encontrado un filón de negocio en los refugiados», reprocha Susana Larios, técnica de igualdad en Accem y portavoz del colectivo.
Sevilla dispone de 12.000 plazas de acogida. En el barrio de La Candelaria, una zona desfavorecida en la capital hispalense, la media de un alquiler raramente sobrepasaría los 300 euros. Sin embargo, cuando el interesado es un refugiado, y por tanto perceptor de una ayuda pública de hasta un año o más, el precio de los pisos ha llegado a subir hasta los 700 euros al mes. Casualmente la misma cantidad que percibe como máximo una familia de cinco miembros en concepto de ayuda específica de vivienda por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La situación se repite en Córdoba, Barcelona y todos aquellos lugares donde el gobierno deriva a los solicitantes de asilo, «que son los que llegan en avión, no quienes bajan de una patera».
Los refugiados no eligen barrio
Los refugiados se encuentran con tantas trabas para alquilar un piso que dejan los trámites en manos de las entidades. Los obstáculos son tantos que desde hace dos años estas han incorporado a sus plantillas a un técnico únicamente para asesorar y gestionar las viviendas de los solicitantes de asilo, que, además, tampoco pueden escoger barrio. Muchos propietarios de zonas ricas, al saber el origen de los arrendatarios que pretenden alquilar su casa, ponen avales inaccesibles, por lo que los refugiados solo pueden acceder a pisos en vecindarios de población inmigrante, donde sí encuentran casa pero a un precio superior al del mercado. «Están incumpliendo la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación», insiste.
Larios apunta a que ya han detectado incluso que particulares y empresas están comprando pisos en estas zonas, a un coste de entre 20.000 y 30.000 euros, para dedicarlos en exclusiva al alquiler a refugiados, sabedores de que obtendrán más rentabilidad. Una práctica que además de discriminatoria complica sobremanera el acceso al alquiler del resto de ciudadanos. «Los perjudicados somos todos, están creando una nueva burbuja inmobiliaria junto a la turística que eleva los precios y perjudica al resto de la sociedad, ya que este tipo de situaciones al final provocan que quede una franja de personas que no pueden acceder a una vivienda».
Estas asociaciones trabajan con familias en elevado riesgo de exclusión social, y siempre han encontrado miedo entre los arrendadores. A que se convirtiera la casa en un ‘piso patera’, a que determinados colectivos pudieran causar problemas con la comunidad de vecinos… «El estigma siempre ha existido», concede Larios. Los subsaharianos y africanos en general encuentran más obstáculos, mientras que los latinoamericanos, por la cercanía cultural e idiomática, tienen menos trabas. El prejuicio no solo afecta a la nacionalidad, también a las circunstancias familiares, especialmente a los núcleos muy extensos o los monoparentales con hijos a cargo.
Las organizaciones ya se han puesto en contacto con el Defensor del Pueblo andaluz para tratar de buscar una solución a esta nueva burbuja, que llevaban tiempo detectando pero que no se ha consolidado hasta este año, coincidiendo precisamente con el boom de las viviendas turísticas. Pero al tratarse de contratos entre particulares, poco pueden hacer las instituciones. «Es una práctica que no contraviene la ley, de acuerdo, pero ¿es ético?», se pregunta.
