ENRIQUE GARCÍA. CADENA SER.- El 29 de septiembre Carmen y su marido llegaron al municipio madrileño de Valdemaqueda con su hija, una pequeña de nueve años a la que habían adoptado semanas antes en Jalandhar; una ciudad del estado indio de Punyab. Dos días después, el uno de octubre, ambos acudieron al Ayuntamiento de este pequeño municipio de la Comunidad de Madrid gobernado por el PP (con menos de ochocientos habitantes) para proceder al empadronamiento de la pequeña; un requisito indispensable para su escolarización y para que la Seguridad Social le adjudique un pediatra. Un procedimiento que los padres querían iniciar lo antes posible para «normalizar cuanto antes», como explica la madre, Carmen Ávila, la nueva vida de la pequeña en el municio, tal y como les habían recomendado los servicios sociales de la Consejería de Políticas Sociales durante el proceso de adopción.
Pero se encontraron con la negativa del Ayuntamiento. La secretaria del alcalde les respondió que que no existían suficientes pruebas que demostraran que el matrimonio eran los padres de la niña, por lo que denegaron su empadronamiento. Los padres acudieron al consistorio con el pasaporte indio de la niña (un pasaporte sin apellidos porque aún no tenía libro de familia pero donde consta que Carmen y su marido son sus padres) y el certificado de nacimiento del hospital en Jalandhar en su versión original en inglés e hindi. Desde el Ayuntamiento consideraron, explica Carmen, que «el certificado de nacimiento no podía acreditar que la niña era su hija», por lo que le requirieron una copia de la sentencia del juzgado de India que acredita la adopción. Dos días después acudieron al Consistorio con dicho documento, pero la respuesta volvió a ser negativa: esta vez el argumento era, según Carmen, «que no tiene validez la sentencia de un tribunal extranjero» y que hasta que la pequeña no esté inscrita en el registro civil no se puede proceder a su empadronamiento.
La Comunidad considera que la documentación es suficiente
Tres días después, los padres aprovechan que tienen cita con la jefa del Negociado de adopción del departamento de adopciones de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad para obtener un certificado que permite a los padres obtener,entre otras cosas, los permisos de paternidad; y explicaron a la Consejería la negativa del Ayuntamiento. La respuesta de la Consejería, explica Carmen, es que los documentos son legales y suficientes para iniciar el proceso de empadronamiento. Por ello, la propia jefa del negociado de adopcion de la Consejería elabora un documento en el que insta al Ayuntamiento de Valdemaqueda a que empadrone a la pequeña. El argumento de la Consejería es que si los documentos son suficientes para proceder al registro de la menor en el Registro Civil, también lo es para proceder al empadronamiento, y así lo hace constar en el documento que trasladan directamente al alcalde.
El Alcalde no da validez a la instancia de la Comunidad porque «la competencia es municipal»
Este lunes los padres volvieron al Ayuntamiento con la carta de la Comunidad y esta vez los recibe el propio alcalde, Álvaro Santamaría, que les reitera personalmente que los documentos son insuficientes. Los padres relatan a RadioMadrid que el alcalde les dijo que el asunto no es competencia de la Comunidad y que «ni la Comunidad ni el propio rey me obligarán a empadronarla hasta que no tenga todos los documentos«, aseguran. El alcalde les exige que como mínimo la niña debe estar inscrita en el registro civil, a pesar de que los padres iniciaron ayer martes el proceso para el registro de la menor -donde sí aceptaron la documentación- y que la Comunidad le instaba a que la empadronara.
RadioMadrid ha hablado con el alcalde, que ha reconocido que desde la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid se pusieron en contacto este lunes pidiéndole que empadronara a la niña y que le trasladó que de momento no haría caso a esta instancia. Ha explicado a RadioMadrid la tesis que ya trasladó a la Comunidad y a los padres: que los documentos presentados no son suficientes para probar que la niña es adoptada y que estos sean sus tutores legales. Preguntado sobre cuáles son los documentos que faltan, el alcalde responde que «la sentencia del tribunal extranjero no prueban nada» y como mínimo esperará a que se efectúe el registro de la niña.
Acusa al alcalde de actuar por motivos políticos
Los padres critican los perjuicios que la joven está sufriendo ya por el retraso en el empadronamiento y argumentan motivos políticos. Y es que la madre, Carmen Ávila, es una militante del PSOE conocida en el pueblo por su oposición al gobierno. Ávila, en declaraciones a RadioMadrid, asegura «que el motivo real de la demora son motivos políticos, porque al alcalde no le gustan ciertas actuaciones que hacemos en la oposición».
