La nueva medida, que también afecta a los funcionarios de la ONU, ha sido criticada porque en solo el 12% de los estados miembros es legal el matrimonio homosexual
ANTONIA LABORDE. EL PAÍS.- Para ser diplomático o funcionario de la ONU con pareja en Estados Unidos hay que estar casado. Al menos los que quieren que su acompañante tenga un visado con sus mismas condiciones. Una regla antigua para los heterosexuales, pero una novedad para los gais. Estos quedaban exentos del requisito en un contexto donde en solo 25 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas es legal el matrimonio homosexual. Como el panorama global no ha variado notoriamente, la comunidad LGTB ha mostrado su rechazo a la nueva política de la Administración de Donald Trump. El Departamento de Estado defendió este martes que “no es un ataque” si no “un avance hacia el trato igualitario”. Las 105 familias que viven en el país que presume de abrazar la libertad y se ven afectadas por la normativa tienen tres meses para casarse o perderán el visado.
«Los esposos del mismo sexo de los diplomáticos de Estados Unidos ahora podrán disfrutar de los mismos derechos y beneficios que los cónyuges del sexo opuesto», rezaba una declaración del Departamento de Estado cuando adelantó las nuevas reglas en julio. El cambio revierte una política implementada en 2009 por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. La demócrata incluyó a las parejas de hecho de los diplomáticos y de los funcionarios de las Naciones Unidas en los susceptibles a obtener un visado conocido como G-4. El Departamento de Estado explicó este martes que la modificación responde a la decisión del Supremo en 2015 de aprobar el matrimonio homosexual. “La nueva política es un espejo de cómo son las leyes en EE UU”, explicó un funcionario. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ha prometido tratar a todos los empleados con respeto.
La exembajadora de EE UU ante las Naciones Unidas Samantha Power ha calificado la medida vigente desde el 1 de octubre de «innecesariamente cruel e intolerante». «Solo el 12% de los estados miembros de la ONU permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo», argumentó Power en su cuenta de Twitter para justificar su rechazo. La ONU-GLOBE -la rama de defensa de los LGBTQI en el organismo- también repudia la nueva política. Alfonso Nam, presidente de la organización, sostiene que la intención del Departamento de Estado es tratar a todas las parejas igual, pero remarca que no hace más que limitar las opciones de los homosexuales. “Un hetero solo tiene que casarse y venir. Pero para un gay de un país donde se criminaliza la homosexualidad no funciona así. Muchos quieren trabajar en EE UU precisamente porque pueden vivir con su pareja sin problema, pero ahora deben casarse antes”, explica.
Una de las preocupaciones que azota a Nam es que a una pareja que se tenga que casar en Estados Unidos se la persiga cuando regrese a su país. David Stacy, director de asuntos gubernamentales de la Campaña de Derechos Humanos, refutó ese temor afirmando que los diplomáticos forman parte de una clase de élite y que “es poco probable” que sean perseguidos. Otro escudo del Departamento de Estado ante las críticas es que se hará una excepción con los representantes de países donde es ilegal la homosexualidad, siempre y cuando sus naciones reconozcan a los cónyuges de los diplomáticos estadounidenses del mismo sexo. El problema es que los funcionarios enviados a la ONU no representan a un gobierno extranjero, por lo que no hay excepción que valga.
