Es un funcionario de los servicios secretos alemanes, envueltos en varios escándalos relacionados con la banda de neonazis NSU que asesinó a nueve extranjeros: ocho turcos y un griego
Cinco terroristas de Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) están siendo juzgados en Múnich
Según cifras oficiales son 63 las personas fallecidas por la violencia neonazi en Alemania desde 1990, pero algunos periódicos elevan el dato hasta al menos 152
CARMELA NEGRETE. EL DIARIO.ES.- Andreas Temme era entonces funcionario de la llamada Oficina de Protección de la Constitución, un servicio secreto del Estado alemán para cuestiones internas. El 6 de abril de 2006 Temme se encontraba en un cibercentro en la ciudad de Kassel cuando un desconocido entró en el establecimiento y descargó su arma en el cráneo de Halit Yozgat, un joven turco de 21 años.
Todos los testigos presentes en la escena del crimen se presentaron ante la policía para declarar menos él. Por esta razón, hace tres semanas declaró en el juicio que ahora se celebra contra la organización terrorista de neonazis Clandestinidad Nacionalsocialista, que entre 2000 y 2006 asesinó a nueve extranjeros: ocho turcos y un griego.
Temme, que según varios diarios alemanes era conocido por sus vecinos con el apodo de pequeño Adolf y se reconoce en su acta en dicho organismo como «conservador», explicaba que no notó que se producía un asesinato ni vio el cuerpo del joven desangrándose tras el mostrador. Es la misma explicación que dio a la comisión de investigación parlamentaria que el pasado agosto presentó un informe sobre el caso. El presidente de dicha comisión, Sebastian Edathy, del Partido Socialdemócrata, explicaba que las autoridades alemanas no habían tomado en serio el peligro que presentaba el terrorismo de extrema derecha: «Se trata de un fracaso múltiple dentro del entramado arquitectónico de la seguridad en Alemania».
Los abogados de la familia del joven asesinado en Kassel presentaron el martes ante el juez un documento en el que se comparan las rutas que hacía Andreas Temme con un mapa similar encontrado en el edificio en el que vivían tres miembros de la banda terrorista en el pueblo de Zwickau. La vivienda fue incendiada por Beate Zschäpe, una de los cinco acusados en el juicio, a la que se atribuyen diez muertes y 15 robos a mano armada. Otras cuatro personas son acusadas de haber colaborado con los crímenes y se les imputa la formación de banda armada.
El incendio fue provocado por Zschäpe después de que sus dos compañeros de banda, Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, presuntamente se suicidasen prendiendo fuego a la caravana en la que se encontraban. Acababan de robar un banco y la policía les estaba pisando los pies, es la explicación oficial. Según la fiscalía, Zschäpe habría incendiado la casa para destruir las pruebas que pudieran acusarles. Poco después, la terrorista enviaba un vídeo al partido Die Linke en el que se atribuía los asesinatos y explicaba los motivos de la banda neonazi. Era entonces cuando saltaba a la luz la existencia de esta banda terrorista.
El escándalo de la presencia de un funcionario de dicho servicio secreto en la escena del crimen es solamente una de las actuaciones dudosas de este organismo en el caso. En agosto se conocía asimismo que justo después de darse a conocer la existencia de la banda NSU, un trabajador del servicio secreto destruyó los archivos referentes a ocho personas del entorno neonazi de la banda que habían colaborado como informadores con los espías del estado. Meses después del escándalo, se destruían todavía más archivos relacionados con el caso. Tres trabajadores del servicio secreto están siendo investigados de forma interna por la destrucción de las actas. No es la primera vez que los espías del Estado alemán se infiltran en grupos neonazis para conseguir información. En este caso, sin embargo, la serie de asesinatos abre la duda de qué información relativa a los crímenes poseían dichos agentes secretos.
Ilegalización
En 2003 se conocía asimismo por una sentencia del Tribunal Constitucional que el partido de extrema derecha NPD no podía ser prohibido por el alto número de espías del Estado infiltrados, incluso en la cúpula de la formación. En noviembre se volverá a presentar una propuesta de ilegalización en el Parlamento. La opacidad con la que actúa la Oficina de Protección de la Constitución ha llevado al partido de la izquierda (Die Linke) y a los verdes (Die Grüne) a pedir su desmantelamiento.
La investigación policial en torno al caso también arroja dudas inquietantes. A pesar de que las muertes se llevaron a cabo en toda Alemania con la misma arma, una pistola tipo Ceska del calibre 83, y que las víctimas presentaban un perfil parecido, la policía descartó en todos los casos la hipótesis del odio racial. En Múnich, después de que la banda asesinara al griego Theodoros Boulgarides, el jefe de la policía criminalista Mathias Blumenröther dejó en libertad a dos conocidos neonazis, Martin Wiese y Norman Bordin, después de interrogarles por su posible implicación en los hechos. Uno de ellos se encontraba incluso con su coche en la escena del crimen.
En lugar de continuar la investigación en este sentido, el comisario decidió investigar al entorno de la víctima. Llegó a interrogar a la novia del acusado, que estaban en proceso de separarse, para preguntarle si tomaba la píldora con la idea de «esclarecer posibles móviles» del asesinato, según sus propias palabras ante el juez. Los parientes de otras víctimas fueron sometidos a interrogatorios durante meses. Las hipótesis de la policía eran ajustes de cuentas por contrabando. Los familiares de las víctimas han sido ignorados de tal modo que en Colonia, por ejemplo, no han recibido atención psicológica a los ataques de pánico que aún sufren hasta pasada una década de los atentados.
El número de muertes por la violencia neonazi en Alemania es un dato polémico. Según cifras oficiales, son 63 las personas fallecidas por este motivo desde 1990, pero periódicos como Die Zeit o el Tagesspiegel la elevan hasta al menos 152. Las víctimas mortales de los atentados de la banda NSU eran todos pequeños empresarios, lo cual abre un nuevo frente a la lucha contra el terror de la extrema derecha. Tradicionalmente las víctimas eran refugiados, como en el ataque de Rostock-Lichtenhagen en 1992, cuando incendiaron un albergue en el que vivían sobre todo vietnamitas.
Lejos de haber decaído, la violencia contra los refugiados se ha intensificado en los últimos meses. En Premnitz (Brandenburgo) se produjo un incendio en un edificio que está planeado sea un albergue para refugiados. También en Güstrow (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), Gemünden am Main (Baviera) y en Wehr (Baden-Wurtemberg) arrojaron objetos incendiarios en un edificio de estas características este mismo mes. En Duisburgo trataron de incendiar un bloque donde viven varias familias gitanas procedentes del este de Europa. En Oldenburgo incendiaron este mes un centro cultural de gitano. eldiario.es también contó la historia del asilo para refugiados en el barrio de Hellersdorf en Berlín, donde aún continúan los problemas después de que un grupo de vecinos protagonizase una serie de protestas en contra del edificio
