Una nueva ley obligará a médicos y banqueros a delatar a los indocumentados
WALTER OPPENHEIMER. EL PAÍS.- Acosado desde la derecha por el antieuropeo UKIP, agotadas las fórmulas para reducir aún más la llegada de inmigrantes de países terceros y atado de pies y manos por la legislación europea que le dificulta restringir el acceso de trabajadores comunitarios, el Gobierno británico ha optado por la vía fácil: acosar como nunca antes a los sin papeles a través de una nueva Ley de Inmigración.
No se trata tanto de reducir el número de inmigrantes como de transmitir la imagen de que está combatiendo la inmigración. Por eso, la responsable de Interior, Theresa May, antigua paloma reconvertida en el halcón más feroz de Westminster, proclama que el objetivo de la ley es “crear un entorno realmente hostil para los inmigrantes ilegales”. “No queremos que la gente que viene aquí se quede más tiempo del que debe porque sean capaces de acceder a lo que necesitan”, sostiene.
Toda una declaración de guerra a los sin papeles. Y, para ganarla, ha decidido crear un ejército de delatores a la fuerza, formado por médicos, caseros, banqueros y hasta sacerdotes, a los que la nueva ley convierte en colaboradores necesarios de esa política de hostilidad hacia los indocumentados, a los que se quiere dificultar todavía más su acceso a la vivienda, a la atención médica, a una cuenta corriente, a un matrimonio con el que legalizar su situación.
Todo muy bonito para algunos, pero ¿eficaz? La realidad es que es muy poco habitual que un sin papeles decida marcharse por difícil que sea su vida en Reino Unido, porque peor es la que dejó atrás. Las organizaciones humanitarias creen que, con esa ley, los sin papeles tendrán que pagar más por una habitación insalubre; tardarán más en recibir atención médica y sus enfermedades serán más graves y costosas de remediar; tendrán que pagar un sobrecosto por las dificultades cotidianas de no tener una cuenta bancaria; se verán obligados a aceptar cualquier trabajo por menos dinero. Pero no se irán.
La propuesta, que la semana pasada superó la segunda lectura en los Comunes y va a entrar en la fase de enmiendas, tiene el apoyo genérico de los laboristas, aunque quieren proponer modificaciones concretas a lo largo de la tramitación parlamentaria.
El objetivo del Gobierno es doble: hacer la vida más difícil a los sin papeles para forzar su marcha y, al mismo tiempo, facilitar la deportación de aquellos que hayan sido detenidos. Para eso, May propone reducir de 17 a tan solo cuatro los supuestos de apelación contra una orden de deportación. Y, sobre todo, introducir una política de “deportar primero, apelar después” siempre y cuando la persona afectada “no corra el riesgo de recibir un daño irreversible” por el hecho de ser devuelto a su país de origen.
Para crear el “entorno realmente hostil”, los caseros han de asegurarse de que sus inquilinos residen legalmente; los bancos han de consultar una base de datos para confirmar que un nuevo cliente no es un inmigrante perseguido; la oficina responsable de los carnés de conducir recibirá nuevos poderes para consultar el estatus de quienes piden un permiso y para revocarlo a quienes estén en el país más tiempo del permitido; la Iglesia deberá informar a Interior cuando ciudadanos de fuera de la UE quieran casarse y es el ministerio quien decidirá si pueden contraer matrimonio. El Ministerio de Sanidad quiere que los inmigrantes con permisos para estancias cortas, como los estudiantes, paguen una contribución inicial, quizás en torno a 200 libras (235 euros) para acceder a la sanidad pública.
Mucha gente cree que el Ministerio del Interior está así pasando a otros el trabajo que no es capaz de hacer por sí mismo. Pero a los afectados les preocupan también otras cosas. Ian Fletcher, director de Estrategias de la Federación Británica de Propietarios de Viviendas, subraya que “solo la UE reconoce 404 maneras legítimas de identificación personal, y eso no incluye al resto del mundo”. “¿Cómo puede un casero saber que alguien de la República de Chipre puede entrar libremente en Reino Unido pero alguien del norte de Chipre necesita un visado? ¿Van a saber que un búlgaro tiene derecho a residir en Reino Unido pero alguien de Estados Unidos, no? ¿O cómo pueden saber las normas que determinan si el cónyuge tiene derecho a quedarse o no?”, se pregunta.
“Pero, aunque esas propuestas funcionaran, hay otras cuestiones. Supongamos que un casero tiene frente a sí a un inmigrante ilegal, ¿qué tiene que hacer? ¿Enfrentarse a él o irse a hurtadillas y avisar a las autoridades? Algunas caseras son viudas jubiladas. ¿Ante qué peligros las estamos poniendo? ¿Va todo esto a incrementar la discriminación? ¿Acaso no va esta ley a empujar a mucha más gente a esconderse bajo tierra y caer en manos de criminales dispuestos a alojarles en condiciones sórdidas?”, advierte Fletcher.
Muchos médicos se oponen a tener que averiguar si un inmigrante ha de pagar o no antes de acceder a la atención primaria. Para Médicos del Mundo UK “no hay justificaciones éticas ni económicas en el proyecto de cargar a quienes tienen necesidad de atención médica y no pueden pagar 200 libras u otro coste”. “Eso incluye a grupos de gente vulnerable como los inmigrantes indocumentados (que no tienen acceso a ayudas públicas), a víctimas del tráfico de personas (en general, mujeres y niños), gente a la que le ha caducado el visado o esclavos domésticos”, denuncian.
Y advierten también que “no sería legal exigir solo a unos residentes que presenten pruebas de que tienen derecho a ser atendidos” y que, a la larga, negar la atención primaria a esas personas es también antieconómico porque pueden contagiar posibles infecciones que no pueden ser tratadas hasta que alcanzan la gravedad suficiente como para ser atendidos en urgencias.
A juicio de Maurice Wren, director del Consejo de Refugiados, esas propuestas van a agravar la situación de demandantes de asilo y refugiados que tienen derecho a la atención primaria pero muchas veces se les niega porque no tienen la documentación que les exigen algunos centros médicos para demostrar su identidad o su residencia.
Interrogantes similares plantean las propuestas para controlar y aprobar los matrimonios. El Home Office extiende ahora a todo tipo de bodas un control que antes exigía a las parejas de hecho y que fue declarado ilegal precisamente porque era discriminatorio al afectar solo a una parte de la población. La Iglesia de Inglaterra comprende que el Gobierno introduzca controles para acabar con el problema de los matrimonios falsos “pero le hemos dejado claro al Home Office que aunque los clérigos pueden verificar la nacionalidad de la gente pidiendo su pasaporte, como ya se hace desde 2011, lo que no pueden es chequear su estatus como inmigrantes”.
