El Bufete de Abogados Nuria De Madariaga presentaba este domingo, a través de LexNET, una demanda penal contra los 602 “migrantes” que el día 27 de julio de 2018 asaltaron la valla de Ceuta armados y con mucha violencia hiriendo a varios agentes, algunos de gravedad.
30/07/2018 El Pueblo de Ceuta Como ayer domingo confirmaba la propia penalista, con más de 38 años de experiencia, ha querido dirigir la demanda penal al juzgado que se encontraba de guardia el día del asalto para que la misma no entrara en turno de reparto y demorara en demasía el proceso que pretende iniciar.
Tal y como recoge la denuncia presentada, a la que ha tenido acceso EL PUEBLO, la letrada solicita que se les impute a los 602 inmigrantes los delitos de atentado de los artículos 550 y 551.1.2 que supone una pena superior por la utilización de objetos peligrosos, objetos contundentes y líquidos inflamables; por delitos de lesiones, cuya gravedad aún está por determinar mientras no se tenga acceso a los partes médicos de los guardias civiles, aunque como indica la denuncia existió un claro “ánimus laedendi” (ánimo de lesionar) y ahora habrá también que determinar si también existió “animus necandi” (ánimo de matar), por la peligrosidad objetiva de los medios utilizados; y finalmente también pide que se les impute delitos de desórdenes públicos por el empleo de objetos peligrosos y el peligro para la integridad física de los atacados.
En este sentido, De Madariaga también incluye dentro de la denuncia el agravante de considerar a los 602 subsaharianos integrantes de una banda organizada, ya que tal y como ella misma ponía de relieve a este diario “el asalto fue llevado a cabo a través de una organización minuciosa, no fue un acto expontáneo, por lo que se puede considerar lo de banda organizada, lo que supone un elemento agravante”.
La letrada, además de recordar en los hechos que el ataque fue planeado previamente con esepecial alevosía, con objetos e instrumentos peligrosos como hierros, cizallas, lanzallamas en spray, piedras y botes con cal viva y heces, también hace mención que los asaltantes concían perfectamente el escaso número de efectivos a “quienes iban a atacar, así como la escasez material de medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la prohibición de defender la frontera con material antidisturbios o incluso fuego real, como en otros paises”, por lo que los asaltantes, tal y como refleja De Madariaga en su denuncia, “conocían perfectamente la imposibilidad de los guardias para repeler un ataque masivo de enorme violencia”.
La abogada destaca que lo que ha motivado la presentación de esta denuncia se ha debido a “las imágenes de los presuntos delincuentes gritando alegremente tras haber perpetrado un gran número dedelitos” poniendo de manifiesto que “esa impunidad y esa falta de obligación de perseguir los delitos y detener a los culpables, ha generado una gravísima alarma social en la población y una sensación de total indefensión, sobre todo la sensación de riesgo de la fractura del Estado de Derecho y de la falta de aplicación de las leyes”.
De Madariaga insiste en que la alarma social grave, generada ante la violencia del asalto y las imágenes de guardias heridos o quemados con cal viva ha provocado una indignación sin precedente, y por ello se muestra esperanzada en que se incoe unas diligencias previas y una minuciosa instrucción con la relevante participación del Ministerio Fiscal.
Además, con el fin de poder adecuar la acusación particular al máximo e invocando la tutela judicial efectiva, la letrada, que también reconoció a EL PUEBLO, que ya ha recibido llamadas de numerosos abogados para adherirse a la denuncia personarse como acusación particular, ha solicitado al juez del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº5, Antonio José Pastor, que se determine las identidades de todos los participantes en el ataque, identificación que debería facilitarse desde el área de Extranjería. Igualmente ha solicitado que se proceda a la lectura de los derechos de todos los subsaharianos asaltantes como investigados por los delitos antes expuestos y que se analicen las cámaras de seguridad para tratar de determinar la participación de los más violentos.
Del mismo modo, De Madariaga solicita que se acuse a todos ellos de banda organizada y desórdenes públicos por haber actuado alevosamente y de común acuerdo con exhaustivos preparativos para infligir el máximo daño posible aprovechando la dificultad para defenderse de nuestros guardias.
Finalmente, la letrada también pide que se celebre la comparecencia y se pida para todos los subsaharianos del asalto masivo prisión incondicional y sin fianza en base a el riesgo de fuga, la grave alarma social generada, la peligrosidad del perfil, el riesgo de reiteración delictiva, y la gravedad del delito y de las penas que en su día les pueden corresponder.
Finalmente, la letrada no ha querido dejar pasar la ocasión para destacar la repercusión internacional que ha tenido este violento asalto, así como la incredulidad de los medios extranjeros ante la impunidad de la que presumen los asaltantes, algo que genera para De Madariaga, “un grave efecto llamada, ya que supone el conocimiento de que se puede atacar, herir, lesionar, quemar y dejar ciegos a los guardias españoles sin que ello tenga consecuencias penales, o lo que es lo mismo, la España sin ley”.
La abogada quiere que esa no sea la imagen que se ofrezca, indicando que “es la sociedad civil, somos los españoles, los llamados a reaccionar y exigir justicia, al margen de la palabrería de los políticos y las mezquinas muestras de solidaridad con las víctimas, los guardias, a quienes han inmolado en el altar de la imposibilidad de defenderse en condiciones, es decir, como ellos saben. Y como la ciudadanía pide”.
