La fiscalía pide 20 años de cárcel para un padre y su hijo por asesinar a tiros a un senegalés en el barrio del Besòs
JESÚS GARCÍA. EL PAÍS.- Antonio Fernández Perrula no soportaba ver a aquellos chicos negros jugando a fútbol en la calle, en su calle, junto al piso familiar. Él, a quien algunos conocían como Pepe el Portugués, ya les había abroncado demasiadas veces. Siempre de malos modos, con amenazas e insultos. Pero aquella tarde del 3 de enero de 2012, no pudo contenerse y fue más allá. “Hijos de puta, negros de mierda, iros a vuestro país”, espetó a los cuatro senegaleses que daban patadas a un balón. Los jóvenes no hicieron caso al hombre, de etnia gitana, pero tampoco le plantaron cara. Entre ellos se encontraba Ibrahima Dieye, de 32 años.
Fernández se acercó a la persiana del número 4 de la calle de Palermo, una vía semipeatonal y poco transitada en el barcelonés barrio del Besòs. La golpeó: “¡Salir, salir!”, dijo. Del local emergieron dos chicos armados: sus hijos Salvador y Rafael. El primero llevaba un bastón. El segundo, un cuchillo. Empezaron una disputa con los senegaleses, que “no quisieron entrar” en el enfrentamiento, según el escrito de acusación de la fiscalía. La situación se complicó aún más cuando entró en escena Antonio, el tercero de los hijos de Pepe el Portugués. Quiso saber qué ocurría.
Además del nombre de pila, Antonio comparte con su padre una prolija lista de antecedentes penales que incluye medio centenar de detenciones por robos, tráfico de drogas y peleas. Aquella tarde recibió una instrucción clara y directa, inapelable: “Estos negros me han faltado al respeto. Hay que matarlos a todos”.
Antonio, obediente, entró en la casa y salió con una pistola semiautomática. El primer disparo lo hizo al aire. El segundo lo dirigió contra el torso de Ibrahima. Aquella bala acabó con su vida y desató, casi de inmediato, la tensión racial en el Besòs, en el límite con Sant Adrià. Un hombre, que declarará como testigo en el juicio, “oyó gritos y detonaciones” y vio “al grupo de raza gitana correr y al de raza negra socorrer a la víctima”, detalla la fiscalía. Por la noche, algunos senegaleses trataron de asaltar por la fuerza el piso de los Fernández, que se enclaustraron.
Durante tres días, grupos de subsaharianos —en especial, senegaleses— se manifestaron en el barrio pidiendo justicia (venganza, en algunos casos) para Ibrahima. Los más airados quemaron contenedores, rompieron vidrios de los coches e intentaron incendiar la casa de la familia gitana. “En Europa, matar un negro sale gratis”, recordaron.
La llama del odio racial no llegó a prender por el esfuerzo de las entidades sociales y, sobre todo, porque tres días después del disparo el padre y los tres hijos ya estaban detenidos. En los próximos meses se sentarán en el banquillo de los acusados para que nueve ciudadanos —los que componen un jurado popular— determinen si son responsables del crimen.
La fiscalía —que aprecia la agravante de odio racial— solo atribuye el delito de asesinato con alevosía a dos de ellos, los dos Antonios, que permanecen en prisión desde que fueron arrestados. El padre, como inductor. Y el hijo, como autor material. Para cada uno de ellos, la fiscal Elena Contreras solicita 20 años de cárcel, una petición que incluye también el delito de tenencia ilícita de armas.
Padre e hijo deberán pagar una indemnización de 150.000 euros por daños morales a la esposa y los padres del joven fallecido, que vivía en Barcelona desde hacía tres años y era originario de una comunidad rural a 12 kilómetros de Saint Louis, en el norte de Senegal. En declaraciones a un medio del país africano, su padre se limitó a decir que lo ocurrido era “la voluntad de Dios” y que Ibrahima había sido “un buen hijo” que solo tenía conocimientos «del Corán y de agricultura».
La esposa de Ibrahima explicó que había hablado por teléfono con él el mismo día del asesinato. El escrito del ministerio público deja claro lo que ni los Mossos d’Esquadra, ni las autoridades ni las asociaciones de senegaleses o gitanos quisieron admitir en un primer momento: que el crimen tuvo una clara motivación racista. La fiscal considera que debe aplicarse a los acusados la agravante de actuar movidos por el “odio y la discriminación racial”. “Ya nos lo había dicho antes: ‘Un día voy a matar a un africano’. Nosotros lo tomábamos a broma. Pero al final lo ha hecho”, explicó el senegalés Massé en el lugar donde Ibrahima fue abatido, convertido en pocas horas en un santuario improvisado al aire libre.
La fiscal recuerda que Antonio Fernández Perrula recriminó a los chicos “que estuvieran jugando en la vía pública” y les profirió “expresiones de contenido racista y vejatorio”. Y añade que fue responsable de marcar el “plan” y de “instigar” a uno de sus hijos a cometer el crimen. Ibrahima, sigue el escrito, falleció “a consecuencia de una anemia aguda” tras el disparo. La víctima “no pudo defenderse del ataque recibido”, de ahí que también aprecie alevosía.
Los otros hermanos de la familia Fernández también se sentarán en el banquillo. Mientras Antonio disparaba, Salvador “agredió con el bastón” a uno de los senegaleses que jugaba con Ibrahima, Madiemba S., que resultó herido en la cara. La fiscalía solicita para Salvador una pena de 12 días de localización permanente. A Rafael —el único de la familia sin antecedentes— le acusa de amenazas por intimidar al grupo con el cuchillo.
