El Ayuntamiento de Valladolid y el Observatorio de Derechos Humanos de la UVA han presentado este miércoles el informe sobre DDHH en colectivos vulnerables de la ciudad, que se ha centrado especialmente en grupos de población como las personas sordas, personas con discapacidad intelectual, comunidad gitana e inmigrantes.
VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS).- El Ayuntamiento de Valladolid y el Observatorio de Derechos Humanos de la UVA han presentado este miércoles el informe sobre DDHH en colectivos vulnerables de la ciudad, que se ha centrado especialmente en grupos de población como las personas sordas, personas con discapacidad intelectual, comunidad gitana e inmigrantes.
El estudio hace referencia a distintos derechos como los de Educación, Salud, vivienda, trabajo, igualdad y no discriminación, participación, medio ambiente y libertad de pensamiento, conciencia y religión, y en algunos de ellos también se ha analizado la situación puntual de otros colectivos como mujeres, comunidad LGTBi y víctimas de violencia de género.
El informe ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Valladolid por la concejal de Servicios Sociales, Rafaela Romero, y por el director del observatorio de la UVA, Javier García Medina, que ha explicado que se han analizado tanto los roles y capacidades de cada colectivo, como el papel de las administraciones.
Así, entre sus conclusiones generales, el informe advierte de la falta de conocimiento del contenido propio de los derechos humanos o de la formación «deficiente» de los titulares de derecho a cerca de la responsabilidad y la obligación en torno al alcance de la protección, garantía y realización de derechos.
También se habla de la necesidad de adoptar medidas de inclusión para todos los colectivos analizados, pues se señala que la discriminación aparece «en ocasiones de forma directa y en otros casos de manera imperceptible como consecuencia de tener asumido un papel en la vida social».
Las conclusiones abogan por profundizar en la colaboración de los titulares de los derechos, especialmente de los titulares de la responsabilidad, establecer mecanismos para atajar las causas de diversa índole que provocan el menor disfrute de derechos de estos colectivos. También se reclama poner de relieve y hacer visibles las capacidades de estas personas y atajar, con los medios que corresponda, las «brechas de capacidad» que estas personas presentan.
En aspectos concretos y en lo relativo a Educación, se indica que los centros «no están adaptados para la inclusión de personas sordas», que las plazas ofertadas para personas con discapacidad intelectual «no son adecuadas», que hay colegios con excesiva concentración de minorías étnicas e inmigrantes, y que los centros en ocasiones no planifican la intervención social y comunitaria para alumnos de la comunidad gitana.
En cuanto a Salud, se informa de problemas «derivados de los recortes» y de la precariedad en el trabajo de los profesionales, mientras que, en el caso de personas con discapacidad, se destaca la falta de conocimiento de «lo que significa la modificación de la capacidad jurídica de las personas».
En lo relativo a la inmigración se advierte de dificultades de acceso a medicamentos por falta de recursos o a la atención especializada de personas sin tarjeta sanitaria; o de casos de déficit de habitabilidad y falta de salubridad en la comunidad gitana, los cuales se indica que presentan una «demanda descontrolada de ciertos servicios» y un «uso inadecuado de los recursos sanitarios».
PLAN DE VIVIENDA E INTEGRACIÓN
En el derecho a la vivienda se señala la falta de recursos de inmigrantes y refugiados, que causan problemas de impagos y desahucios, por lo que se pide mejorar las dotaciones de ayudas y, en cuanto a la población gitana, ante los problemas de las «viviendas de patada» y los «enganches a la luz», se propone llevar a cabo una acción estructural de política de vivienda y de integración, similar al que plantea el Ayuntamiento ya en 29 de octubre.
En lo relativo a las personas con discapacidad intelectual se advierte de que no conocen bien sus derechos, pero que encuentran «gran apoyo» en las entidades, mientras que miran al Ayuntamiento como titular de la responsabilidad para el cumplimiento del derecho de vivienda, por lo que se reclama «sensibilización» tanto de la población como de las administraciones.
En cuanto al derecho al trabajo, se informa de las dificultades que encuentran los inmigrantes y las mujeres, en este caso a causa de «la cultura del patriarcado»; de la «desconfianza y fuertes prejuicios» a los que se enfrentan tanto la población gitana como los inmigrantes marroquíes, o la falta de adecuación estructural que sufren las personas con discapacidad.
En relación a la igualdad y no discriminación, el informe habla de que los inmigrantes la sufren por «prejuicios y estereotipos» así como por la situación económica; de la «falta de recursos» para la integración de los gitanos; de que «el reparto de roles y los trabajos sexuados» fomenta la discriminación de las mujeres, mientas que el colectivo LGTBi padece ese trato por su «invisibilidad», la «cultura del patriarcado» y los «micromachismos».
Finalmente, se incide en la situación de las víctimas de violencia de género, a la que se considera como «una de las muestras más graves de la discriminación por razón de sexo y género». En este ámbito se destaca la situación de mujeres inmigrantes, gitanas o musulmanas, que tienen un mayor riesgo de aislamiento social y dependencia económica; y de las personas con discapacidad física o intelectual, que sufren una escasa formación adaptada a su realidad para el reconocimiento de sus situación en las administraciones.
Por otro lado, el informe analiza otros derechos como la participación ciudadana, la gestión del medio ambiente, los refugiados, las personas mayores, el urbanismo, la memoria histórica, la libertad de expresión e información, el acceso a la justicia y el derecho de reunión.
