MIGUEL MORA. EL PAÍS.- La detención y deportación de Leonarda Dibrani, una estudiante de origen kosovar, de 15 años y etnia romaní, que llevaba cuatro años escolarizada en Francia y que fue arrestada por la policía de fronteras (PAF) el 9 de octubre en el aparcamiento de un instituto público mientras realizaba una excursión escolar con sus compañeros de tercero de secundaria, llenó ayer las redes sociales francesas de mensajes de solidaridad e indignación.
Tras 24 horas de silencio oficial y de apagón mediático, la delegación del Gobierno en la provincia de Doubs (este del país) emitió un prolijo comunicado administrativo para justificar la legitimidad burocrática de la deportación de una familia numerosa —el padre, la madre Jamila, y seis hijos de entre uno y 17 años— que huyó de su minúsculo país escapando de la persecución racial y que intentó buscar refugio primero en Italia y más tarde en Francia.
El caso, que revela la ferocidad del tratamiento dispensado por el Gobierno francés a la minoría romaní, pese a las reiteradas promesas de humanidad lanzadas por el presidente socialista François Hollande, salió a la luz el lunes desde el blog que la asociación Red de Educación sin Fronteras (RESF) mantiene en la página web Mediapart.
En el post, los educadores de los institutos André Malraux y Toussaint Louverture, donde estudiaban con notables resultados académicos Leonarda Dibrani, de 15 años, y su hermana mayor, Maria Dibrani, de 17, se declaraban “sorprendidos por los métodos utilizados para devolver a niños de la minoría gitana a países que no conocen y cuya lengua no hablan”, y “estupefactos por ver cómo los esfuerzos de integración realizados por estos niños en la escuela son reducidos a cero por unas políticas ciegas e inhumanas”.
La profesora de Geografía e Historia del colegio André Malraux de Pontarlier, que guiaba la excursión escolar a la fábrica de Peugeot en Sochaux, explicó que la detención de Leonarda se produjo poco después de que un agente de la PAF le conminara por el móvil a detener el autocar escolar. Según la docente, fue Albert Jeannin, el alcalde de Levier, la ciudad donde habitaba la familia, quien llamó al teléfono de Leonarda: “Luego me pasó a un policía que me dijo que tenía que arrestar a uno de los alumnos que estaba en situación irregular. Yo le dije que no podía pedirme una cosa tan inhumana, pero él contestó que no había elección y que parara el bus inmediatamente”.
El comunicado del delegado del Gobierno afirma, sin embargo, que “el día previsto para la expulsión a Pristina de la madre y sus seis hijos”, fue la madre, que “deseaba que todos sus hijos le acompañaran [a Kosovo]”, quien avisó a su hija a su teléfono móvil. “Respondiendo a su deseo, la joven bajó del autobús para alcanzar a los funcionarios de policía que llegaban a hacerse cargo de ella para permitirle unirse a su familia. La operación se desarrolló con calma absoluta. El embarque de la familia con destino a Kosovo se hizo a continuación sin ninguna dificultad”.
Unas horas después de que la policía ordenara detener el autobús, que aparcó en el aparcamiento del instituto Lucie Aubrac, la madre, Jamila Dibrani, y sus seis hijos fueron deportados a Kosovo en un vuelo Lyon-Pristina.
El delegado regional de la ONG Red de Educación sin Fronteras (RESF), Jean-Jacques Boy, no discute la legitimidad de la expulsión forzosa, “sino la brutal forma en que fue ejecutada”. Según Boy, “el cinismo de las autoridades da ganas de llorar. Tratan de reescribir a posteriori la degradante detención de una alumna de la escuela pública durante una excursión, delante de todos sus compañeros”.
