El ministerio prepara una instrucción a la espera de que el Congreso tramite una ley del PSOE
EMILIO DE BENITO. EL PAÍS.- Los menores trans tendrán más fácil cambiar el nombre que figura en el Registro Civil. Tras una reunión que han mantenido esta mañana la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el director general de Registros y Notariado, Pedro José Garrido, y representantes de la Asociación Chrisallys de familias de niños trans, fuentes del ministerio han informado de que se emitirá una instrucción para que se facilite y unifique el trámite. «Es una manera de dar una respuesta rápida», afirman fuentes de Justicia, a la espera de que el Congreso tramite una proposición de ley del PSOE al respecto presentada en febrero del año pasado.
Esa iniciativa regula también el cambio del sexo registrado, pero la instrucción atenderá «lo que para los afectados es lo más importante», según fuentes de Justicia. Natalia Aventín Ballarín, presidenta de Chrisallys, coincide: «Esa letra, la h –de hombre o de hembra–, o la m –de mujer o masculino– no les importa tanto, pero el nombre, sí».
Aventín no se trave a dar un número de menores trans en España, pero solo en su asociación hay casi mil familias, lo que da una idea del alcance de esta situación. Los problemas a solucionar son muy variados. Desde menores que viven con un nombre de un género (por ejemplo, femenino) y no quieren recoger un diploma en el que figura el suyo oficial masculino, a «todos los trámites que implican que se identifiquen», como lo resume la presidenta de Chrysallis. Chicos que no pueden recoger un envío de un familiar en correos, u otros que no quieren apuntarse a actividades como viajes a fin de curso porque tienen que dar su DNI, cuyo nombre no coincide con el que usan.
Además, algunas comunidades ya han tomado medidas para permitir la escolarización con el nombre asumido, pero otras no. Y, dentro de un mismo territorio, puede courrir que un niño use un nombre en el colegio, pero no lo tenga en la cartilla sanitaria, añade Aventín.
La instrucción seguirá la línea de la propsición de ley del PSOE. Esta establece que para los mayores de 16 años, bastará que el indivuduo pida el cambio registral porque «no se precisa más requisitos que declaración expresa de la persona interesada». Los menores de esa edad, «podrán efectuar dicha solicitud a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor». Esta variabilidad es la que, según otra asociación de afectados, la Fundación Daniela, ha permitido cambiar los papeles en algunos casos, porque eso «depende de cada persona» que esté a cargo de los registros.
Esta proposición de ley, cuyo plazo de enmiendas ha concluido, aún debe debatirse en Comisión, Congreso, Senado y, si sufre modificaciones, deberá volver al Congreso. Se trata de abordar un aspecto que en la ley de identidad de género de 2007 dejó al margen. Esta prohibía el cambio registral de nombre y sexo a los menores de edad, pero se ha visto en muchos casos que con ello se retrasa el proceso de adecuación de los interesados, lo que auenta su estigma y dificulta un desarrollo adecuado en edades fundamentales para el desarrollo de a persona.
Esos 12 años transcurridos desde la ley que apica a los adultos ya incorpora una de las mayores reivindicaciones del colectivo: la despatologización de la transexualidad, es decir, que no se considere una enfermedad o anomalía clínica que deba ser acreditada mediante un diagnóstico de disforia de género, algo que la Organización Mundial de la Salud rechaza. Pero esta opinión no es compartida por toda la Cámara. El Grupo Popular del Congreso ha presentado una enmienda a la proposición, la número 11, que establece como requisito para que se cambie el registro que «la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género». Esto se hará «mediante informe de médico o psicólogo clínico». La justificación es que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares», según el PP.
Aventín rechaza airada esta condición. E indica que si la instrucción de Justicia incluyera algo así, «la habrían quemado».
