EFE.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha avanzado hoy que la Fiscalía investigará la celebración el pasado sábado de una exposición en un colegio público de Quijorna (Madrid) en la que se exhibieron símbolos fascistas por si los hechos supusieran una invasión de la legalidad.
Torres Dulce, que ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados la memoria de la Fiscalía del año 2012, ha anunciado en declaraciones a los medios de comunicación que se investigarán esos hechos y que el Ministerio Público no permanecerá «impasible ni mucho menos inactivo» ante sucesos que puedan «quebrar la paz constitucional».
Así, ha insistido en que «cualquier actividad que suponga invasión de la legalidad» debe ser investigada por la Fiscalía. «Es nuestra obligación que nos manda la Constitución y que nos obliga a promover la acción de la Justicia», ha recalcado tras insistir en que los fiscales están «muy atentos» y «vigilantes» ante cualquier actuación que vaya en contra de la «pacífica convivencia y el Estado de derecho constitucional, venga de donde venga».
Sobre la exposición celebrada en la localidad madrileña de Quijorna, Torres Dulce ha explicado que «habrá que investigarlo» y concretar si existe una denuncia penal o una acción de la Fiscalía correspondiente o de la Audiencia Nacional, que «se estudiará convenientemente».
En ese mismo contexto ha enmarcado las diligencias informativas abiertas por el fiscal de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo para decidir si hay motivos para investigar al partido fascista Alianza Nacional, tras el ataque que sufrió el centro cultural Blanquerna durante el acto de la Diada en Madrid y otras actividades, como ha solicitado IU.
La Fiscalía -ha dicho- «se va a mostrar vigilante desde todos los puntos de vista, no solo en lo contencioso administrativo, sino también desde el punto de vista penal, y no se va a dar ningún espacio de impunidad a cualquier actividad que desborde la ley y el sentido y el espíritu constitucional, que es el Estado de derecho y la convivencia democrática de todos españoles».
No obstante, ha añadido que no se puede aventurar que vaya a iniciarse ningún proceso de ilegalización ya que, de momento, el fiscal lo que hará es analizar los hechos y la documentación e indagar si los comportamientos de esa formación «obedecen a razones de constitucionalidad y legalidad», con los criterios obligados de imparcialidad y neutralidad.
Por último, Torres-Dulce ha reiterado que el Ministerio Fiscal «no se va quedar impasible ni mucho menos inactivo ante comportamientos que, dentro de los derechos constitucionales de libertad de expresión y manifestación, puedan quebrar la paz constitucional que nos hemos dado todos desde el año 1978».
