La cifra surge del informe anual del Observatorio LGBT, aunque advierte que «la realidad es peor que los números”. El 21% de los atacantes pertenece a las fuerzas de seguridad. Las personas trans, las más violentadas.
INFONEWS.- El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT registró en 2017 unos 103 crímenes de odio por orientación sexual, expresión e identidad de género en todo el país. Con respecto al año pasado, los casos de violencia física aumentaron 500%.
“Los datos únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”, señala el informe. Las cifras surgen de los medios de comunicación y las denuncias ingresadas a la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la Federación Argentina LGBT o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC).
El texto define a estos tipos de crímenes como una agresión con “la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas”, en este caso, el colectivo de personas de la comunidad LGBT.
El relevamiento fue realizado por el Observatorio junto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires -a través de la Defensoría LGBT- y con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA Red Nacional).
Los datos
El informe pone particular énfasis en la violencia que sufre la población trans(travestis, transexuales y transgénero), que según los datos, es la identidad más violentada con el 61% de los casos registrados (58% mujeres trans y 3% varones trans). En segundo lugar con el 30% se encuentran los varones gays y con el 9 % de los casos le siguen las lesbianas.
Del total de los crímenes de 2017, el 13% corresponde a asesinatos (la mayoría de mujeres trans) y el 87% a violencia física que no terminó en muerte. En relación al informe del año pasado, hay un dato alarmante: la violencia física aumentó de 18 casos a 90, es decir, un 500%.
Sobre los autores de los crímenes, el relevamiento precisa que el 79% es cometido por personas privadas y el 21% restante, por miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función, o sea, son casos de violencia institucional.
En este punto, el informe se detiene y explica la situación de exclusión y vulneración de derechos básicos que afecta a gran parte del colectivo LGTB y en particular a las mujeres trans. “Enfrentan situaciones de pobreza que condiciona las estrategias de supervivencia disponibles y explica el recurso a la economía informal, el trabajo sexual o a actividades al margen de la legalidad. La criminalización de estas situaciones, sumadas a la de sus identidades, las expone a un peligro permanente por el acecho, la persecución y la violencia institucional que sufren por parte de la policía”, advierten.
Asimismo, el Observatorio señala que las mujeres trans presas son expuestas a condiciones de detención contrarias a lo establecido por la de Identidad de Género y los tratados internacionales de DDHH. “Durante el año 2017 murieron Pamela Macedo Panduro, Angie Velázquez Ramírez, Brandy Bardales Sangama y Damaris Becerra Jurado. Todas ellas mujeres trans migrantes, privadas de libertad. Las mismas murieron por las condiciones de detención en las que se encontraban, por no recibir la alimentación correspondiente a su estado de salud, ni la atención médica acorde a las enfermedades crónicas que padecían”, ejemplifica.