Pero la versión del prefecto asegura que fueron las asociaciones que ayudan a los gitanos en Doubs quienes “pidieron expresamente que la familia fuera reagrupada en Kosovo tras la deportación del padre”, que había sido expedido a Pristina el día anterior. El portavoz de RESF replica: “Eso es una locura. Kosovo es un país conocido por perseguir a los gitanos, que son allí unos verdaderos parias, y los miembros más jóvenes de la familia ni siquiera han estado y no hablan el idioma. La madre no sabía qué hacer, pero prefería quedarse en Francia para que sus hijos terminasen el colegio. El problema es que a nadie se le ocurrió pararse un momento a defender sus derechos y los de sus hijos”.
El relato de la prefectura resume en folio y medio el calvario administrativo y judicial vivido por los Dibrani para tratar de instalarse en Francia. La familia “entró irregularmente” en el país el 26 de enero de 2009, fecha que coincide con los ataques institucionales y los incendios de campamentos que sufrieron los romaníes en la Italia gobernada por Silvio Berlusconi. Los Dibrani solicitaron hasta tres veces la concesión del asilo político, pero las autoridades lo rechazaron el 29 de agosto de 2009 y dos veces más a lo largo de 2011. El 29 de septiembre de ese año, el delegado del Gobierno cursó una orden de abandono forzoso del territorio francés, que fue confirmada por los tribunales administrativos el 26 de enero pasado, y ratificada por la Corte de Apelación de Nancy en febrero.
La familia pidió entonces su regularización invocando la llamada circular Valls, de 28 de noviembre de 2012, que permite excepcionalmente a los extracomunitarios que cumplan diversas condiciones (entre otras, tener una casa digna, hablar francés y estar escolarizados) regularizar su situación y seguir en el país. En marzo de este año los Dibrani fueron entrevistados dos veces, pero el Estado decidió que no cumplían las condiciones por “sus insuficientes perspectivas de integración social y económica”. El 19 de junio, recibieron una nueva orden de expulsión.
Todo se precipitó el 4 de septiembre. “El jefe de la familia fue controlado por los servicios de policía del Alto Rin”, explica la nota oficial. El padre de los Dibrani quedó retenido en el centro de Geispolsheim hasta que el prefecto de Colmar fijó su repatriación para el 8 de octubre. Colmar es una localidad fronteriza con Alemania donde Nicolas Sarkozy, el presidente que declaró la guerra a los gitanos, celebró, el 8 de mayo de 2010, el día de la victoria aliada en la II Guerra Mundial. Dos años después, Hollande ganaba las presidenciales con el lema “el cambio es ahora”.
El Partido de Izquierda ha fustigado la política del ministro del Interior, Manuel Valls. «Es un bonito juego contar que los romaníes no se quieren integrar y después ir a perseguirlos a los colegios. La política inhumana de Manuel Valls es una vergüenza para Francia», dice el comunicado, que concluye: «La lepenización de las mentes ha llegado hasta la plaza Beauvau» [sede del ministerio del Interior].
«No eran kosovares, eran gitanos»
Este diario intentó sin éxito recabar las explicaciones de todos los implicados en esta historia de ordinaria discriminación en el corazón de Europa. En el colegio André Malraux de Pontarlier imperaba la ley del silencio. Según informó la persona que atendía el teléfono, “los profesores son funcionarios públicos, no pueden comentar una decisión de la justicia, y ya no van a hacer más declaraciones”.
No hubo mucha más suerte en la pequeña alcaldía de Levier, el pueblo de 2.000 habitantes, situado a 50 kilómetros de la frontera suiza, donde residía la familia kosovar desde 2009, en una casa de acogida para extranjeros que esperan la concesión del asilo político. Un adjunto del alcalde, Albert Jeannin, afirmó que no estaba autorizado a hablar y se remitió a su jefe, informando de paso de que el equipo de Gobierno no tiene “ninguna filiación política porque el pueblo es muy pequeño”.
En casa del alcalde, cogió el teléfono una señora que se identificó como su mujer y que afirmó, muy enfadada, que se están diciendo “muchos disparates” sobre el caso. Tras un intento de profundizar en el asunto, la mujer zanjó así la conversación: “No eran kosovares, eran gitanos”.
