El Defensor del Pueblo ha mostrado su «preocupación» por la demora en la instrucción del procedimiento judicial que investiga la muerte de una interna del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, situado en el barrio de Aluche, en el año 2011 por una meningitis.
EUROPA PRESS.- El Defensor del Pueblo ha mostrado su «preocupación» por la demora en la instrucción del procedimiento judicial que investiga la muerte de una interna del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, situado en el barrio de Aluche, en el año 2011 por una meningitis.
El fallecimiento de esta mujer, Samba Martine, de 41 años y originaria de la República Democrática del Congo, se produjo el 19 de diciembre de 2011 tras contraer meningitis en el CIE, donde estaba ingresada a la espera de expulsión, y ser trasladada poco después al Hospital Universitario 12 de Octubre.
Los hechos se denunciaron ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras por parte de la ONG SOS Racismo. En agosto de 2012, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid archivó el procedimiento al considerar que «no existe elemento alguno en los que sustentar una imputación de negligencia culpable con vinculación con la muerte de Samba Martine».
Finalmente, tras reabrirse la causa, se decretó la apertura de juicio oral el 13 de marzo del pasado año. En sus conclusiones, la Fiscalía nuevamente no vio que existieran responsables de la muerte de esta ciudadana congoleña. En el momento de elaboración del informe del Defensor del Pueblo, el proceso continúa pendiente de que se termine de notificar dicha resolución.
Por ello, en su Informe Anual, el Defensor ha mostrado su «preocupación» por la demora en los tiempos de este proceso judicial, cercano ya a los siete años. La institución asegura que «continuará realizando un seguimiento del caso hasta su finalización».
MOTÍN EN JULIO DE 2017
El Defensor del Pueblo dedica un epígrafe entero a analizar los casos abiertos por posibles negligencias o agresiones en el CIE de Aluche. Entre ellos, recoge el motín que protagonizaron varios internos durante la noche del 31 de julio de 2017, que intentaron huir de la instalación utilizando el soporte de una canasta a modo de ariete para tratar de forzar una puerta que daba al aparcamiento.
En este sentido, el Defensor recoge que tan solo cuatro de los participantes en el motín fueron localizados y citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid en calidad de investigados. El pasado 30 de septiembre el fiscal solicitó la transformación de la causa en procedimiento abreviado al juzgado. Por el momento, continúan abiertas las actuaciones.
AGRESIÓN A UN INTERNO ANTES DEL MOTÍN
En el transcurso de esos incidentes, SOS Racismo denunció la agresión a un interno de origen marroquí que supuestamente dio lugar al posterior motín. Un miembro de la ONG acudió a hablar con él el día siguiente de los hechos.
El ciudadano explicó que, sobre las 20 horas, se encontraba en el comedor para la cena, donde se servía pescado y se negó a comerlo. Un encargado presuntamente le dijo «entonces no cenas». La situación fue a más y, según su testimonio, fue agredido por tres policías nacionales con una patada en la pierna, un puñetazo en la oreja y varios en la espalda, todo ello «sin que portaran la obligatoria placa con el número identificativo».
Después, fue presuntamente trasladado al pasillo de ingresos hasta media noche, mientras el resto de internos «reclamaba su vuelta al comedor e información sobre su estado». SOS Racismo asegura que a raíz de esta situación se originaron las protestas e incidentes posteriores.
La ONG llevó el caso ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid. La Sala decretó el sobreseimiento provisional a instancias del informe del fiscal, aunque SOS Racismo recurrió esta decisión. Entonces la Fiscalía solicitó la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos. El Defensor del Pueblo está a la espera de recibir un informe ampliatorio solicitado al Ministerio Público.
