28/05/2018 El País.-El Gobierno austríaco ha desvelado este lunes sus planes de reducir las ayudas sociales para inmigrantes, incluidos refugiados y ciudadanos de la Unión Europea. El punto central de la reforma es el recorte del llamado salario social —que se ofrece cuando se agotan las prestaciones por desempleo— que será de 563 euros mensuales para inmigrantes, frente a los 863 euros que recibirá cualquier austriaco. El nuevo proyecto, sin embargo, prevé que los inmigrantes que superen una prueba de lengua alemana de nivel medio (B1) podrían recibir el salario social completo, al sumarse 300 euros como ‘bono de cualificación laboral’.
“El idioma alemán se convertirá en la clave para acceder al salario social completo”, ha declarado este lunes el canciller austriaco, Sebastian Kurz, en una rueda de prensa. El canciller ha argumentado que la reforma es necesaria por el aumento de las personas que demandan el salario social y ha dicho que con la medida se «lucha contra la inmigración en el sistema social». Kurz, líder del conservador Partido Popular (ÖVP) que gobierna desde diciembre de 2017 en coalición con el ultraderechista FPÖ, ha puesto el acento en la lucha contra la inmigración y en reducir las ayudas sociales a los extranjeros desde su llegada al poder.
La nueva medida, que también prevé poner como condición haber vivido en Austria cinco de los últimos seis años antes de solicitar la prestación, puede ser discriminatoria para ciudadanos de la UE, que según el derecho comunitario están sometidos a las mismas normas y tiene derecho a las mismas prestaciones que los nacionales. No obstante, el líder del país que asumirá la presidencia rotatoria de la UE el próximo julio ha señalado que la futura ley será conforme a la normativa europea, aunque ha reconocido que será el Tribunal Constitucional el que deba decidir si la medida cumple las reglas.
El pasado marzo el Constitucional austriaco ya declaró ilegal una normativa regional que imponía como condición para recibir algunas ayudas sociales haber vivido en el país un mínimo de cinco años. Asimismo, juristas citados por la prensa austriaca indican que la norma también es discriminatoria con los refugiados ya que una normativa europea establece que deben contar con el mismo acceso a ayudas sociales que los nacionales.
